El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ordena transformar las diligencias previas seguidas contra un detenido por la agresión sexual y robo a cinco mujeres en la mota del río Segura, en la localidad de Murcia, en un procedimiento sumario por delitos graves.

El sospechoso fue detenido a finales de septiembre por la Policía Nacional después de que varias mujeres denunciaran haber sido atacadas sexualmente en esta zona.

En el auto, notificado ayer, el instructor razona que de las diligencias practicadas se desprende que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de varios delitos contra la libertad sexual y robo con violencia e intimidación. Y que, al menos uno de ellos, lleva aparejadas penas superiores a 9 años de prisión, en abstracto, pudiendo llegar a 12 años o 15, en el caso de que fuera aplicable el tipo agravado de violación.

En este punto, el instructor aclara que, en el momento de los hechos denunciados y el posterior ingreso en prisión provisional del investigado, el 26 de septiembre, aún no estaba en vigor la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. Añade, que “sin perjuicio de las consideraciones que en el plano procesal conlleva la aplicación del art. 2.2 del Código Penal” y el principio de retroactividad en la aplicación de la legislación más favorable al acusado, el delito más grave de los que se investigan -agresión sexual con acceso carnal- lleva aparejadas penas de 4 a 12 años o de 7 a 15 en caso de que concurran agravantes.

Por ello, y concluida prácticamente la investigación en dos meses, según explica la resolución, a la espera de que se reciban en el juzgado los informes forenses solicitados, acuerda que se siga el procedimiento sumario por delitos graves valorando las penas en abstracto por 5 robos (2 a 5 años cada uno), 4 agresiones sexuales sin penetración (1 a 4 años por cada una), y una agresión sexual con penetración (4 a 12 años, o 7 a 15 años). Con lo que, “sin tener en cuenta posibles delitos de lesiones, el total de penas a que se enfrentaría el investigado pudiera acercarse a 30 años de prisión”, concluye. 

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma.