El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la ministra de Fomento, Ana Pastor, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el presidente del organismo público Puertos del Estado, José Llorca, firmaron el 20 de noviembre un convenio de colaboración para la venta de embarcaciones intervenidas en procesos de tráfico ilícito de drogas.

El convenio pretende dar respuesta a los problemas surgidos en el ámbito de la Administración de Justicia, cuando la persecución de delitos contra la salud pública conlleva la incautación judicial de importantes cantidades de droga y la aprehensión de los medios de transporte –fundamentalmente barcos y otras embarcaciones- empleados en su tráfico ilícito.

Debido al volumen y complejidad de los asuntos, la tramitación de los procesos penales prolonga las situaciones de depósito de las embarcaciones incautadas más allá de lo que sería deseable, generando un importante riesgo de deterioro, degradación y pérdida de valor de los referidos bienes.

El convenio tiene como finalidad la realización de aquellas actuaciones que posibiliten la venta o realización, anticipadamente a la sentencia judicial firme, de buques, barcos y embarcaciones considerados como efectos judiciales aprehendidos o intervenidos en procesos de tráfico ilícito de drogas, blanqueo de capitales procedentes de dicha actividad y delitos conexos.