Carlos Dívar renunció a su cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo al perder la confianza de toda la institución. Así lo comunicó el vicepresidente, Fernando de Rosa, en rueda de prensa celebrada tras el Pleno extraordinario del 21 de junio.

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, asume la presidencia en funciones de este organo constitucional.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se reunió nada más conocerse la renuncia de Carlos Dívar. Posteriormente, la Sala de Gobierno difundió un comunicado en el que manifiesta que el Alto Tribunal continúa con sus trabajos con normalidad. La presidencia interina del Tribunal Supremo recaerá, según lo establece la legislación, en el presidente de sala más antiguo: Juan Antonio Xiol, quien preside la Sala de lo Civil.

Rueda de prensa de Fernando de Rosa

Tras el Pleno extraordinario, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, compareció en rueda de prensa. En su intervención, señaló que, tras constatar la dimisión, los vocales mostraron "por unanimidad" un reconocimiento a la labor de Dívar en sus tres años y medio al frente de la institución y por sus 43 años de servicio en la carrera judicial.

De Rosa avanzó que el Consejo seguirá trabajando por solucionar los problemas que tiene la administración de justicia y en favor de los ciudadanos. El Consejo “no va entrar en ninguna interididad”, destacó, aunque el objetivo de los vocales es normalizar la situación y poder designar a un nuevo presidente en el plazo oportuno.

En octubre de 2011, el Consejo marcó las principales líneas de trabajo y que están centradas en:

• El nuevo modelo de Oficina Judicial y la introducción de nuevas tecnologías.
• La articulación de fórmulas que permitan la organización colegiada de los juzgados.
• La revisión del sistema de inspección.
• El análisis de la organización territorial en la administración de Justicia para reflexionar sobre una nueva demarcación.
• La adopción de medidas de desjudicialización y de racionalización de la litigiosidad.