• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 5043/2016
  • Fecha: 18/07/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La impugnación de la Orden de referencia se refiere a la formación del conjunto de referencia H84 que incluye una serie de presentaciones de medicamentos por considerarse que todas ellas emplean el factor VIII de la coagulación como principio activo. Tras analizar la sentencia los enfoques normativo y fáctico de la identidad del principio activo, así como la naturaleza del acto de autorización de comercialización de medicamentos y el concepto de sistema de clasificación ATC, la Sala concluye estimando la demanda por cuanto la Administración debería haber asumido la carga de razonar y de probar que el principio activo de las presentaciones del medicamento en cuestión es el factor VIII de la coagulación y tal prueba no se ha planteado. De esta forma no hay prueba de que el mortoctocog alfa -como el octocog alfa y el factor VIII humano- sean distintas formas de obtener un mismo principio activo, aquí el factor VIII de la coagulación, siendo así que la Administración debe probar que no hay discordancia de principios activos según lo deducible de sus propios actos, internos y referidos a cada medicamento, respecto de tal clasificación ATC.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MARIA CONSUELO URIS LLORET
  • Nº Recurso: 42/2015
  • Fecha: 01/07/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso contra la orden recurrida descansa en la vulneración del principio de tipicidad, y además que los hechos no están acreditados.Mantiene la recurrente que no hacía falta receta para la dispensación del medicamento, o bien que habían transcurrido tres meses desde la dispensación por lo que no estaba obligada a conservar las recetas.Lo cierto es que la interesada no informó al órgano competente de la Administración que había adquirido para su farmacia 142 unidades de Prograf 1 mg y 108 en el año 2013, ni que las había vendido todas, a excepción de dos unidades en el año 2013 cuyo destino se ignora. Las unidades del medicamento no eran las normales o necesarias para la demanda de los posibles usuarios de la farmacia, de lo que se desprende que si había esa anormal demanda que obligó a la demandante a comprar tantas unidades debió comunicarlo a la Administración, teniendo en cuenta además que es un medicamento cuya prescripción es hospitalaria pues se utiliza para la profilaxis del rechazo de trasplantes en receptores de aloinjertos hepáticos y renales. Por tanto, no es cierto que no se necesite receta para su prescripción. La demandante no ha practicado ni una sola prueba en vía administrativa ni en esta sede jurisdiccional tendente a justificar esas ventas privadas, y si bien es cierto que la carga de la prueba de la comisión de la infracción corresponde a la Administración ésta ha aportado todos los elementos necesarios para desvirtuar la presunción de inocencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: INDALECIO CASSINELLO GOMEZ-PARDO
  • Nº Recurso: 51/2011
  • Fecha: 02/10/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Administración alega que el recurso interpuesto por dos de los recurrentes resulta inadmisible al concurrir la causa prevista en el artículo 69.d) de la Ley Jurisdiccional y estarse sustanciando a su instancia, el procedimiento ordinario 203/2006 del Juzgado de lo Contencioso Cuatro de Murcia, mas no aporta prueba alguna de su aserto por lo que tal causa de inadmisibilidad debe ser desestimada. Y asimismo, alega la inadmisibilidad del recurso en relación con las liquidaciones no recurridas jurisdiccionalmente en el plazo de dos meses (art. 69.c de la indicada Ley), mas tampoco se ha practicado a su instancia prueba alguna que la acredite.A través de la demanda rectora del procedimiento lo que se viene a cuestionar es la constitucionalidad de la modificación operada en el Real Decreto 165/1997 por el Real Decreto Ley 5/2000, la del propio Real Decreto Ley 5/2000 y la de los Reales Decretos 1328/2003 y 2402/2004, y a este respecto, la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en Auto de 4/10/2.000, dictado en el rec. nº 838/2000, tiene declarado que la impugnación directa sólo era posible mediante el recurso de inconstitucionalidad. Sentado lo anterior, la STC nº 83/2014 dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3169-2005,respecto del Real Decreto- ley 5/2000, por presunta vulneración de los artículos 14, 31.1 y 86.1 de la Constitución Española ha venido a resolver, desestimándolos, todos los motivos de impugnación presente recurso
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS CUDERO BLAS
  • Nº Recurso: 57/2009
  • Fecha: 05/12/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Real Decreto 2130/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para aplicar las deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a las mutualidades de funcionarios. Desestimación. 1º) Porque el Gobierno sí tenía habilitación para dictar el Real Decreto impugnado, sin que esa habilitación se ciña a lo estrictamente procedimental. 2º) Porque Las posibles diferencias de incidencia económica a causa de la localización o de la composición de la clientela no constituyen, por sí solas, fundamento suficiente para afirmar que el Real Decreto impugnado sea discriminatorio, sin que haya fundamento para sostener la existencia de un precepto con rango de ley en virtud del cual la escala que tratamos y la del régimen general hubieran de ser idénticas. 3º) Porque las deducciones contempladas no tienen carácter confiscatorio, y no estamos ante un supuesto de doble imposición.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Bilbao
