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La abogada asumió la representación legal del investigado por un delito sexual, acordando con este y con su progenitor la realización de diversos pagos en metálico con el objetivo de eludir el ingreso en prisión
La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a seis meses de prisión a una abogada tras cometer una estafa contra un cliente y el padre de este. Además de la pena de prisión, la acusada deberá pagar una indemnización de 28.350,50 euros a los afectados y asumir los gastos del juicio. Sin embargo, el tribunal ha acordado suspender su ingreso en prisión por un periodo de dos años, condicionando esta medida a que no vuelva a cometer ningún delito durante ese tiempo.
La sentencia, de conformidad, relata que la acusada, en su ejercicio como abogada, asumió la defensa de un acusado de un delito contra la libertad sexual de menor de 16 años que, diagnosticado con un retraso mental leve, solía acudir al despacho de la letrada acompañado de su padre. La letrada les hizo creer falsamente que la única forma de evitar la cárcel era pagar una multa que supuestamente negociaría con el juez. Bajo este engaño, las víctimas le entregaron en efectivo un total de 22.361 euros, convencidos de que el pago era indispensable para eludir la prisión.
El proceso judicial concluyó con un fallo de conformidad en el que se impuso al acusado una pena de seis meses de cárcel y tres años de libertad vigilada. No obstante, en la misma sentencia se acordó suspender la ejecución de la pena de prisión por un plazo de dos años, condicionada a que no vuelva a delinquir en ese periodo y a que complete un curso formativo de educación sexual.
Al no recibir copia de la sentencia ni los justificantes de la supuesta multa bajo el pretexto de que se entregarían al final del proceso, el afectado y su padre acudieron al despacho de la abogada para pagar sus honorarios y exigir la documentación. La letrada solo les entregó una factura por sus servicios de 5.989,50 euros, la cual también abonaron. Ante la falta de respuestas, las víctimas consultaron con otro profesional y descubrieron que el Juzgado nunca había exigido dinero para evitar la prisión.
Finalmente, antes de la celebración del juicio, la acusada consignó 30.000 euros para cubrir la responsabilidad civil y abonó 4.050 euros para las costas judiciales.
La sentencia es firme.