Desconcierto, pánico, terror, gente en la calle con la incertidumbre de si se iban a repetir el seísmo… El terremoto de Lorca, ocurrido hace ahora un año, se cobró la vida de nueve personas, hubo 900 heridos y numerosos daños materiales.

Magistrados, secretarios judiciales, funcionarios… La labor judicial desempeñada en la noche del seísmo de Lorca, y en los días posteriores, fue todo un desafío. La prioridad eran las víctimas y asegurar las labores del Juzgado de Guardia.

De 199 despachos de abogados de la ciudad, casi la mitad de los despachos de abogados habían sido catalogados con código rojo y 23 amarillo. El código rojo indicaba que eran edificios a demoler; el amarillo advertía de la peligrosidad de entrar en ellos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, relata a Europa Press la labor que desempeñaron las magistradas de guardia la noche del seísmo, así como del equipo de forenses del Instituto de Medicina Legal. Fue encomiable en su opinión, puesto que "desde el primer momento se integraron en el equipo de coordinación de emergencias".

En general, la actitud y espíritu de servicio público de magistrados, secretarios judiciales y funcionarios destinados en Lorca, fue "ejemplar", a su juicio, como también lo fue la colaboración de los profesionales, abogados y procuradores del lugar.

La prioridad eran las víctimas y garantizar la actuación del Juzgado de Guardia.Uno de los recuerdos difíciles de olvidar para Martínez Moya fue cuando ya había pasado la noche, y en la plaza, frente a los Juzgados y el Ayuntamiento, se celebró una Junta de Jueces "en condiciones que difícilmente se repetirán".

Se suspenden los plazos procesales

“Teníamos que buscar las medidas adecuadas para garantizar la continuidad de la Administración de Justicia, pero los funcionarios se habían visto afectados, había que revisar la seguridad de los edificios y el estado de los expedientes, los despachos profesionales de abogados estaban destrozados y ya habían pasado algunas horas y sabíamos que la situación era realmente excepcional", remarca.

En aquella Junta de Jueces celebrada al aire libre, los decanos proporcionaron unas cifras que ponían de manifiesto la gravedad de la situación: de 119 despachos de abogados, 47 habían sido catalogados con código rojo y 23 amarillo e igualmente de 20 despachos de procuradores, 11 tenían código rojo y 9 amarillo. El código rojo indicaba que eran edificios a demoler, con prohibición de acceder a ellos; el amarillo advertía de la peligrosidad de entrar en ellos.

Por lo que se refiere a las cuatro sedes judiciales, sólo una, la que se sitúa en el barrio de San Cristóbal, sufrió daños de consideración.

Por este motivo, se acordó la interrupción de la actividad judicial hasta el 17 de mayo, a las 00.00 horas, a excepción de las diligencias urgentes del Juzgado de Guardia, Violencia de Género y Registro Civil. De hecho, el Registro de Lorca atendió ese mismo día a 90 usuarios y en sus libros se inscribieron 8 nacimientos, 11 defunciones y 10 nuevas nacionalidades.

En ese acuerdo sin precedentes, adoptado por causas de fuerza mayor, se interrumpieron los plazos procesales y se suspendieron las actuaciones previstas hasta dicha fecha.

Desalojos de edificios judiciales y refuerzos

Se habilitó un juez de guardia de refuerzo, para auxiliar a la juez que ejercía esas labores. Tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, como el decano del Partido Judicial de Lorca, estuvieron en el municipio para coordinar las actuaciones que fueron necesarias por los desalojos de los edificios judiciales y garantizar que se pudieran desarrollar todas las diligencias preceptivas.

Seis días después, el día 17, se celebró en Lorca una Sala de Gobierno Extraordinaria y, tras reunirse con magistrados y secretarios judiciales, representantes de la junta de personal y decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, se comprobó que la actividad en los juzgados "iba recuperando la normalidad".

Martínez Moya remarca, en este sentido, que "los juzgados estaban funcionando y plenamente operativos; pero también se advirtió que eran necesarias medidas que permitieran ser sensibles a la situación tan excepcional que vivía la ciudadanía de este partido judicial".

Ese mismo día, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordaba, al otro lado del teléfono y del ordenador, prorrogar la interrupción de los plazos en el partido judicial de Lorca hasta las 00.00 horas del 18 de junio, "con la finalidad de garantizar el derecho de las partes y ciudadanos en los procesos judiciales y asegurar el correcto funcionamiento de los órganos judiciales".

El Consejo adoptó ese acuerdo atendiendo a las condiciones de la ciudad, de los edificios de los juzgados y los locales en los que se ubican los despachos de los abogados y procuradores, y para asegurar los "derechos de todos los usuarios de la Administración de Justicia".

En varias ocasiones, recuerda Martínez Moya, la Sala de Gobierno "ha estado muy atenta en la adopción de especiales medidas de refuerzo en los órganos judiciales y se ha desplazado para celebrar sesiones ordinarias en el territorio".

Un año después, Martínez Moya ha trasladado a la sociedad lorquina un mensaje de tranquilidad y compromiso porque seguirán para que Lorca "cuente con una justicia ágil y de calidad". De hecho, señala que la principal prioridad del TSJ ahora es que "cuente con una nueva sede judicial y que muy pronto tenga dividida a la jurisdicción civil y penal".

Lecciones del seísmo: Protocolo de Actuación en Grandes Catástrofes del Poder Judicial

En aquellos momentos, los jueces no contaban con experiencias comparables.  Fue un auténtico desafío buscar la respuesta adecuada para el desastre sufrido”.

Con la experiencia adquirida en el terremoto de Lorca, el Poder Judicial ha creado un Protocolo de Actuación Judicial para supuestos de grandes catástrofes.

El Protocolo de Actuación Judicial para supuestos de grandes catástrofes fue aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en noviembre de 2011.

El Protocolo fija unas directrices para facilitar la toma de decisiones por los órganos judiciales y gubernativos competentes, sin interferir en la independencia judicial, y respeta los límites que derivan de lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 El órgano judicial llamado legalmente a intervenir desde el primer momento es el Juzgado de Guardia. El Protocolo establece las actuaciones de los recursos humanos y materiales para la coordinación de las distintas instancias judiciales y las medidas necesarias de apoyo y refuerzo a la autoridad judicial, así como la coordinación con las restantes autoridades llamadas a intervenir.