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Estima el recurso de reforma de una acusación particular contra su decisión inicial de llamarle al procedimiento como testigo y acuerda declarar responsable civil a la contratista
Santander, 21 de julio de 2026.-
La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que investiga el accidente de El Bocal en el que fallecieron seis personas y una resultó herida de gravedad tras ceder una pasarela de la senda costera, ha estimado el recurso presentado por una acusación particular y el próximo 31 de julio tomará declaración como investigado al representante legal de DRAGADOS, la empresa contratista que ejecutó la obra.
En un auto hoy dado a conocer, la magistrada resuelve así el recurso contra su inicial decisión de llamarle como testigo, y declara además la responsabilidad civil de DRAGADOS.
La instructora ha decidido iniciar la acción penal contra el responsable de la contratista a raíz de las declaraciones prestadas el pasado 19 de junio por los peritos propuestos por dos de los investigados -el jefe de Servicio de Proyectos y Obras en Costas hasta el año 2023 y el ingeniero de FRONDA que firmó el proyecto de la pasarela-.
En su resolución, explica que ambos peritos incidieron en un aspecto ya recogido por el judicial, quien apreció una diferencia entre el diseño elaborado por FRONDA y la ejecución llevada a cabo por DRAGADOS.
Y es que en el proyecto los rastreles y durmientes “aparentan continuidad en toda la longitud del puente, mientras que en la pasarela ejecutada cada elemento se ha dividido en dos piezas de la mitad de longitud”, señalaba entonces el perito judicial, para quien la variación “no resulta significativa desde el punto de vista del comportamiento estructural global”.
“Efecto trampilla”
Sin embargo, los dos peritos citados “resultan más contundentes al respecto”. Para uno, la decisión de dividir en dos segmentos iguales cada rastrel “debilitó la robustez del conjunto”, mientras que para el otro “supuso un incremento notable de la vulnerabilidad de la solución”.
A la luz de sendas periciales, la magistrada aprecia que, si bien la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado “no parece presentarse como causa inmediata del colapso de la pasarela, sí concurren suficientes indicios para entender que condicionó la particular forma de la rotura (más brusca) del tablero”, dando lugar a un “efecto trampilla”.
Por todo ello, concluye que “tal posible negligente hacer imputable a la empresa constructora pudo tener alguna incidencia en el resultado final del siniestro, lo que justifica la declaración del representante de la contratista en calidad de investigado y la declaración de la responsabilidad civil de DRAGADOS”.
El auto que resuelve el recurso de reforma no es firme y contra el mismo cabe presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.
La instrucción por el accidente de El Bocal arrancó el 3 de marzo de este año, cuando seis personas fallecieron y otra resultó herida de gravedad al romperse la pasarela en la que se encontraban, en la senda costera de Santander.
Desde entonces, la magistrada ha practicado diligencias tendentes a esclarecer los hechos y ha iniciado la acción penal frente a siete personas: la gestora del 112 que recibió la llamada de un vecino el día anterior avisando del estado de la pasarela; la agente de la policía local que recibió el aviso de la anterior; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director facultativo de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han sido jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la senda; el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela de madera, y ahora el representante de la empresa contratista que construyó la infraestructura.
Además, la magistrada ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas en Cantabria y a la empresa DRAGADOS.