Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Utilizamos cookies propias y de terceros únicamente para realizar mediciones y análisis estadísticos de la navegación por las diferentes secciones de la página web con la finalidad de mejorar el contenido que ofrecemos. Al hacer click en 'Aceptar todas las cookies', consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo. Para configurarlas o rechazar su uso haga click en el botón 'Configurar Cookies'.
Para más información consulte nuestra política de cookies
Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
El juez asegura que la atribución de la competencia en favor de la Audiencia Nacional no ha sido "arbitraria ni irrazonable"
El juez de la Audiencia Nacional José De la Mata ha rechazado la cuestión de competencia por declinatoria presentada por el arquitecto Gonzalo Urquijo y Belén García para que la pieza separada por los denominados ‘papeles de Bárcenas’ se enviara a los Juzgados de Plaza de Castilla.
El juez asegura que en este caso, la atribución de la competencia en favor de la Audiencia Nacional no ha sido "arbitraria ni irrazonable" y argumenta que se determinó "desde el primer momento con la aquiescencia de las partes, incluso la parte ahora promotora de la cuestión, que ha instado la práctica de diligencias (...) sin cuestionar la competencia a lo largo de toda la instrucción de la causa".
Dice De la Mata que tanto en la pieza separada como en la principal Época I, el objeto de la causa "es el mismo: relaciones entre el PP y distintas empresas proveedoras de servicios que mantenían relaciones personales de confianza con responsables políticos nacionales y regionales del Partido, que determinaron, mediante la adjudicación irregular de contratos públicos, la simulación de contratos, la donación de fondos para conseguir contratos y/o la falsificación documental para ocultar pagos, un flujo de comisiones ilegales para distintos cargos públicos y una prestación de servicios y/o recursos económicos al PP, algunos de los cuales quedaron parcialmente ocultos al circuito económico legal, al cumplimiento de las obligaciones tributarias y al control y fiscalización del Tribunal de Cuentas".