El juez de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra cuatro investigados, entre ellos el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y una ‘intrusa’ que era familiar de otro ex director general de Trabajo de la Junta ya fallecido,

en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas por un importe total de 4.277.701,62 euros a la mercantil SOS Cuétara S.A., cuyo objeto social es la compraventa, importación, exportación, transformación, elaboración y comercialización de galletas, obleas, barquillos, caramelos y productos similares, así como de aceites, margarinas, grasas y sus derivados.  

En un auto fechado el día 3 de noviembre y notificado hoy viernes a las partes personadas en la causa, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación. 

De este modo, el instructor acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado contra el ex alto cargo de la Junta, dos directivos de la mediadora Vitalia y una ‘intrusa’, la cual era suegra del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, ya fallecido , mientras que también acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra otros dos investigados -un representante de la empresa y un dirigente del sindicato CCOO- al considerar que “no hay motivos suficientes para atribuirles participación” en la comisión de los delitos investigados y al no encontrarse en la causa “indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos por los que se procede”. 

En este sentido, el magistrado pone de manifiesto que “no existen indicios suficientes” de que estos dos investigados “participaran de forma trascendente en la génesis, gestión y obtención de las disposiciones ilícitas de fondos públicos objeto de las presentes actuaciones”, subrayando que “es cierto que habrían intervenido en reuniones” con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, “si bien, a la vista del resultado de las declaraciones testificales practicadas, no sería posible establecer, con la solvencia necesaria, en qué medida pudieron influir en los responsables de la Consejería de Empleo para financiar irregularmente las pólizas, al margen de la legalidad”. 

Más de cuatro millones en ayudas 

Además, prosigue el juez, “no hay indicios solventes de la participación de tales investigados en la inclusión” de la suegra de Guerrero como beneficiaria de tales pólizas, por todo lo cual “se estima procedente decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones” contra ambos. 

El instructor explica en el auto que el objeto de esta pieza separada del caso ERE “lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales excepcionales facilitadas y abonadas” entre 2004 y 2010

por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía vinculadas con la reestructuración laboral de la mercantil SOS Cuétara, ascendiendo el importe de estas “subvenciones graciosamente concedidas por la Junta” a la suma, al menos, de 4.277.701,62 euros. 

Al hilo, el magistrado precisa que estas ayudas habrían tenido por objeto, “fundamentalmente, financiar dicho proceso de reestructuración empresarial e incrementar la particular cobertura económica de los extrabajadores de SOS Cuétara afectados” por el ERE “mediante la formalización de un seguro de rentas; incluyéndose también en dicho aseguramiento a una supuesta “trabajadora” que no estaba afectada por el ERE descrito y ni siquiera tenía relación laboral con la empresa al tiempo de su inclusión como beneficiaria de aquél (“intrusa”)”, una inclusión “determinada por su relación de parentesco” con Francisco Javier Guerrero. 

El magistrado precisa que las ayudas presuntamente ilícitas serían, por un lado, una ayuda por importe de al menos 4.277.701,62 euros para el pago de indemnizaciones por despido de 34 trabajadores afectados por el ERE 5/2003, y, por otro lado, la financiación de dos pólizas de seguro en favor de la suegra de Francisco Javier Guerrero, quien, “aprovechando la absoluta carencia de control y fiscalización de la ayuda anterior, dirigida a financiar las pólizas de prejubilaciones con dinero público, introdujo en el coste del estudio de rentas de estos trabajadores a su suegra”, una operación que “se habría realizado en connivencia de la propia investigada y de los responsables de la consultora Vitalia” investigados, quienes “intervinieron en la tramitación y gestión de las pólizas de seguro de rentas, instrumentalizadas para canalizar la arbitraria disposición de fondos públicos objeto de autos y que habría de tener como asegurados a los extrabajadores de la empresa afectados por el ERE”. 

“No fue sino la falta absoluta de control y de fiscalización lo que posibilitó que se pudieran suscribir” para la suegra del ex director general de Trabajo “dos pólizas de seguro de rentas cuya prima, en su totalidad, habría de ser financiada por la Junta de Andalucía”, asevera el juez. 

Así, y según indica el instructor, “se habría conseguido el otorgamiento de unas supuestas “subvenciones” públicas, de forma arbitraria e injusta, financiadas con fondos de la Junta de Andalucía; subvenciones que habrían gestado y concertado con los altos cargos –entre los que destaca Guerrero- de la Administración concedente mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad, y de espaldas” al procedimiento legalmente establecido.