La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid celebra desde el próximo miércoles, día 22 de noviembre, y en sesiones sucesivas que darán comienzo a partir de las 10:00 horas, la vista oral del juicio contra Carlos Arturo N. M., William H. D., Juan José T. G., Johnny Braunwer Z. M., Ceferino F. R., Rafael Enrique J. S., Juan Felipe M. B, Jorge A. G. y Bulent G. por un delito contra la salud pública, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito continuado de falsedad documental y un delito continuado de blanqueo de capitales procedente del tráfico ilegal de drogas. El Ministerio Público solicita una pena de entre catorce años y siete años y medio de prisión, para cada uno de ellos, según los delitos cometidos.

Tal y como recoge el Fiscal en su escrito de calificación provisional elevado a la Sala, estas personas configuraban una organización delictiva perfectamente estructurada y dedicada al narcotráfico. Todos ellos se sientan en el banquillo tras las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado llevadas a cabo entre el 14 de febrero de 2016 y el 18 de mayo del mismo año, en el transcurso de las cuales les fue incautado un total de 153 kilogramos de cocaína, con un valor estimado en el mercado de más de 6.780.000 euros.

El Ministerio Público apunta en su informe que, tras las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Cantabria, conjuntamente con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, se tuvo conocimiento de que este grupo se dedicaba a la introducción y posterior distribución de importantes partidas de cocaína en la Comunidad de Madrid, a cambio de un beneficio económico.

La introducción de la mercancía ilegal se llevaba a cabo mediante los servicios de transporte efectuados por Ceferino F., el cual realizaba continuos viajes transportando la cocaína entre otras mercancías legales. Su enlace y la persona que le daba las instrucciones precisas de forma presencial era Carlos Arturo N., considerado por los investigadores como el principal responsable del grupo criminal.

Una vez introducida la droga en la Comunidad de Madrid, ésta era recepcionada por los principales colaboradores de Carlos Arturo, los acusados William H y Juan José T., quienes la almacenaban en diferentes viviendas de la región, que denominaban ‘caletas’.

Además, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, celebra el próximo jueves, día 23 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, la vista oral del juicio contra Antonio Manuel P. G., José G. F. y Providencia G. F. por la comisión de un delito de estafa por el que la Fiscalía solicita una pena para cada uno de ellos de dos años de prisión y la indemnización solidaria y conjunta de la cantidad de 3.000 euros a su víctima.

Según describe el representante del Ministerio Público en su escrito provisional de calificación, el acusado Antonio Manuel P., sobre las 10:00 horas del 15 de enero de 2016, se acercó a una anciana, de 84 años de edad, que se encontraba en el Paseo de la Esperanza de Madrid, fingiendo ser retrasado mental y poseer una gran cantidad de billetes en un paquete que portaba. Momentos después, se acercó también la acusada Providencia G., madre del acusado Antonio Manuel, y que actuaba de acuerdo con éste. Providencia le propuso a la anciana víctima de la estafa repartirse el dinero que supuestamente llevaba el también supuesto retrasado en el paquete, a cambio de que ella mostrase a éste sus joyas y dinero para fiarse de que no precisaba dinero. Providencia ofreció a la víctima ir a su domicilio a bordo de un vehículo conducido por el también acusado José G., primo de la propia Providencia, y que también actuaba de acuerdo con ellos. Finalmente, convencieron a la mujer para que acudiese a su casa a por sus joyas y a por la cartilla del banco a dónde la acompañaron los tres acusados en el vehículo. Después, se dirigieron a una sucursal de Bankia y la mujer retiró 3.000 euros. A continuación, Antonio Manuel fingió tener hambre y le pidió a la anciana que le comprara un bocadillo, para lo que ésta tuvo que bajarse del coche, quedándose los acusados en su interior con el dinero, las joyas y la cartilla bancaria. Justo en ese momento aprovecharon para huir con todo el botín.

Ese mismo día, sobre las 13:15 horas, los tres acusados fueron interceptados por la Policía Nacional circulando a bordo del citado automóvil en el Paseo de Recoletos de Madrid. Además de los efectos y el dinero antes consignados, se les intervino una pistola de plástico de color negra y una peluca oscura.

Por otro lado, la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, celebra los próximos días 21 y 22 de noviembre, en sesiones matinales que darán comienzo a partir de las 10:00 horas, la vista oral del juicio contra Bryan Wilfredo P. L. y Jaime Josué P. L., conocido este último por el alias de ‘Kikin’ o ‘Gasper’. Ambos deberán responder por la supuesta comisión de un delito de organización criminal y otro de lesiones con uso de arma, por los que la Fiscalía solicita una pena de nueve años de prisión para cada uno de ellos.

