Resumen: Contratación Pública. Prohibiciones de contratar. Cumplimiento de la exigencia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social: Fecha de licitación o adjudicación del contrato. Desestimando el recurso, se declara que la fecha de exigencia de tales obligaciones lo es la de licitación, es decir, antes del vencimiento del plazo fijado para solicitar la participación o, en el caso de los procedimientos abiertos, del plazo fijado para presentar la oferta. Se declara que tal doctrina es la más acorde con los principios europeos de Contratación Pública, establecidos en sus normas fundamentales y Tratado de Funcionamiento, puesto que habilitar su subsanación al momento de formalización haría de mejor condición a los licitadores deudores, vulnerándose el principio de igualdad de trato. Las restricciones que a libre concurrencia suponen las prohibiciones de contratar están justificadas si obedecen a la tutela de un objetivo legítimo de interés general y siempre y cuando cumplan el principio de proporcionalidad, lo que el caso.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto por los prestatarios de una hipoteca multidivisa; de acuerdo con la actual jurisprudencia, al no ser de aplicación la normativa sobre el mercado de valores la contratación objeto de este pleito, la sentencia apelada no puede haber infringido esa normativa que se denuncia vulnerada en el primer motivo. Respecto al segundo motivo, igualmente se desestima no solo porque contradice la base fáctica la sentencia recurrida, al presuponer que los prestatarios desconocían el riesgo que asumían en la contratación de la hipoteca multidivisa, cuando se ha declarado probado que fueron suficientemente informados sobre ese riesgo por haberlo reconocido uno de ellos; sino también porque en el presente caso resulta irrelevante, a la vista del suplico de la demanda, en la que se solicitaba la nulidad parcial por error en el consentimiento basado en el desconocimiento de los riesgos que entrañaba haber referenciado el préstamo a la moneda del franco suizo. Conforme a la jurisprudencia de esta sala, si el error pudiera ser calificado de sustancial, relevante e inexcusable, viciaría la totalidad del contrato, pero no solo la parte correspondiente a la divisa en que se concertó el préstamo, con la subsistencia del resto del contrato. De ahí la falta de relevancia de la infracción denunciada, en el hipotético caso de que llegara a apreciar.
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto contra auto dictado en medidas cautelares en pieza separada de recurso contra la inactividad de la Administración demandada al no abonar la cantidad reclamada en relación al cumplimiento del contrato suscrito en su momento por ambas partes. La cuestión que suscita el interés casacional en el presente recurso ya ha sido resuelta con posterioridad a la admisión del presente recurso de casación: y es que el artículo 217 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (actual artículo 199 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre), ha de ser interpretado en el sentido de que la medida cautelar de pago inmediato de la deuda es aplicable, en todo caso, como medida cautelar en el recurso contencioso administrativo en beneficio del que contrata con la Administración, y no del cesionario que ha adquirido el derecho de cobro.
Resumen: Determinar si las prórrogas de las concesiones mineras que no comporten una ampliación de su contenido material se encuentran sujetas o no al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Resumen: La sala desestima los recursos interpuestos frente a una sentencia que declaró la nulidad radical de unos contratos de inversión, al tratarse de actividades reservadas a entidades sometidas a la supervisión de las autoridades del mercado de valores, vulnerándose la Ley del Mercado de Valores y la Ley reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. El producto financiero consistía en la concesión de un préstamo hipotecario que gravaba la vivienda adquirida por los contratantes, en el que la mayor parte del importe del préstamo se invertía en un fondo de inversión radicado en la Isla de Man y cuyas participaciones eran retenidas fiduciariamente por el prestamista. La entidad comercializadora carecía de autorización para actuar en España como institución de inversión colectiva y entidad de servicios de inversión. La sala considera que la entidad recurrente no se limitaba a conceder préstamos, sino que estaban indisociablemente unidos a un negocio jurídico conexo por el cual el dinero obtenido con el préstamo se invertía casi en su totalidad en un fondo de inversión sugerido por la propia prestamista, quien, además, mantenía en régimen fiduciario la titularidad de sus participaciones. El conjunto compuesto por el préstamo y su aplicación a un fondo de inversión constituye un instrumento financiero de los enumerados en el art. 2 LMV. Además, la operación litigiosa reunía todos los requisitos para considerar a la recurrente como institución de inversión colectiva.
Resumen: Préstamo hipotecario multidivisa con consumidores. Control de transparencia. El préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores, con lo que no puede pedirse su nulidad por vicios del consentimiento. No obstante, el incumplimiento de los deberes de información exigibles a las entidades bancarias es relevante al realizar el control de transparencia de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores. Reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información. En el presente caso, no existió la información precontractual necesaria para que los prestatarios conocieran adecuadamente la naturaleza y riesgos vinculados a las cláusulas relativas a la divisa en que estaba denominado el préstamo. Las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia porque los prestatarios no han recibido una información adecuada sobre la naturaleza de los riesgos asociados a las cláusulas relativas a la denominación en divisas del préstamo y su equivalencia con la moneda en que los prestatarios reciben sus ingresos, ni sobre las graves consecuencias asociadas a la materialización de tales riesgos. Se estima el recurso.
