La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha confirmado la decisión del titular de la Plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia de denegar la reapertura de la investigación del incendio registrado el 22 de febrero de 2024 en un edificio del barrio de Campanar, que se saldó con diez víctimas mortales.

Los magistrados consideran que el informe pericial elaborado por una especialista en seguridad contra incendios que han aportado los recurrentes para fundamentar su pretensión “no constituye un elemento nuevo en sentido procesal, sino una valoración técnica alternativa de materiales ya existentes en la causa”.

Dicho dictamen resulta por tanto “insuficiente por sí solo para dejar sin efecto la firmeza derivada del sobreseimiento provisional acordado”, concluye el tribunal en un auto fechado el pasado 5 de noviembre, uno de los tres que ha dictado desde septiembre y que desestiman otros tantos recursos de apelación.

Los apelantes, entre los que se encuentran las representaciones legales de las familias de algunos fallecidos y la propia Comunidad de Propietarios, sostenían en sus recursos, entre otros argumentos, que el dictamen pericial presentado era una verdadera nueva prueba, por lo que pedían reabrir la causa para practicar nuevas diligencias de investigación.

Sin embargo, la Audiencia asevera que ese informe pericial “no aporta hechos sobrevenidos ni documentación desconocida” y la solicitud de reapertura “persigue, en realidad, una nueva investigación sobre extremos ya examinados”.

En este sentido, recuerda la Sala que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo distingue claramente entre “prueba nueva” y “nueva valoración de la prueba ya existente”, y solo la primera es apta para justificar la reapertura de una causa archivada.

“Admitir lo contrario supondría convertir el sobreseimiento provisional en una resolución permanentemente revisable y se comprometerían los principios de seguridad jurídica y de prohibición de investigaciones prospectivas”, recoge otro de los autos, fechado el 6 de octubre.

Igualmente, el tribunal destaca la “particularmente extensa y exhaustiva” investigación desarrollada por el juez instructor, que ha permitido abordar “de forma pormenorizada las circunstancias del incendio, las características de los materiales empleados, la normativa urbanística y de protección contra incendios aplicables, así como la intervención de todos los agentes que participaron en la construcción y autorización del edificio”.

Esa investigación -añade la Sección Cuarta- llevó tanto al juzgado de Instrucción como a la propia Audiencia Provincial a determinar que no existían indicios racionales de responsabilidad penal y que las diligencias practicadas eran suficientes para adoptar una decisión fundada”.