Ángeles Carmona ha intervenido este viernes en Roma en la conferencia “Safe from Fear, Safe from Violence. Celebrating the entry into force of the Istanbul Convention” (A salvo del miedo, a salvo de la violencia. Celebrando la entrada en vigor del Convenio de Estambul), en la que ha sostenido que las decisiones políticas y la legislación española “se adaptan plenamente” a este tratado, el de mayor alcance internacional en la lucha contra la violencia sobre la mujer considerada como grave violación de los derechos humanos.

La presidenta del Observatorio ha señalado que la aprobación por unanimidad de la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral de las víctimas de violencia de género permitió, por primera vez, abordar el problema “desde todos los puntos de vista posibles desde su raíz hasta sus últimas consecuencias”.

La ley, ha recordado, posibilitó la creación de órganos judiciales especializados en la materia y creó instituciones como la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, un Observatorio Estatal y unidades especializadas tanto en la Fiscalía como en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Carmona también se ha referido al “importante avance” que supuso la introducción de la orden de protección integral.

“Las decisiones políticas y la legislación española, por tanto, se adaptan plenamente al Convenio de Estambul en lo referente a la integralidad y globalidad del tratamiento de la violencia sobre la mujer”, ha dicho la presidenta del Observatorio, que ha añadido que esta cuestión sigue siendo prioritaria en la agenda política española.

En este sentido, Carmona ha enumerado los últimos avances producidos en esta materia, como la elaboración de una estrategia nacional de lucha para la erradicación de la violencia sobre la mujer con un presupuesto de más de 1.500 millones de euros; el proyecto de ley de reforma del Código Penal, que amplía la respuesta sancionadora al agresor y protectora de la víctimas; el anteproyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que amplía este beneficio a todas las mujeres con independencia de sus recursos económicos; y el proyecto de ley de Estatuto de la Víctima del Delito, que sitúa en el centro del procedimiento tanto a las mujeres víctimas de la violencia de género como a sus hijos e hijas.