  • Ponente: MARGARITA DIAZ PEREZ
  • Nº Recurso: 203/2013
  • Fecha: 28/07/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los dos primeros motivos impugnativos de la demanda vienen referidos a la primera de las sanciones, postulando el letrado recurrente su nulidad de pleno derecho, o subsidiariamente anulabilidad, por vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y por infracción del principio de tipicidad, respectivamente. El motivo debe decaer por la impertinencia de la prueba testifical propuesta al ser un hecho reconocido que en la oficina de farmacia de la que es titular se dispensó una única unidad del medicamento, y no los cuatro envases prescritos. La conducta sancionada no resulta subsumible en el tipo infractor aplicado por la Administración, incurriendo, en consecuencia, en vulneración del principio de tipicidad, ya que no hubo negativa a dispensar el medicamento, sino que dispensación no fue correcta al no ajustarse a lo prescrito en la receta presentada por la cliente. La denotación en la resolución sancionadora del concurso de infracciones, al entender que de ésta deriva la comisión de otra distinta,se torna igualmente improcedente. Respecto a la infracción del principio "non bis in ídem" en relación con la sentencia penal, que condena al recurrente como autor responsable de un delito de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público, los intereses protegidos son distintos en uno y otro caso. La sanción impuesta resulta proporcionada dentro de los márgenes posibles.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 2754/2013
  • Fecha: 17/10/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación que trae causa de la impugnación de la Orden 14/2010, de 1 de septiembre, de la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, por la que se regula el procedimiento de autorización y funcionamiento de las unidades farmacéuticas de adaptación de dosis (UFAD), que resulta estimado. Las actividades que se describen en los arts. 3 y 4 de dicha Orden resultan incompatibles con el reparto de competencias previsto en la Constitución, en concreto, con la competencia exclusiva del Estado sobre la "legislación sobre productos farmacéuticos" -concepto que comprende tanto la función legislativa como reglamentaria-, pues la disposición general impugnada en la instancia pretende ser una suerte de desarrollo de la Ley 29/2006, de 26 de julio, sobre garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, lo que vulnera la competencia exclusiva del Estado en esta materia, que es independiente de la competencia estatal, sobre las "bases y coordinación general de la sanidad". Teniendo en cuenta que las actividades de "adaptación" y "manipulación" de medicamentos que ampara la Orden en cuestión -permitiendo la creación de esas estructuras que intermedian en el proceso de suministro de medicamentos- pueden incidir en la seguridad de los productos farmacéuticos y en las garantías a que debe someterse esa actividad potencialmente peligrosa. El contraste con la Ley 29/2006 conduce, igualmente, a la conclusión de nulidad de la Orden 14/2010.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 23/2005
  • Fecha: 21/11/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contencioso-administrativo contra el R.D. 2402/2004, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 104 de la Ley 25/1990 del Medicamento. En cuanto a la falta de intervención del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud respecto de la elaboración del Plan Estratégico de Política Farmacéutica, por tratarse de un ámbito llamado a una gestión participativa, tal omisión no implica que el Real Decreto 2402/2002 incurra en un motivo de ilegalidad causante de la nulidad de la norma cuestionada. Por otra parte, que la reforma impacte en la Comunidad Autónoma recurrente en la forma en que cuantifica, tanto por la bianualidad de la rebaja lineal, como la trianualidad de la suspensión del sistema de precios de referencia, no es en sí motivo de ilegalidad. El art. 2 no prevé criterios objetivos y contrastables de revisión coyuntural, susceptibles de control mediante su integración. Pese a ello, se desestima el motivo de impugnación con base en criterios de legalidad, pues el precepto impugnado efectúa un estricto desarrollo del art. 104 de la Ley 25/1990. Y en todo caso, aparte de que tal revisión siempre se encontrará sometida a las exigencias de la Directiva 85/105/CEE, la norma impugnada debe ser entendida con una vigencia coyuntural, previendo el art. 91 de la ley 29/2006 que la revisión se haga "cuando cuando lo exijan cambios en las circunstancias económicas, técnicas, sanitarias o en la valoración de su utilidad terapéutica".
