La primera presidenta de la Audiencia Provincial de Huesca toma posesión de su cargo
La magistrada Marina Rodríguez Baudach ha accedido a la presidencia de la Audiencia Provincial de Huesca tras veinte años de ejercicio profesional, tomando posesión de su cargo ante la presencia de las numerosas autoridades judiciales, civiles, jurídicas y militares de la Provincia
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- Comunicación Poder Judicial
La magistrada Marina Rodríguez Baudach ha tomado posesión de su cargo como presidenta de la Audiencia Provincial de Huesca ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El acto ha sido presidido por Manuel Bellido como presidente del alto tribunal y presidente de la Sala de Gobierno. La toma de posesión ha tenido lugar en el Palacio de Justicia de Huesca y han sido testigos del acto autoridades civiles y militares, colegios jurídicos profesionales y representantes y delegados de las instituciones económicas, y culturales de Huesca.
Marina Rodríguez, sucede en la presidencia a Santiago Serena que fue su presidente. Tras la jubilación de Serena el cargo ha estado ocupado en funciones por los magistrados más antiguos: Antonio Angós, actualmente en la Audiencia Provincial de Zaragoza, y José Luis Aranda, magistrado en la Audiencia Provincial de Huesca. La incorporación de la magistrada Marina Rodríguez supone un importante hito en la institución ya que es la primera vez, desde su creación, que este órgano judicial será presidido por una mujer.
El programa de actuación de la nueva presidenta está centrado, por una parte, en el ámbito interno con propuestas encaminadas a mejorar la gestión de la Audiencia, los distintos juzgados de la provincia y la oficina judicial, y por otra, en profundizar en la relación con las instituciones oscenses y los ciudadanos. Entre sus objetivos: conseguir que la Audiencia de Huesca tenga secciones separadas para asuntos civiles y penales y poder para dar respuestas más rápidas a los ciudadanos, establecer la implantación de un servicio de mediación intrajudicial, especialmente en los que afectan al derecho de familia, y establecer la implantación de un servicio de justicia restaurativa en el ámbito penal.