La Audiencia Nacional ha reconocido la responsabilidad patrimonial del Estado por el cierre del espacio aéreo español el 3 y 4 de diciembre de 2010 debido al abandono masivo de los puestos de trabajo de los controladores aéreos.

En una sentencia, el Juzgado Central de lo Contencioso 7 ha condenado a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a indemnizar con 290 euros a un pasajero por los gastos derivados de la cancelación de su vuelo entre Ibiza y Madrid.

La resolución señala que AENA es la responsable de la prestación del servicio de tránsito aéreo, "para lo que deberá hacer uso de sus medios personales y materiales de la forma más adecuada para asegurar la prestación del servicio conforme a unos estándares normales de seguridad y eficacia".

"Y entre esos medios personales se incluye, como es indudable, el colectivo de controladores aéreos, que no es en modo alguno algo ajeno o extraño a la entidad demandada, sino precisamente uno de los componentes personales de la entidad", explica.