Según se recoge en el informe de calificación provisional del Ministerio Público, el día 13 de julio de 2016, sobre las 20:15 horas, el acusado Bryan Wilfredo, de nacionalidad ecuatoriana y en situación irregular en territorio español, al igual que el otro procesado, se encontró en la Glorieta de Santa María de la Cabeza con una persona que hace tiempo había sido amiga suya. Esta persona se encontraba acompañada de una joven y, de inmediato, se inició una discusión entre ellos, que finalizó cuando el acusado se marchó del lugar.

Momentos después, el joven regresó junto con su hermano, el otro procesado, portando Bryan una navaja tipo mariposa, mientras que Jaime Josué blandía una barra de hierro. Los dos se dirigieron hacia la persona anteriormente citada, quien fue golpeada por Jaime con la barra en el brazo derecho y, al intentar su víctima zafarse del ataque, fue apuñalada en dos ocasiones por Bryan en la pierna izquierda, causándole lesiones graves.

Tal y como refiere la Fiscalía, los dos acusados son miembros activos de la banda latina ‘Ñeta’ y en tal condición han sido identificados y detenidos por funcionarios policiales especializados en bandas latinas en, al menos, una docena de ocasiones. Ambos se encuentran en una situación de prisión provisional por estos hechos desde su detención. 

Por último, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid celebra el próximo lunes, 20 de noviembre,  a las 12:00 horas, la vista oral del juicio contra José Antonio S. A. por la presunta comisión de un delito continuado de estafa, por el que se enfrenta a una pena de tres años de cárcel.

Según los escritos de acusación, el procesado, actuando en todo momento con ánimo de obtener un beneficio económico y aparentando una solvencia de la que carecía, entró en contacto con una mujer que se anunciaba en internet como acompañante y la contrató por espacio de una semana por un importe de seis mil euros. Le dijo que se llamaba Enzo Martorell y que era representante de jugadores de golf y tenistas. Pues bien, no solamente no le abonó esa cifra, sino que con diferentes triquiñuelas, como invitarla a marisquerías de lujo y comprarle alguna joya y hacerle creer que le ingresaba dinero en su cuenta, la convenció para que le acompañara en un negocio de venta de vehículos de lujo, para lo que tenía que aportar una cantidad próxima a los quince mil euros.

Para ganarse su confianza, cosa que logró, le convenció de que le había comprado un coche, que tampoco abonó en el concesionario. Con el coche se quedó él, como paso previo a desaparecer. A continuación, en el mismo coche que se había llevado del concesionario sin abonarlo, se desplazó a la costa, donde dijo llamarse Stefano Meli. Allí alquiló una embarcación de 72 pies por importe de 14.520 euros, pago que supuestamente realizó mediante una transferencia que nunca llegó a producirse. A uno de los tripulantes de la embarcación le dijo que quería alquilar un Hammer y quería que él fuese el conductor, servicio por el que le ofreció 800 euros. Pero también le dijo que como en realidad lo iba a conducir él, necesitaba que el alquiler fuera a su nombre y que pusiera su tarjeta de crédito en calidad de depósito. El tripulante abonó los 800 euros del alquiler en la confianza de que el procesado se los devolvería, dado que le aseguró que ya había hecho una transferencia por importe de 2.400 euros, y cuyo comprobante le mostró: esa cantidad correspondía al alquiler del Hammer, a los 800 euros del conductor y a otros 600 que le pidió a continuación que le adelantara de su propio bolsillo, porque ya había gastado ese día los tres mil que le facilitaba el cajero y necesitaba hacer frente a unos pagos. El tripulante también le dio ese dinero. De todo esto no ha pagado nada.

Un par de días después, contrató a otra acompañante, en esta ocasión por 9.000 euros. Con las mismas artimañas, estuvo con ella sin abonarle el importe del servicio. Ese mismo día, contrató un servicio de cáterin en la embarcación para los cuatro días siguientes, por valor de 2.400 euros. Y el día 19, le pidió a la misma empresa otro servicio de catering en una casa que había alquilado en Cala Bassa.

Repitió el mismo modo de actuación en un local de chicas de compañía en Ibiza, donde contrató los servicios de dos mujeres por 6.800 euros y el alquiler de otra vivienda en Es Cala.