La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid celebra los próximos martes, 13 y miércoles, 14 de febrero, en sesiones matinales que darán comienzo a partir de las 10:15 horas, la vista oral del juicio contra Héctor P. B. por la supuesta comisión de un delito continuado de abuso sexual. El representante del Ministerio Público solicita para él una pena de ocho años de prisión.

Tal y como recoge el fiscal en su escrito de calificación provisional elevado a la Sala, el procesado trabajaba en la misma empresa que su víctima, en la localidad madrileña de Leganés. Héctor era el capataz de la misma y, por tanto, era el superior jerárquico de la mujer.

Así, en torno al mes de septiembre de 2014, el procesado comenzó a mostrar un trato diferente hacia su subordinada, insistiendo en conocer asuntos personales de la misma que sobrepasaban el ámbito estrictamente laboral. En ese contexto de acercamiento, el hombre propició encuentros a solas con ella en su centro de trabajo y, en concreto, en las dependencias que utilizaban para cambiarse.

Además, en dicho momento la empresa se encontraba en un proceso de reducción de plantilla, situación que el procesado utilizó para generar en la mujer el temor de perder el empleo si no accedía a sus peretensiones.

El 14 de septiembre de ese año, en uno de esos encuentros en la zona de vestuario del centro de trabajo, y con la excusa de darle a ella un masaje en el hombro contracturado, Héctor, valiéndose en todo momento de su relación de superioridad, le tocó lo pechos, llegando a meterle la mano entre el pantalón y a tocarle con los dedos la vagina. Ella se quedó paralizada y le pidió que cesara en su actitud hasta en tres ocasiones.

A partir de ese momento, el acusado incrementó su acoso hacia la mujer, advirtiéndole de que si no hacía lo que él quería, no la dejaría en paz.

En otra ocasión, el 30 de noviembre, el hombre, cuando los dos iban a bordo de una furgoneta en el desarrollo de su trabajo, le bajó la cabeza a la mujer para que le hiciera una felación. Ella, ante el pavor de perder su empleo, terminó accediendo a la imposición lasciva de su agresor.

El 25 de enero de 2015, también en la zona de cambio del centro laboral, le empujó contra la pared y le tocó el pecho y las nalgas, llegando a meterle las manos en el pantalón, mientras la abrazaba para impedir que se moviera.

El último episodio acreditado por la Fiscalía sucedió en marzo de 2015, cuando, de nuevo en el vestuario de la empresa, el procesado cerró la puerta con llave y, nuevamente con las amenazas de despedirla de la empresa, la penetró vaginal y analmente.

Como consecuencia de esta situación de abuso sexual y moral continuado, la victima ha precisado tratamiento psicológico y presenta, entre otras secuelas emocionales, un trastorno de estrés postraumático.

Por otro lado, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid celebra del 16 al 21 de febrero la vista oral del juicio con jurado popular contra María Luisa M. B. por la presunta comisión de un delito de asesinato con alevosía, por el que se enfrenta a una pena de cárcel de seis años.

El jurado popular tendrá que decidir si la procesada, de 83 años de edad, es responsable de la muerte de su hijo, de 64 años, declarado judicialmente discapacitado, que falleció el 26 de noviembre de 2015 a resultas de la intoxicación que le produjo la ingesta de dieciséis blísteres de medicamentos, que su madre le dio a beber tras triturarlos con una batidora y mezclarlos con agua. La mujer decidió acabar con la vida del hijo -cuya dependencia de ella era absoluta al encontrarse falto de movilidad, ciego, sordo y mudo-, al verse mermada en sus capacidades físicas para continuar asumiendo los cuidados que requería y con el fin de evitar que sus otros hijos tuvieran que soportar la carga del hermano cuando ella faltara. La acusada repartió el contenido de los medicamentos triturados en dos vasos: le dio a beber uno al hijo y otro lo tomó ella. A ambos los encontró inconscientes una hija de María Luisa.

Por último, la Sección Primera de la AP celebra del 13 al 15 de febrero, a partir de las 10:00 horas, la vista oral del juicio contra Luis R. G. por la presunta comisión de los delitos de actividades prohibidas a funcionarios y delito continuado de falsedad en documento público, por los que se enfrenta a una pena de seis años de prisión.

A tenor de lo instruido, el procesado, durante los ejercicios fiscales de 2008 a 2011, ambos inclusive, aprovechando que como funcionario de la Agencia Tributaria conocía los filtros informáticos que permitían no detectar las irregularidades en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, confeccionó y presentó declaraciones del citado impuesto para sí y para terceras personas a cambio de dinero, aplicando de manera ficticia la existencia de minusvalías o unidades familiares mendaces a sabiendas de que la aplicación informática existente iba a calificar las solicitudes de devolución de las mismas como correctas.

Tras el proceso de verificación, control y comprobación por la Agencia Tributaria, se ha concluido que con la actuación del acusado las cuantías indebidamente devueltas a los contribuyentes y dejadas de ingresar por este organismo ascienden a la cantidad de 444.962 euros. Además de la pena de cárcel, al procesado se le reclama un millón doscientos mil euros, con arresto personal sustitutorio de un año en caso de impago., así como la inhabilitación para empleo o cargo público durante cuatro años.