El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), la Comunidad Autónoma, a través de las Consejería de Presidencia y del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias de la Región de Murcia (CERMI RM) y los Colegios de Abogados y Procuradores de Murcia han constituido un grupo de trabajo multidisciplinar que tiene como objetivo mejorar la cobertura y promover que los servicios que ofrece la Administración de Justicia estén adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad y que su acceso no se vea mermado por la falta de información.

Durante la presentación del grupo de trabajo, el secretario de Gobierno del TSJ, Francisco García Rivas, ha recordado la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia que recoge expresamente que el ciudadano afectado por cualquier tipo de discapacidad sensorial, física o psíquica, tiene que poder ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en ella y en las leyes procesales.

Con el interés compartido de que se preste una especial atención y cuidado en la relaciones de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos, la secretaria de la Consejería de Presidencia y Fomento, Yolanda Muñoz, y la directora general Personas con Discapacidad del IMAS, Ana Guijarro, mostraron su disposición a colaborar en todas aquellas iniciativas que contribuyan a que ciudadanos con discapacidad puedan superar sus problemas de comunicación con los tribunales y acceso a los edificios judiciales.

Pilar Morales Gálvez y Teresa Lajarín Ortega, presidenta y secretaria del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias de la Región de Murcia (CERMI RM), que engloba a entidades que trabajan para lograr una inclusión plena de las personas con discapacidad que hay en la comunidad, expresaron su agradecimiento por la iniciativa y su deseo de participar activamente en los proyectos del grupo de trabajo. A lo que se suma, José Luis Aedo, presidente de la Confederación Española de Familias Sordas (FIAPAS).

Dotar los edificios judiciales de aquellos servicios auxiliares que faciliten el acceso y la estancia de cualquier ciudadano o promover el uso de medios técnicos tales como videotextos, teléfonos de texto, sistema de traducción de documentos a braille, grabación sonora o similares, son algunos de los retos que afronta este nuevo grupo de trabajo, cuyo proyecto fue aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

Eliminación de barreras de comunicación y acceso

Con este grupo de trabajo, en el que se integra el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores de Murcia y la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, se pretende una justicia orientada a la sociedad, que responda a las necesidades de cualquier ciudadano, uno de los cuatro enfoques o líneas de actuación definidos como prioritarios en la Agenda Estratégica del TSJMU -junto con el de justicia abierta y transparente; justicia innovadora y justicia predecible- y en los que se centran los principales proyectos puestos en marcha.

Entre los miembros, además de los mencionados están Elena Rivera y Rosa López, del Colegio Abogados de Murcia, José Miguel Hurtado López, decano del Colegio de Procuradores de Murcia, Julia García de la Calzada, gerente Territorial de Justicia, María Dolores Gómez Navarro, funcionaria de la Oficina de Víctimas de delitos, y Elena Albaladejo Mora, jefa de Sección de Habilitación de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia.

Además de las letradas de la Administración de Justicia Miran Osete, maría José Meca, María del Carmen Marín y Joaquín Manuel Mondejar, coodinador del grupo. Por último, se integran también en este grupo las magistradas Fátima Saura Castillo, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer, y Mª Concepción Roig Angosto y miembro de la Audiencia Provincial y Delegada de Discapacidad TSJMU.