El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha estimado la petición de la Universitat de Valencia y ha ordenado el desalojo del Colegio Mayor Luis Vives, al que accedieron por la fuerza varios jóvenes que desde hace más de un mes permanecen en el edificio propiedad de la institución académica.

La instructora acuerda así la medida cautelar solicitada por la Universitat, que recientemente presentó un escrito en el Juzgado solicitando que se oficiara a la Policía Judicial para que se procediera al desalojo del inmueble ubicado en la Avenida Blasco Ibáñez de Valencia, “ocupado sin autorización de la propietaria”.

A petición de la Universitat, la jueza dictó ayer el auto en el que ordenó a los agentes “que procedan a desalojar a los ocupantes que ilegalmente se encuentran en el inmueble”, sede del Colegio Mayor Luis Vives.

En la misma resolución se ordena que se identifique a la personas que estén ocupando el edificio en el momento del desalojo y se requiere a la Universitat, como propietaria del mismo, para que “adopte las medidas pertinentes para evitar nuevas ocupaciones” una vez ejecutado el desalojo y recuperada la posesión del bien inmueble.

El desalojo acordado hoy es una medida cautelar dictada en el marco de un procedimiento judicial, en el que ya se ha acordado juzgar a los “okupas” por un delito leve de usurpación de bien inmueble, castigado con penas que oscilan entre los 3 y los 12 meses de multa.

El juicio, ya convocado, aún no tiene fecha. Se celebrará cuando los denunciados designen abogado.

La causa por un delito de usurpación de bien inmueble se abrió el mes pasado, tras recibir una denuncia por ocupación presentada ante la Policía Nacional por el director de Seguridad de la institución académica.

El director de Seguridad de la Universitat presentó la denuncia el pasado 1 de mayo en la comisaría del distrito de Exposición, tras el aviso del vigilante del Colegio Mayor Luis Vives, quien le comunicó que unas 20 personas habían saltado la valla del recinto y habían roto el candado de la cadena que lo mantenía cerrado.

El denunciante advertía que las instalaciones estaban en ruinas y pendientes de acondicionamiento y que existían informes técnicos sobre el riesgo para las personas por posible derrumbe, informes que no han sido aportados al procedimiento judicial.