El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Fomento y la Fiscalía han suscrito un convenio para facilitar la venta de buques, barcos y otras embarcaciones intervenidas en procesos de tráfico de drogas o blanqueo de capitales antes de que los jueces dicten sentencia firme.

El presidente del Consejo, Gonzalo Moliner, destacó el trabajo coordinado entre todas las instituciones y la importancia que este acuerdo tendrá en el ámbito económico y judicial.

El convenio suscrito pretende dar respuesta a la "problemática" surgida en la Administración de Justicia cuando la persecución de delitos contra la salud pública conlleva la incautación judicial de importantes cantidades de droga y la aprehensión de medios de transporte, fundamentalmente barcos y otras embarcaciones, empleados en su tráfico ilícito, que en muchas ocasiones acaban deteriorándose.

Para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón este convenio supone un paso más para combatir el crimen organizado y defender la salud pública.

También suscribieron este convenio la ministra de Fomento, Ana Pastor, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y el presidente de Puertos del Estado, José Llorca.

A la firma de este acuerdo de colaboración asistieron los vocales del órgano de Gobierno de los jueces.