La sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre el denominado caso ICFEM –siglas que responden al ya desaparecido Instituto Canario de Formación y Empleo del Gobierno de Canarias-, que juzgaba una presunta trama de corrupción con subvenciones para la formación laboral y que ha sentado en el banquillo a cinco cargos, ha declarado la absolución de todos ellos, por lo que no les considera culpables del delito de prevaricación.