El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo para que cite a declarar como imputado al senador por Amaiur Iñaki Goioaga, al que atribuye su pertenencia al denominado ‘frente de cárceles’ de ETA a través del Colectivo de Abogados-BL. En esta causa se investigan, entre otros, hechos tipificados inicialmente como delitos de integración en organización terrorista, financiación del terrorismo, delito tributario, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales.

La exposición del juez subraya que las distintas operaciones policiales han permitido conocer con detalle la composición y funcionamiento del denominado ‘frente de cárceles’ de ETA, dentro del cual destaca una estructura organizada formada por abogados que, aprovechando su actividad profesional de asistencia letrada,  ejerce “sus funciones de acuerdo a las directrices de la organización terrorista”. Según Velasco, de esta estructura “formaría parte y, además, con especial relevancia” Iñaki Goioaga.

El magistrado destaca que, de acuerdo a la numerosa documentación incautada, se pone de manifiesto que entre las funciones de este grupo de letrados estarían las visitas a las cárceles o “rondas”, en las que trasladarían a los presos determinados aspectos de su línea de actuación y qué “líneas rojas” no pueden sobrepasar en relación a su situación penitenciaria: no deben colaborar con la justicia, tampoco pedir perdón por sus crímenes o solicitar beneficios penitenciarios de forma individual.

En relación con estas "rondas", la exposición motivada hace referencia a un documento en el que se dice que suelen realizarse por dos componentes del Colectivo durante dos o tres días consecutivos, varias veces al año, y que les han permitido contactar con el 65 por ciento de los miembros de ETA en prisión al año, llegando a más del 95 por ciento de los centros penitenciarios en los que hay etarras. En este sentido, destaca la ausencia de visitas a la prisión de Nanclares de Oca, donde se encuentran los internos que han abandonado la disciplina de la banda terrorista.

La estructura de este Colectivo estaría integrada por alrededor de 15 letrados “liberados”, así como por una red de apoyo formada también por abogados que, “sin integrarse orgánicamente en su estructura, colaborarían con las funciones de asistencia a los presos de ETA integrados en el EPPK”.

Respecto a su financiación, el magistrado señala que “sería la organización Herrira (suspendida en sus funciones) la encargada de la misma” mediante el pago de la asistencia jurídica a los miembros del EPPK. El valor de estos servicios prestado por el Colectivo de Abogados-BL ascendería, de acuerdo con la documentación intervenida, a 766.112,76 euros en 2012 y 792.200 euros en 2013. De estas cantidades -advierte el juez- no tiene constancia la Hacienda Pública, por lo que los miembros del Colectivo de Abogados-BL habrían defraudado un total de 270.336,074 euros en concepto de IVA, “motivo por el que sería presuntamente responsables de dos delitos fiscales”.

Para Velasco, “incluso podrían ser responsables de dos delitos de blanqueo de capitales al haber adquirido, poseído, utilizado y convertido las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública a sabiendas de que las mismas procedían de un delito contra la misma”.