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El objetivo es que los bienes embargados o decomisados por resolución judicial sean gestionados de manera eficaz y eficiente con el fin de obtener el mayor rendimiento posible
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, han suscrito hoy un convenio entre ambas instituciones en materia de colaboración y apoyo al funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) como órgano de auxilio de Juzgados, Tribunales y Fiscalías.
La ORGA, regulada por el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, tiene entre sus competencias la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y actuará cuando se lo encomiende el juez o tribunal competente o a instancia del Ministerio Fiscal en el ámbito de las diligencias de investigación.
Una mayor eficacia en la localización y posterior gestión de esos bienes permitirá destinar los frutos obtenidos a la restitución pecuniaria de las víctimas del delito, a proyectos sociales de apoyo y asistencia a las víctimas y al impulso de la lucha contra la criminalidad organizada.
Mediante el convenio suscrito hoy, el CGPJ se compromete a difundir en los Juzgados y Tribunales la entrada en funcionamiento operativo de la ORGA, subrayando la importancia de la conservación y depósito de los bienes embargados o decomisados y la conveniencia de que el órgano judicial, valore, atendiendo a la naturaleza de los activos, la encomienda de la gestión de los mismos a la Oficina en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El órgano de gobierno de los jueces también impulsará la formación de jueces y magistrados en el campo de aplicación del convenio y tramitará las autorizaciones necesarias para el acceso de la ORGA al Punto Neutro Judicial, como medio tecnológico necesario para atender las necesidades de jueces y magistrados en el ejercicio de su labor jurisdiccional y del Ministerio Fiscal en el marco de sus competencias.