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El acto ha sido presidido por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ante la Sala de Gobierno del Tribunal
El magistrado Juan Manuel Fernández Martínez ha tomado posesión como nuevo presidente de la Audiencia Nacional en un acto presidido por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y celebrado ante la Sala de Gobierno de este tribunal.
El nuevo presidente ha sido amadrinado por la magistrada Ana Isabel Iratxeta en un acto celebrado en el salón de plenos al que han asistido magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del actual y anterior CGPJ, miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y magistrados del Alto tribunal, el ministro del Interior, Fernando Grande -Marlaska, responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios de la Audiencia Nacional.
El magistrado ha pronunciado un breve discurso en el que ha reconocido la labor de quienes le han precedido en el cargo y de los integrantes de la Audiencia Nacional, con un recuerdo especial a quienes fueron “víctimas de la barbarie terrorista”.
Durante su intervención, ha destacado su convicción de que solo las sociedades que se mantienen firmes en la defensa del Estado de Derecho seguirán siendo democráticas. “Solo el respeto a la ley nos amparará frente a los peligros y amenazas que nos acechan” señaló.
Del mismo modo, ha mostrado su compromiso en promover los esenciales lazos de la cooperación internacional para dar continuidad al trabajo colectivo y transfronterizo que la Audiencia Nacional viene realizando desde su creación.
Entre los retos que se ha planteado en su mandato ha destacado el de la implantación del nuevo modelo organizativo resultante de la nueva Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia.
El presidente ha concluido su intervención reiterando su compromiso por trabajar por una Justicia independiente e imparcial, de calidad y transparente y con un permanente diálogo institucional con los otros poderes el Estado, a quienes ha ofrecido “respeto institucional, leal colaboración y diálogo continuo”.