El vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Manuel Fernández ha centrado su ponencia en la Escuela de Verano del Poder Judicial en la corrupción, “uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos españoles, como se pone de manifiesto de manera constante en los estudios de opinión”. El vocal ha insistido en que para evitarla, investigarla y castigarla se requieren muchas medidas, “que han de comenzar por un adecuado sistema de prevención y control, en un marco que impida la opacidad, verdadero caldo de cultivo de las conductas corruptas”.

Para Fernández, la Justicia tiene un papel fundamental en este ámbito, “que se cumple con absoluto rigor, independencia e imparcialidad por nuestro poder judicial”. Ha remarcado que la tarea de los tribunales dista mucho de ser fácil, siendo numerosos y variados los problemas que afectan al quehacer judicial. Por ello, con la finalidad esencial de detectar y evaluar tales dificultades, así como para auxiliar a los órganos judiciales, el CGPJ aprobó este año la creación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC).

La Unidad se integra con los servicios técnicos del Consejo, Servicio de Inspección, Personal Judicial, Servicio de Relaciones Internacionales, Oficina de Comunicación y Secretaría General. Su ámbito de aplicación son los delitos que constituyen manifestaciones de la corrupción, ya que debe recordarse que ni en el derecho español ni en el comparado existe una definición legal de este término. Es preciso, además, que la investigación presente cierta complejidad.

Las medidas que puede adoptar esta Unidad son variadas, partiendo de un  principio esencial, cual es el de la defensa de la independencia judicial. Cabe resumirlas en prestar todo el apoyo que requiera la investigación y el juez para desempeñar su trabajo, como medidas de refuerzo personales, equipos especializados, auxilio internacional, etc. Es también una finalidad esencial de la Unidad tener un conocimiento cabal del estado de las causas judiciales por corrupción en España que permita, además, proponer modificaciones normativas para mejorar la respuesta a este gravísimo problema. Este estudio permitirá que se incorporen sus resultados a la memoria anual que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial presenta anualmente al Parlamento.

Tras la intervención del vocal lo hizo Francisco Jiménez-Villarejo Fernández, miembro nacional por España de Eurojust, quien ha sostenido que la corrupción es un fenómeno complejo y un desafío real para los sistemas democráticos “ya que daña la justicia social, cuestiona la primacía del Estado de Derecho y socava la democracia”. Al mismo tiempo ¬–ha aseverado– tiene una evidente repercusión económica, ya que se estima que el coste de la corrupción para la economía de la UE, en plena crisis financiera, es de 120.000 millones de euros al año.

La ponencia de Jiménez-Villarejo se ha centrado en la lucha contra la corrupción desde la perspectiva de la cooperación internacional y en la necesidad de mejorar la recuperación de activos procedentes del delito. Esta restitución “juega un papel muy importante en la actual política de lucha contra la criminalidad organizada, partiendo del lema de que el delito no resulte provechoso, y aplicando los instrumentos de reconocimiento mutuo como principio consagrado en el Tratado de Lisboa como base de la cooperación internacional”, ha sostenido. Igualmente ha abordado el esfuerzo realizado en España durante la última década para implementar estos instrumentos legales.

Cerró las intervenciones de la tercera jornada del curso la subsecretaria de Justicia, Aurea Roldán, quien comenzó su ponencia hablando de “la indiscutible relevancia social que presenta el problema de la corrupción, tanto en el ámbito público como entre particulares, y del evidente interés que suscitan los mecanismos de protección frente a dicha lacra”. Roldán ha analizado las últimas reformas legales en materia de lucha contra la corrupción, tanto sustantivas como procesales, para concluir afirmando que España se encuentra “ante un conjunto de medidas legislativas sin precedentes desde que se aprobara la Constitución en el año 1978”.

La subsecretaria ha recordado que las últimas modificaciones legales afectan principalmente a las penas, ya que se refuerza la punición de los llamados delitos contra la corrupción en el ámbito de la administración pública y se castiga la financiación ilegal de los partidos políticos. Ha destacado también la reforma del decomiso, con la ampliación de las posibilidades de decomiso ampliado, sin sentencia y de bienes de terceros, así como las nuevas bases para la creación de una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.