Resumen: Se tratan cuestiones de autoría y complicidad. Se califica de complicidad la contribución en la realización de los hechos de las recurrentes, dado su conocimiento anterior, el asentimiento con la acción homicida y la previa ejecución de su contribución (accesoria) aunque se proyectara sobre actos posteriores a dar muerte a la víctima. Se resuelve sobre la responsabilidad civil: es de recordar que el sistema de cuotas incide en cada uno de los obligados respecto a los demás, también obligados, pero no respecto a los perjudicados, quienes pueden exigir la totalidad de lo debido a cualquiera de ellos, dado el carácter solidario de la responsabilidad frente a los perjudicados, sin perjuicio de que una vez satisfecha la deuda por el reclamado, éste se convierta en acreedor de los demás en la cuota-parte que a cada uno de ellos hubiera sido asignada. La responsabilidad civil se hará efectiva primero mediante el patrimonio del autor, y subsidiariamente, de las cómplices, por partes iguales y mediante el mecanismo de solidaridad entre ellas frente al perjudicado, todo ello conforme ordena el art. 116 del Código Penal.
Resumen: El atestado, salvo en cuanto recoja diligencias no reproducibles que hayan de ser ratificadas en el plenario, no debe aportarse junto al testimonio emitido conforme al artículo 34 de la LOTJ, Ello sin perjuicio de que es posible entregar el testimonio a las partes cuando lo soliciten, en los casos en los que ya se haya ratificado a presencia judicial, pues en ese caso, el contenido de lo declarado puede no aparecer en la ratificación, pudiendo acudirse al contenido de lo declarado en el atestado. Aunque los hechos cuya existencia sostienen las partes han de quedar plasmados con claridad en función de su relevancia jurídica, debe evitarse la reiteración del planteamiento de aspectos que ya queden resueltos en las respuestas a otros apartados del referido objeto del veredicto. En consecuencia, no darán lugar a la nulidad del juicio las omisiones de cuestiones fácticas en los apartados propuestos por las partes cuando puedan ser solucionadas a través de las respuestas requeridas del jurado respecto de otros apartados distintos del objeto del veredicto. La atenuante de arrebato y obcecación radica en una sensible alteración de la personalidad del sujeto cuya reacción de tipo temperamental ante estímulos externos incide sobre su inteligencia y voluntad, mermándolas en relación de causa a efecto y en conexión temporal.
Resumen: La alevosía no puede resultar del hecho de que, alcanzada la víctima, el recurrente comience a golpearla en la cabeza hasta hacerla caer al suelo y, una vez allí, sin solución de continuidad, continúe golpeándola de la misma forma hasta causarle la muerte, pues se trata de un caso de continuidad en la agresión sin cambios cualitativos respecto de la forma no alevosa en que se inició. No siendo los hechos probados suficientemente expresivos respecto de la situación en la que se inicia esta segunda fase de la agresión, hemos de entender que la situación de indefensión a la que se hace referencia en la sentencia es una consecuencia de los primeros golpes propinados, que conducen a la víctima hasta el muro, aprovechando entonces que cae al suelo y que queda atrapado entre los agresores y el muro, para continuar la agresión hasta el final. Esos hechos no permiten la apreciación de la alevosía, pues la agresión no se inicia de forma alevosa y la ausencia de posibilidades de defensa es una consecuencia de la misma agresión, sin que concurra solución de continuidad ni un cambio cualitativo relevante. En el caso, la agresión se ejecutó por dos personas contra una y en unas circunstancias en las que pudieron conducir al agredido, golpeándolo, hasta un muro, donde, atrapado entre éste y los agresores, cayó al suelo, continuando aquellos con la agresión, aprovechando, por lo tanto, la situación de inferioridad existente desde un principio. Es de apreciar, pues, abuso de superioridad.
