El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia se han comprometido hoy a colaborar con el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial para hacer frente al previsible aumento de litigios en relación con las cláusulas suelo como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016.

Así lo han expresado los representantes de estas Administraciones durante la reunión de la comisión de coordinación CGPJ-Justicia-CCAA que se ha celebrado en la sede del órgano de los jueces para tratar el plan de urgencia aprobado el pasado jueves por la Comisión Permanente y que se pondrá en marcha mañana, fecha en la que será efectiva la especialización de 54 Juzgados de Primera Instancia en materia de litigios relacoinados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarios cuyo prestatario sea una persona física.

En la reunión han participado el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes; los vocales de la Comisión Permanente Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Gerardo Martínez Tristán, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; y representantes de las Consejerías de Justicia de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, el País Vasco y La Rioja.

Mantener el tiempo de respuesta

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha explicado que el objetivo de la especialización de un Juzgado por provincia es conseguir resolver los litigios que se planteen en relación con las cláusulas suelo sin que se vea afectado el tiempo de respuesta que actualmente están dando los Juzgados de Primera Instancia a los asuntos para los que son competentes, que se sitúa en la media europea.

La especialización, ha añadido Lesmes, también garantiza la uniformidad en la respuesta que reciban los ciudadanos a sus demandas y, por tanto, mayor seguridad jurídica.

El presidente del Poder Judicial ha señalado, además, que la solución planteada por el CGPJ se caracteriza por su flexibilidad, de modo que las medidas de refuerzo se podrán adaptar a las circunstancias que se planteen en cada momento, y ha insistido en la necesidad de coordinar esfuerzos en un sistema de Justicia complejo como el español, en el que las competencias están distribuidas entre el Consejo, el Ministerio y las Comunidades Autónomas.

Evaluación mensual

El plan será sometido a evaluaciones mensuales, para ir conociendo la entrada de asuntos en los Juzgados y, en consecuencia, qué medidas de refuerzo concretas se precisan en cada caso. La comisión de coordinación volverá a reunirse el próximo mes de septiembre.

Algunas Comunidades Autónomas ya han acordado lo necesario para dotar de medios a los Juzgados especializados de su territorio, mientras que otras lo irán haciendo en función de la carga de trabajo que se vaya registrando.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que su departamento nombrará tantos letrados de la Administración de Justicia sean necesarios para esos Juzgados, siempre que la carga de trabajo lo justifique.