La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha planteado una reforma del Tribunal para reforzar sus competencias ante los nuevos desafíos del crimen organizado que suponen ampliar su ámbito de actuación y consolidarla como centro de referencia en investigaciones penales transnacionales complejas. 

En coincidencia con el 50 aniversario de la creación de la Audiencia Nacional, que se cumple enero del próximo año, la Sala de Gobierno -a iniciativa del presidente de la Audiencia y con propuestas de las Fiscalías de la Audiencia y la Especial Antidroga, así como de magistrados y fiscales- ha presentado una propuesta de reflexión y actualización de sus competencias con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta frente a las nuevas formas de criminalidad. 

El documento, que se ha trabajado en los últimos meses, está concebido como base de debate y plantea elevar al Consejo General del Poder Judicial la conveniencia de estudiar una reforma del actual marco competencial, recogido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para adaptarlo a la evolución del crimen organizado y a su creciente dimensión internacional. 

La celebración del quincuagésimo aniversario de la Audiencia Nacional se presenta como una oportunidad idónea para abrir este debate y adaptar la institución a los retos del siglo XXI, garantizando su eficacia en la defensa del Estado de Derecho.

La propuesta parte de la constatación de que los cambios en la actividad delictiva -cada vez más compleja, transnacional y tecnificada- requieren una respuesta penal más ágil, especializada y coordinada. En este contexto, la Audiencia Nacional se posiciona como un órgano idóneo por su grado de especialización, experiencia y capacidad de cooperación internacional. 

Principales líneas de reforma 

Entre las medidas planteadas destacan la ampliación de competencias en delitos de tráfico de drogas, permitiendo a la Audiencia Nacional su conocimiento, incluso sin el requisito de multiprovincialidad, siempre y cuando concurran circunstancias de especial gravedad o complejidad, en línea con lo planteado con la Fiscalía Antidroga. 

En cuanto al blanqueo de capitales, se considera necesario Incluir entre las competencias de la Audiencia Nacional la investigación y enjuiciamiento de este delito cometido por organizaciones criminales transnacionales. 

Otra de las iniciativas se centra en la forma de combatir la trata de seres humanos. En este ámbito, se propone añadir un nuevo apartado al artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que atribuya a la Audiencia Nacional la competencia para conocer de los delitos de trata de seres humanos, en todas sus formas de explotación, cuando sean cometidos por organizaciones criminales con dimensión transnacional o que operen en un ámbito territorial que exceda el de una Comunidad Autónoma. 

En materia de seguridad nacional, la protección de las infraestructuras críticas es esencial en un Estado de Derecho. La Audiencia Nacional, con su experiencia en la lucha contra el terrorismo y otros delitos complejos, es el órgano idóneo para abordar estos casos. Para reforzar este ámbito, el documento propone incorporar a las competencias de la Audiencia Nacional los delitos de ciberseguridad que pongan en peligro la seguridad de infraestructuras críticas, como redes eléctricas, sistemas de transporte o instituciones financieras. 

En cuanto a la protección del patrimonio cultural el texto considera que es un interés público de primer orden, por su carácter de guardián de la memoria colectiva de los pueblos y culturas. En este sentido, la Audiencia Nacional, con su experiencia en la investigación de delitos complejos, se considera como el órgano idóneo para abordar estos casos. Para abordar esta faceta se propone Incluir entre las competencias de la Audiencia Nacional los delitos de tráfico ilícito de bienes culturales que tengan una dimensión transnacional o que afecten a un patrimonio cultural de especial relevancia. 

En definitiva, todas estas medidas buscan asegurar una actuación judicial más eficaz ante fenómenos delictivos complejos, favoreciendo investigaciones más rápidas y coordinadas. 

Hacia un nuevo modelo institucional 

La iniciativa también propone avanzar hacia un nuevo estatuto institucional que defina a la Audiencia Nacional como un auténtico centro judicial español de coordinación en investigaciones penales transnacionales complejas, reforzando su papel estratégico dentro del sistema judicial. 

(*) El Acuerdo íntegro de la Sala de Gobierno se encuentra disponible en: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Sala-de-Gobierno/Acuerdos-Sala-de-Gobierno/