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Granada
  • Ponente: MARIA LUISA MARTIN MORALES
  • Nº Recurso: 380/2010
  • Fecha: 18/11/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto del recurso es el Decreto de la Junta de Andalucía 307/2009 de 21 de julio por el que se define la actuación de las enfermeras/os en el ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía Las cuestiones que plantea el recurrente fueron ya examinadas en recurso seguido ante la misma Sala se deduce por la actora que con esta regulación se atribuye a los enfermeros/as por parte de la Junta de Andalucía la facultad de diagnóstico de enfermedades, a los que carecen de titulación y capacidad para ello. La Sala desestima el recurso: deja claramente el Decreto establecido que sólo se podrá usar e indicar medicamentos que de acuerdo con la normativa vigente no estén sujetos a prescripción médica. En cuanto a los alegatos de la parte actora acerca de la falta de competencia de la junta de Andalucía para la regulación por Decreto de dicha materia se rechaza igualmente porque dicho Decreto se dictó en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, según el cual corresponde a la Comunidad Autónoma, la competencia compartida en materia de sanidad. La disposición reglamentaria no permite en modo alguno a los enfermeros prescribir medicamentos por tanto la regulación que en él se hace por parte de la Comunidad Autónoma no invade competencia sobre ejercicio de la profesión que corresponde al Estado No se ha producido infracción del principio de reserva de ley y de desarrollo reglamentario estatal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Bilbao
  • Ponente: JOSE ANTONIO ALBERDI LARIZGOITIA
  • Nº Recurso: 1716/2011
  • Fecha: 20/03/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas contra el acto recurrido que autoriza a un establecimiento sanitario a publicitar un servicio de asistencia telemática a domicilio para los clientes que por distintos motivos no estén en condiciones de acudir al establecimiento, de forma que un profesional del centro autorizado se desplaza al domicilio del usuario del audífono poniéndole en contacto, vía telemática, con el audioprotesista que permanece en el establecimiento sanitario. Lo que se publicita es una revisión telemática a cargo del profesional autorizado, limitándose la persona que se acerca al domicilio del cliente a facilitar la conexión del mismo con el profesional por vía telemática. No es cierto que el servicio entraña una prestación sanitaria por personas no competentes profesionalmente, toda vez que la persona que acude al domicilio del cliente lo que hace es conectarle telemáticamente con el establecimiento en el que quien presta el servicio necesario es un profesional con la debida titulación y capacitación y que cuenta con la autorización administrativa necesaria. Claramente se refiere a un mejor servicio profesional para "nuestros clientes", pero es que aunque el servicio se ofreciera a usuarios que no lo son, la demanda no llega a concretar en qué infracción jurídica incurre el mensaje que vicie de nulidad la resolución recurrida. No se publicita una actividad de venta ambulante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ENRIQUE LECUMBERRI MARTI
  • Nº Recurso: 2969/2006
  • Fecha: 29/09/2009
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala de instancia anuló la decisión de la Administración sanitaria de imponer un visado previo a la dispensación de determinados medicamentos, al no encontrar razones objetivas para su establecimiento. Se desestima en primer lugar el recurso del Estado, al no cuestionar el juicio lógico de la sentencia impugnada. Igual suerte corre el recurso formulado por la farmaceútica reclamando ser indemnizada por la reducción de las ventas, pues, al contrario de lo sostenido por ella, los perjuicios no habían sido reconocidos por la Administración. Es más, la dispensación del medicamento no acarrea de suyo un perjuicio siempre que fuera correctamente recetado por el facultativo competente. En fin, su pretensión de cuantificarse los perjuicios en sede de ejecución de sentencia, quedaba condicionada a la prueba previa de su existencia.