El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, dijo ayer en el Parlamento de Canarias que la labor divulgativa que  desarrolla el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia que funciona como experiencia piloto desde hace ya cuatro años en Las Palmas de Gran Canaria se ha traducido en un incremento del número de denuncias de esta “lacra social”, lo que, subrayó, “manifiesta que nos encontramos ante un problema sistémico”. Estas cifras, enfatizó, “pueden ser sólo la punta del iceberg”.  

Lorenzo Bragado compareció ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias en su cita anual de presentación de la Memoria sobre la actividad de los órganos judiciales de las Islas, en este caso de 2024, y lo hizo acompañado de varios miembros de la Sala de Gobierno. 

El presidente del TSJC repasó los aspectos más destacados de la Memoria que aprobó la Sala de Gobierno el pasado 6 de junio, y que presentó en rueda informativa el 27 de ese mismo mes. Subrayó que la litigiosidad se incrementó en las Islas durante el año pasado un 13,9% con respecto al ejercicio anterior, enfatizó que la pendencia había llegado hasta un 17,3% y advirtió de que el Archipiélago sigue siendo el territorio donde más se litiga: 212,51 pleitos por cada 1.000 habitantes (el año anterior habían sido 188,67). 

El máximo representante de la Justicia en las Islas destacó igualmente datos positivos de la Memoria en la gestión del servicio público, entre otros que la media de sentencias por órgano judicial en Canarias es la más alta de España y que el índice de confirmación de fallos en el Supremo es del 92%. 

[Las cifras a las que aludió el presidente del TSJC en referencia al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia están reflejadas en la Memoria que ayer se presentó ante la Cámara y son las siguientes: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 el órgano judicial registró un total de 839 denuncias, lo que supone un incremento del 38,2% con respecto al año anterior. Cabe destacar que los presuntos casos de delitos contra la libertad sexual de los menores crecieron un 74,8%, de 235 casos en 2023 a 411 en 2024]. 

El presidente ofreció a la Comisión datos preocupantes sobre la litigiosidad en las Islas. Entre otros, destacó que actualmente la Sala de lo Contencioso-administrativo en su sede de Santa Cruz de Tenerife tiene 10.000 recursos de apelación pendientes de resolución, gran parte de ellos relacionados con las órdenes de devolución de migrantes en situación irregular, y expuso que se trata ya de una cifra “fuera de todo control”. 

En otro momento de su intervención, calificó de “totalmente inexplicable” que  la propuesta de creación del tercer Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Santa Cruz de Tenerife no se haya incluido en la previsión de crecimiento de la planta judicial para el curso que viene, y aseveró que la situación por la que pasa este servicio público en la capital santacrucera es “indigna” y requiere una respuesta “inmediata”. 

Lamentó los escasos avances en la mejora de las infraestructuras judiciales de las Islas y apuntó que las deficiencias del servicio público están generando en algunos partidos judiciales “demoras inaceptables” que, en algunos casos, están “denegando el derecho a la tutela judicial efectiva”.