El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al gerente y administrador de la empresa que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por espiar al activista y periodista Julian Assange y haber entregado a terceros información “ilícitamente obtenida” sobre aquel y otras personalidades, entre ellos varios presidentes de América Latina.

En su auto de pase procedimiento abreviado, el juez envía a juicio a David M., responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Envía también a juicio al responsable de operaciones de UC Global, Michel W., en su caso por delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado, en su escrito, explica que entre los años 2015 y mediados de 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a una empresa española, con sede social en Puerto Real (Cádiz) y oficinas en Jerez de la Frontera (Cádiz), denominada UNDERCOVER GLOBAL (UC Global).

Esta empresa dirigida por David M., gerente y máxima autoridad, fue contratada por Ecuador como consecuencia de la “sensible situación” que se vivía con el asilo concedido a Assange. Estos servicios consistieron en garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente, así como a la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación. 

El juez señala que en 2017, por orden de David M., se instalaron nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones confidenciales que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias o los exmandatarios de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; Brasil, Dilma Rousseff, y Uruguay, José Múgica.

Durante el proceso de instalación de las cámaras, David M. exigió a los técnicos, apunta el juez, que habilitaran un sistema de acceso externo (streaming) para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada. Según el instructor, “pretendía abrir dos canales de streaming para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para <los amigos de Estados Unidos>”.

La investigación ha acreditado que David M. efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática. 

El auto da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien pidan el sobreseimiento de la causa.