Resumen: El TS afirma que, además de no estar acreditada la incorporación de los jurados suplentes y su participación en la deliberación, la declaración de nulidad exigiría que la incorporación hubiese causado una material indefensión del acusado o una efectiva perturbación de la libre deliberación de los jurados titulares. La presencia de los jurados suplentes durante la deliberación constituye una irregularidad procesal por contravención legal. Sin embargo, para que pueda calificarse como una vulneración constitucional del derecho a un juicio con todas las garantías, con la drástica consecuencia de la anulación y repetición del juicio por otro Tribunal distinto, es necesario que esta irregularidad formal materialmente menoscabe la posición del recurrente respecto de su derecho a obtener un pronunciamiento imparcial. Asimismo, el TS recuerda su doctrina para que las declaraciones autoinculpatorias puedan ser valoradas como pruebas de cargo única para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, de conformidad con la doctrina constitucional.
Resumen: Se descarta la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por cuanto la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, recoge una valoración expresa, detenida y detallada de las pruebas de cargo relacionadas en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, con la que coincide en las conclusiones alcanzadas. Repasa las pruebas valoradas por el Tribunal del Jurado para llegar a idéntica conclusión. Se acepta la alevosía al haber quedado acreditado que el acusado era consciente de que la víctima no tenía ninguna posibilidad de huir o de defenderse del ataque mortal, puesto que en ese momento se encontraba completamente inmovilizado.La individualización judicial de la pena llevada a cabo en la apelación por el Tribunal Superior de Justicia, asumiendo y confirmando el criterio de la Audiencia, es adecuada y ponderada en orden a la gravedad de los hechos y a las circunstancias personales del recurrente.
Resumen: La alevosía agrava el delito de homicidio cuando el dolo del autor abarca, no solo el hecho de la muerte, sino también el particular modo en que la alevosía se manifiesta, queriendo dar muerte a su víctima aprovechando una situación de indefensión en la que pueda encontrarse. Ni el relato histórico de la sentencia proyecta el aspecto subjetivo que precisaría la aplicación de la circunstancia de cualificación, esto es, el conocimiento y la voluntad del recurrente de aprovechar una situación de indefensión de su víctima para ejecutar con éxito la agresión, ni refleja tampoco el aspecto objetivo, en el sentido de que el ataque se ejecutara de un modo que asegurara el resultado homicida que se buscaba y que excluyera cualquier riesgo para el agresor proveniente de la defensa que pudiera hacer la víctima. Antes al contrario, el relato histórico refleja que las puñaladas se propinaron a pesar de que la víctima forcejeó con el acusado, mostrando con ello una capacidad de respuesta.La esquizofrenia paranoide es una enfermedad mental que no tiene por qué afectar siempre a las facultades sensoriales o de percepción de la persona que la padece, si bien existe un residuo patológico llamado defecto esquizofrénico que afecta al que sufre la enfermedad,. En el supuesto concreto no hubo brote y tampoco se apreció un comportamiento anómalo derivado de la enfermedad, por lo que nos encontraremos ante una atenuante analógica del núm. 7.º del artículo 21 del Código Penal.
Resumen: No puede existir infracción del acusatorio si la acusación lleva a cabo el anuncio al inicio del juicio la agravación del art. 22.4 CP, lo que descarta cualquier idea de acusación sorpresiva de la que hubiera sido la Defensa desconocedora o de la que no hubiera podido defenderse. Conoció desde un primer momento que se estaba acusando de esa agravante y pudo llevar a cabo lo procedente a sabiendas de que era objeto de la acusación. En todo caso, la agravante se interesaba en las conclusiones por lo que no quiebra el principio acusatorio, y respecto del derecho de defensa, se formuló antes del inicio del juicio oral y de la prueba y no produce ningún tipo de indefensión, ya que no se explica en qué medida ésta se le causó. Cuando no hubiera sido procedente es si se hubiera dictado condena sin recoger en el relato de hechos probados la mención fáctica de la agravante. Ahí es donde hubiera sido inviable, pero no tal cual como ha ocurrido en el presente caso. La acusación incluye en el debate la agravante de género con una redacción acorde con su posibilidad de introducción en el relato fáctico si así surgiera de la prueba, y es lo que ocurre en este caso. Se lleva a cabo una situación de subyugación del sujeto activo sobre el pasivo, pero sin concretarse de forma exclusiva el ámbito de aplicación de la agravante sólo a las relaciones de pareja o ex pareja, sino en cualquier ataque a la mujer con efectos de dominación, por el hecho de ser mujer.
Resumen: La existencia de signos de defensa dejados por la víctima durante el episodio de la agresión no conduce, siempre y en todo caso, a neutralizar la aplicación de la agravante de alevosía. Se recuerda la compatibilidad del ataque alevoso (art. 139.1.1 CP) y el asesinato hiperagravado que tiene como víctima a personas singularmente vulnerables.El art. 140.1 del CP castiga con la pena de prisión permanente revisable el delito de asesinato cuando «la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad física o mental». Las dificultades surgen cuando la menor edad de la víctima ha sido ya determinante para la calificación del ataque como alevoso.La Sala considera que de lo que se trata es de responder a la cuestión de si la muerte alevosa de un menor cuya edad le inhabilita para cualquier defensa -hay menores que sí pueden defenderse-, impide un tratamiento agravado acorde con su mayor antijuridicidad. Y la respuesta que da es negativa. Concluye que la muerte alevosa de un niño siempre será más grave que la muerte alevosa de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme o se encuentra bajo los efectos de sustancias que le obnubilan. La condición de la víctima menor de 16 años de edad supone un fundamento jurídico distinto que justifica la decisión del legislador, y que no implica un mecanismo duplicativo (bis in idem) que impida la calificación en el art. 140.1.1º del Código Penal.
Resumen: La incongruencia omisiva es atendible en aquellos casos en que el tribunal no se pronuncie sobre el contenido de la pretensión, silenciando aspectos esenciales para la adecuada calificación de los hechos, sin perjuicio de la posibilidad de una desestimación implícita respecto de aquellas cuestiones que no han sido acogidas por el órgano decisorio. El control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. El motivo esgrimido al amparo del artículo 849.2 LECrim exige: 1) que se funde en verdadera prueba documental; 2) que evidencia error de algún dato o elemento fáctico o material; 3) que tal dato no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba; 4) que el dato contradictorio así acreditado sea importante para alterar el fallo. En la medida en que se aleje del mínimo legal se hará más patente la necesidad de explicar fundadamente la razón de la pena que se impone, motivación que en su corrección es controlable en casación por la vía de la corriente infracción de ley. En la coautoría existe una corresponsabilidad de los copartícipes respecto al resultado que finalmente se produzca en la ejecución del delito.
Resumen: No hay obstáculo para que si comparece en el juicio, acompañado de abogado, se permita la personación de la víctima "apud acta" incorporándose con plenitud de derechos y sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas. La determinación del ámbito de competencia del Tribunal del Jurado se obtiene por la aplicación combinada de los arts. 1 y 5 de la LOTJ, interpretados conforme al acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 9 de marzo de 2017. Si nos centramos en la relación funcional entre los delitos contra la libertad sexual y contra la vida por los que B. ha resultado condenado, sería de aplicación el apartado 6 del citado acuerdo, según el cual, « en los casos de relación funcional entre dos delitos (para perpetrar, facilitar ejecución o procurar impunidad) si uno de ellos es competencia del Tribunal del Jurado y otro no, conforme al art. 5.2.c) de la Ley del Tribunal del Jurado, se estimará que existe conexión conociendo el Tribunal del Jurado de los delitos conexos». Y si a lo que atendemos es a la unidad de designio, cobra especial valor el párrafo segundo del apartado 5: « cuando se atribuyan a una sola persona varios hechos delictivos cometidos simultáneamente en unidad temporo- espacial y uno de ellos sea competencia del Tribunal del Jurado, se considerarán delitos conexos por analogía con lo dispuesto en el art. 5.2 de la LOTJ, por lo que, si deben enjuiciarse en un único procedimiento, el Tribunal del Jurado mantendrá su competencia sobre el conjunto.