La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado su competencia para investigar al presidente de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz, por un delito de prevaricación presuntamente cometido en la contratación de un abogado por la ciudad autónoma con fondos públicos.

En un auto, el tribunal acuerda, siguiendo el criterio del fiscal, abrir un procedimiento contra el también senador del PP y designa instructor al magistrado Francisco Monterde Ferrer.

La Sala también ha resuelto que el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla continúe con la investigación de los hechos en lo que afecta a personas no aforadas.