El vocal del Consejo General del Poder Judicial Álvaro Cuesta ha planteado hoy en la Escuela de Verano del Poder Judicial la necesidad de que España defina sus prioridades en el ámbito de la Justicia para el desarrollo de un plan estratégico. Y para ello –afirma- se exige “un gran acuerdo de Estado, desde la responsabilidad, y por lo tanto, un pacto social y político de la Justicia”.

Cuesta ha insistido en que el CGPJ se ofrece, desde sus competencias y desde la lealtad institucional con todas las administraciones, a ser un punto de encuentro para contribuir e impulsar dicho acuerdo de Estado. “Es necesario impulsar desde el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y con el Consejo General del Poder Judicial, un plan de choque por la Justicia”, sostuvo.

Para el vocal, la Justicia, en su doble condición de servicio público del Estado y como Poder Judicial, es hoy la esperanza de los más débiles. Como moderador de la mesa política ha planteado a los asistentes diversas cuestiones en relación al futuro de la Justicia, entre ellas si los jueces y magistrados pueden cumplir su función y en qué condiciones “tras 37 años de vigencia de la Constitución y tal como están las cosas”. “¿Está bien defendida la independencia del Poder Judicial?, ¿A quién beneficiaría el retroceso del servicio público de la Justicia?”, se ha preguntado.

Álvaro Cuesta ha sostenido en su intervención que hay un problema de organización y de modelo territorial en la gestión de la Administración de Justicia y recordado que el mapa de transferencias a las comunidades Autónomas de las competencias en Justicia no se ha completado, por lo que hay territorios donde la administración y los medios de la Justicia dependen de la Comunidad Autónoma, y otros en donde depende del Ministerio de Justicia. Esto supone, en su opinión, que se empieza a padecer una Justicia de dos velocidades según el territorio, por lo que ha reclamado un mapa territorial y un modelo definido de organización territorial.

“Existe un problema de organización inacabada de la Justicia y de los procesos decisorios, de yuxtaposición y solapamiento de competencias, y también de mapa territorial. Hay un problema estructural y el sistema no funciona”, ha aseverado.
Para el vocal es urgente la reforma del Ministerio Fiscal para encomendarle la instrucción del proceso penal, así como “fortalecer la independencia del Poder Judicial, y ser ambiciosos con las reformas procesales, sobre todo en el ámbito penal”.

Cuesta ha dicho que “no se puede olvidar que una justicia débil queda a merced de la desigual lucha de los intereses privados de las partes, deniega igualdad y tutela y es el primer aliado objetivo de la corrupción. Y una justicia lenta, es una justicia denegada”.
Para concluir, ha remarcado que es preciso plantearse si el órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial está bien definido en su composición, en su funcionamiento y en sus competencias. Ha planteado si es preciso un nuevo diseño constitucional y recordado que, “en todo caso no debe perderse de vista que el CGPJ es un órgano constitucional del Estado al servicio de la sociedad y de la independencia del Poder Judicial”.

Álvaro Cuesta ha moderado una mesa redonda en la que participaron José Miguel Castillo Calvín (portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Justicia), Lourdes Ciuró i Buldó (portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió en la Comisión de Justicia), Arcadio Díaz Tejera (senador del PSOE), Gloria Elizo Serrano (responsable del área legal de Podemos) y Ricardo Sixto Iglesias (Grupo IU).

Con la jornada de hoy ha finalizado el primer curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebró desde el martes en el pazo de Mariñán bajo el título La relación del Poder judicial con los otros poderes del Estado. Política e independencia judicial.