El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de ocho años de cárcel para el exdelegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro (que estuvo en el cargo entre julio de 1996 y 2001), y además le impone una multa de 8 millones de euros por el delito de fraude en la obtención de subvenciones.

La Sala Segunda estima parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la acusación particular (en nombre del PSOE de Cádiz), en cuanto reclamaron que la sentencia dictada en el caso por la Audiencia de Cádiz había omitido la pena de multa (del tanto al séxtuplo de la subvención o ayuda concedida o desviada), e impone una multa de 8 millones de euros confirmando el resto de la condena: 6 años de cárcel por delito continuado de malversación de caudales públicos; 2 años de cárcel por fraude en la obtención de subvenciones públicas, y 7 años de inhabilitación por prevaricación.

Además, se estima el recurso del abogado del Estado, apoyado por el fiscal y por el propio condenado, y destaca que no ha lugar a la imposición de responsabilidad civil derivada de los delitos objeto de condena, debiendo estarse en esta materia a lo establecido por el Tribunal de Cuentas en la determinación de la responsabilidad contable (que le condenó en 2011 a pagar los 1,6 millones de euros en los que perjudicó a los caudales públicos del Consorcio).

La sentencia rechaza el resto de motivos de los recursos tanto del condenado como de la Fiscalía y acusación particular, confirmando la absolución de Miguel Osuna (delegado especial en el Consorcio que sucedió a Rodríguez de Castro y estuvo en el cargo entre 2001 y 2004) y otras tres personas (un director de RILCO y una matrimonio estadounidense encargado del contrato).

RILCO (Red Iberoamericana de Logística y Comercio, S.A) era una sociedad privada instrumental dependiente del consorcio de zona franca de Cádiz, cuyo presidente era el propio Rodríguez de Castro, enfocado a portal de comercio electrónico.