Resumen: Acción de nulidad radical, y subsidiaria de anulabilidad por error vicio del consentimiento, de un contrato de swap, pretensión que fue desestimada en apelación por apreciarse caducidad. Ausencia de caducidad: el swap se concertó el 8 de junio de 2007, vencía el 1 de julio de 2012 y la demanda se interpuso el 30 de junio de 2016. Constituye doctrina jurisprudencial que en los contratos de swaps o "cobertura de hipoteca" no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. De esta doctrina sentada por la sala no resulta que el cómputo del plazo de ejercicio de la acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente pueda tener conocimiento del error. Ausencia de información precontractual, con infracción de la normativa PreMiFID en el sentido declarado por la jurisprudencia, que determina la confirmación de la sentencia de primera instancia que apreció la existencia de error vicio.
Resumen: Demanda solicitando declaración de nulidad parcial de la cláusula sexta (gastos a cargo del prestatario) en el sentido de anular los apartados de la cláusula relativos a los conceptos de gastos notariales, registro, impuesto de actos jurídicos documentados y gestoría y la restitución de las cantidades indebidamente abonadas como consecuencia de su aplicación. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y declaró nulos por abusivos los apartados de gastos (notariales, de registro, y gestoría), subsistiendo la vigencia del contrato en todo lo no afectado por la anterior declaración, condenando al banco demandado a pagar las cantidades satisfechas por los mismos. Recurren en apelación ambas partes, la demandante solicitando la reintegración del importe del impuesto de actos jurídicos documentados y la demandada, que se declarara el carácter no abusivo del pacto que obliga al prestatario al pago de los gastos de notaría, registro y gestoría y si se declarase nulo, se modificaran los efectos de esa declaración. La Audiencia estimó en parte ambos recursos y revocó la sentencia en el sentido de declarar que el banco debía restituir las cantidades abonadas en concepto de IAJD, gastos de notaría y gestoría. El banco recurrió en casación por declarar abusiva la cláusula de gastos que hacía recaer el pago del IAJD sobre el prestatario y la sala estima el recurso conforme a SSTS del pleno 44, 46, 48 y 49/2019 de 23 de enero confirmada por STJUE de 16 de julio de 2020.
Resumen: La consumación de los contratos de swaps, a efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, debe entenderse producida en el momento del agotamiento o de la extinción del contrato, por ser entonces cuando tiene lugar la efectiva producción de las consecuencias económicas del mismo (en estos contratos el cliente no recibe en un momento único una prestación esencial con la que se pueda identificar la consumación, a diferencia de lo que sucede en otros contratos de tracto sucesivo como el arrendamiento). Estimación del recurso de casación por inexistencia, en el caso, de caducidad de la acción y asunción de la instancia. Consideración del swap como producto financiero complejo. Deberes de información de las entidades financieras en la comercialización de productos financieros complejos con clientes no expertos (normativas pre-MiFID y MiFID) e incidencia de su incumplimiento en la apreciación de error vicio. Posibilidad de fundar la nulidad por error vicio en el desconocimiento del coste de cancelación anticipada. La falta de acreditación del cumplimiento de los deberes de información permite presumir en el cliente la falta de conocimiento de sus riesgos. Alcance del deber de información, que es una obligación activa y no de mera disponibilidad (no se puede trasladar al cliente la iniciativa de buscar asesoramiento). No se produce la confirmación del contrato ni tiene el significado de actos propios la percepción de liquidaciones negativas o positivas por el cliente
Resumen: Compraventa de viviendas para uso residencial. Ley 57/1968. Reclamación de cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda e ingresadas en la cuenta del promotor por un tercero. En primera instancia se estimó la demanda y se declaró la responsabilidad legal de la entidad demandada conforme al art. 1.2 Ley 57/1968 y la condena al pago de la cantidad efectivamente depositada en la cuenta abierta en la entidad demandada más el interés legal desde la fecha de la entrega. Recurrida en apelación por la demandada, la audiencia desestimó su recursoi. Recurrida en infracción procesal y casación, la sala desestima el primero al no apreciar error en la valoración de la prueba sino una discrepancia con la valoración jurídica acerca de la responsabilidad del banco propia del recurso de casación. Estima el recurso de casación al considerar que no incurre en la responsabilidad del art. 1-2.ª la entidad de crédito que no consta conociera ingresos de los compradores en una cuenta del promotor en dicha entidad, que fueron hechos por una sociedad limitada. Reiteración de la doctrina sentada, entre otras, por las sentencias 189/2020, de 19 de mayo, 147/2020, de 4 de marzo, y 1/2020, de 8 de enero, en casos sustancialmente iguales. «Residencial Fortuna Hills Golf Resort».