Son procedimientos tramitados por los juzgados de primera instancia relativos a asuntos relacionados con el ejercicio de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Se incluyen, entre otros, los relativos a cláusulas suelo y todos aquéllos en los que la acción ejercitada sea relativa a condiciones generales incluidas en un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria (gastos de gestoría, gastos de constitución de hipoteca, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisas…).

Procedimientos concursales tramitados en los Juzgados de lo Mercantil y Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción hasta el 17 de agosto de 2022. La declaración de concurso procede respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica en caso de insolvencia, actual o inminente. Se incluyen los concursos voluntarios y los necesarios. Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público no pueden ser declaradas en concurso.

Demandas registradas en los Juzgados de lo Social. Se incluyen la extinción del contrato por causas objetivas, despidos individuales por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor y cuantas demandas se refieran de forma principal a despidos, aunque incluyan otras pretensiones vinculadas al mismo. También la extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador.

Procedimientos ejecutivos tramitados en los Juzgados de Primera Instancia Instrucción que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor con escritura de hipoteca a su favor, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.

Se ha dejado de publicar la serie de embargos por la escasa fiabilidad del dato, puesto que, en este caso, muchos juzgados practican directamente el embargo sin que sea necesaria la intervención de los servicios comunes. Las bajadas que se venían observando se deben más a esta causa que a una verdadera reducción del número de embargos practicados.

El lanzamiento es el acto material de ejecución forzosa de la sentencia o resolución que dictamina el desahucio o la entrega de la posesión de un bien inmueble a quien tenga derecho a su posesión inmediata. Se incluyen tanto los lanzamientos o entregas de posesión que se practiquen en fase de ejecución forzosa como las que supongan la entrega mediata o voluntaria del bien tanto a la parte directamente como en el órgano judicial. Se contabiliza un lanzamiento por cada bien inmueble cuyo lanzamiento o entrega posesoria se acuerde con independencia de los señalamientos que genere y del tipo de proceso en el que se acuerde (procedimientos de ejecución hipotecaria, derivados de la LAU u otros), siempre que implique un cambio en la posesión de un inmueble, y sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana ni si es o no vivienda.

Aquellos lanzamientos en los que el Servicio Común ha podido practicar el lanzamiento acordado por el juzgado.

En las localidades donde existen servicios comunes con funciones de actos de comunicación y ejecución, estos reciben de los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción el encargo de practicar los lanzamientos. Al no existir este tipo de servicios en todos los partidos judiciales, el dato que se obtiene de los mismos tiene interés para seguir la evolución histórica pero no para conocer el volumen total de lanzamientos. El dato recogido en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción (disponible desde el 1T de 2013) si debe ser exhaustivo, pero no ofrece una evolución anterior al primer trimestre de 2013 (cuando se incluyó por primera vez en los boletines estadísticos). Se dispone de los lanzamientos practicados, y desglosado según se deriven de ejecuciones hipotecarias, de procedimientos de la Ley de arrendamientos Urbanos (principalmente corresponderán a alquileres impagados) o a otras causas (laudos arbitrales, procesos de familia, etc.). EN NINGUN CASO DEBE SUMARSE EL NUMERO DE LOS PRACTICADOS POR LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CON EL DE LOS PRACTICADOS EN LOS SERVICIOS COMUNES.

Procedimientos especiales, tramitados en los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, previstos para la reclamación del pago de deudas dinerarias de cualquier importe, liquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas se acrediten en determinados documentos, incluyendo las certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Incluye demandas registradas en los Juzgados de lo Social en los procesos de reclamación de cantidad y otros derechos derivados del contrato de trabajo tramitados por el procedimiento ordinario y además, tercerías en ejecución de sentencias, sanciones disciplinarias y reclamaciones al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido, responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social; recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo; demandas de clasificación profesional. No se incluyen los procesos monitorios.

Son procedimientos tramitados por los Juzgados de Primera Instancia, que permiten, en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas, a la persona física, que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, a las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento.