La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida hoy en la sede del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) en Donostia/San Sebastián, ha acordado dirigir una comunicación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a las consejerías con competencias en materia de Justicia de las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Canarias en relación con la tercera y última fase de constitución de los Tribunales de Instancia. 

Esta fase, que dará inicio a las 00:00 horas del próximo 31 de diciembre y culminará la implantación de los Tribunales de Instancia en toda España, afectará a todas las capitales de provincia y a las ciudades que cuenten con Juzgados de lo Penal, Social o Contencioso-Administrativo, algunas de ellas con más de cien plazas judiciales, como Valencia, Sevilla, Barcelona o Madrid. 

Aunque las fases I y II, que se produjeron los pasados días 1 de julio y 1 de octubre, han concluido de manera razonablemente satisfactoria, según las comunicaciones recibidas por el CGPJ de los/as presidentes/as de los Tribunales Superiores de Justicia, estos/as han advertido algunas disfunciones y, por otra parte, dado que ahora se afronta un reto organizativo mucho mayor, la experiencia puede no ser completamente fiable.

Por esta razón, el órgano de gobierno de los jueces ha considerado oportuno trasladar a las Administraciones prestacionales algunas observaciones para que puedan tomarlas en consideración y procurar así que la transición se efectúe de la manera más fluida posible, todo ello en el marco de cooperación imprescindible entre poderes públicos. 

Las observaciones, elaboradas por el grupo de trabajo para la preparación del despliegue de los Tribunales de Instancia constituido el pasado mes de marzo a instancias de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, son las siguientes: 

Señalética y atención a los/as ciudadanos/as 

Ante la evidencia de que los juzgados unipersonales han asentado una imagen que forma parte de la cultura popular y de que, pese a su trascendencia, los/as ciudadanos/as no conocen con detalle el alcance de la reforma, el CGPJ considera conveniente poner en funcionamiento o potenciar los servicios ya existentes para facilitar información al público en las sedes judiciales, especialmente en las más grandes, e incluso facilitar folletos que simplifiquen el conocimiento de las nuevas estructuras. 

El órgano de gobierno de los jueces también estima imprescindible que la señalética refleje el cambio de modelo y no continúe refiriéndose a “Juzgados”, sino a “servicios comunes”, “áreas”, “equipos”, etcétera, de modo que quien vaya a interesarse por el estado de un asunto no sea vea obligado a deambular por la sede judicial hasta encontrar al/la funcionario/a que lo tramita, que puede estar alejado del despacho del juez o jueza competente para resolverlo, adonde se dirigirá intuitivamente. 

Para dar visibilidad a la reforma, la señalética también debería incluir de modo claro e inequívoco el escudo nacional como expresión de que en esos edificios y espacios -aun cuando sean de titularidad autonómica- se ejerce un poder del Estado. 

Infraestructuras 

El CGPJ considera que la Ley Orgánica 1/2025 obliga a realizar grandes inversiones en el futuro para adaptar la infraestructura de las sedes judiciales al nuevo modelo, ya que aunque muchas de ellas están ya adaptadas, otras no lo están en absoluto y se construyeron pensando en el modelo parcelado de juzgados. 

Por ello se estima indispensable que las Administraciones prestacionales dispongan al menos de la liquidez necesaria para afrontar las adquisiciones y reubicaciones más sencillas y que se mantenga un diálogo permanente entre estas y las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia capaz de atender las disfunciones en la gestión de infraestructuras que puedan tensionar la transición. 

Sistemas informáticos 

Aunque la Ley Orgánica 1/2025 está pensada para una gestión totalmente informatizada de los expedientes judiciales (“expediente electrónico”), esta situación no se ha alcanzado de modo uniforme en todos los territorios ni en todas las jurisdicciones, de modo que donde no existe la dispersión de funcionarios/as, con el consiguiente traslado de expedientes, puede ocasionar pérdidas o extravíos y, en consecuencia, suspensiones y aplazamientos. 

Por esta razón, las Administraciones responsables deben redoblar sus esfuerzos para que los sistemas informáticos de gestión procesal permitan una relación completamente virtual entre jueces/zas, letrados/as de la Administración de Justicia y funcionarios/as. Al mismo tiempo, los jueces/zas deben colaborar activamente para el éxito del nuevo sistema y comprometerse a emplear las herramientas informáticas a su disposición, especialmente para minutar. 

LAJs y personal funcionario 

Algunos/as presidentes/as de Tribunales Superiores de Justicia han mostrado su preocupación por el retraso en los procedimientos de acoplamiento del personal funcionario y de nombramiento de los/as letrados/as directores de servicio, que deben estar culminados el próximo 31 de diciembre. 

Para esa fecha también deben estar asignados los nuevos espacios físicos y organizado el sistema de trabajo, así como precisados los concretos mecanismos de comunicación y dación de cuenta a los/as jueces/zas que conocen de los asuntos. 

El órgano de gobierno de los jueces señala asimismo en su comunicación que la nueva estructura y organización del trabajo exigirá mejorar a medio plazo la selección y formación del personal funcionario y su estabilidad. 

Aumento de plazas judiciales 

Por último, el CGPJ -reiterando lo manifestado por su presidenta en el discurso de apertura del Año Judicial el pasado 5 de septiembre- reclama el necesario aumento del número de jueces/zas, sin menoscabo de los principios de igualdad, mérito y capacidad, para equiparar a España con la media de jueces por habitante de los Estados del Consejo de Europa. 

El órgano de gobierno de los jueces considera que las 120 plazas autorizadas por el Ministerio de Justicia para la próxima convocatoria resultan insuficientes no solo para cubrir las necesidades ya advertidas en la planta judicial, sino también para asumir los nuevos retos del ambicioso modelo de inminente implantación.