Resumen: La STS desestimando los recursos, recuerda la doctrina jurisprudencial relacionada con la dispensa del deber de declarar, subrayando que debe incluir a aquellas personas que mantengan vínculos de afectividad análogos al matrimonio, debiendo advertírseles de estas posibilidad; en el caso, no consta suficientemente acreditada la ruptura de la relación que hiciera inexigible la información a la testigo de su derecho a no declarar, notificación que hubiera dado lugar a que la propia testigo dejase constancia de la desaparición del presupuesto de la causa de exoneración. La exclusión, en cualquier caso, al ser restrictiva del derecho a no declarar, debe ser objeto de interpretación estricta y de prueba inequívoca. La sentencia construye un juicio razonable, basado en prueba suficiente, sobre el papel esencial del recurrente, aunque no fuera el autor material del disparo. No se observa una falta de claridad fáctica, como tampoco incongruencia omisiva alguna. La implícita petición de condena del acusado absuelto resulta inatendible, al pretender un nuevo juicio de culpabilidad con nueva valoración de pruebas personales, y no de cuestiones meramente jurídicas. No concurren elementos fáctico que permitan aplicar el subtipo atenuado en la tenencia ilícita de armas, estando debidamente justificada la pena impuesta.
Resumen: Se confirma la condena por asesinato al concurrir la circunstancia de alevosía en cuanto que el ataque, golpe con un cenicero en la sien, fue sorpresivo y eliminaba cualquier posibilidad de defensa de la víctima. La sola desaparición del cuerpo no integra el delito de profanación, al no rebasarse el autoencubrimiento impune. No cabe en casación, ante la absolución, alterar los hechos sin previa audiencia del procesado. Se condena por delito contra la integridad moral, sin necesidad de modificación fáctica, por el daño causado a los familiares derivado de las cambiantes versiones del acusado sobre lo sucedido y sobre el paradero del cadáver. Se condena asimismo al autor material al pago de los gastos generados por la búsqueda del cadáver, en concepto de costas derivadas de la instrucción de la causa. Se considera vulnerada la tutela judicial efectiva de las acusaciones y, sin declarar la nulidad del juicio, se declara la nulidad parcial de la sentencia y se ordena el reenvío al mismo Tribunal que la dictó a los efectos de que se reexamine la posible participación como encubridor de uno de los acusados, valorando con respeto a las reglas de la lógica los elementos probatorios regularmente obtenidos y practicados atinentes a la fijación de la hora de salida del cadáver del domicilio donde se cometió el asesinato, en razón a que en la instancia se llevó a cabo una valoración arbitraria e ilógica a ese respecto, lo que acarrea la quiebra del derecho fundamental mencionado.
Resumen: Se expone la jurisprudencia en relación con la incongruencia omisiva y señala la sentencia que no ofrece el cauce para instar de un incidente de nulidad que tiene sus propias reglas. Con cita de la doctrina jurisprudencial al respecto se rechazan los motivos por falta de claridad, contradicción y predeterminación del fallo. Se estima correcta la calificación de los hechos como delito de asesinato recogiéndose la jurisprudencia sobre la alevosía que en este caso se estima concurrió pues el acometimiento fue inesperado sin que se ofreciera al agredido un mínimo margen para la reacción defensiva. Se rechaza la concurrencia de las atenuantes postuladas pues no existen en el relato histórico presupuestos fácticos sobre los que construirlas. Ni las diligencias policiales, ni la declaración judicial del condenado ni el acta del juicio oral, son documentos a efectos casacionales. Se rechaza la vulneración del derecho a la presunción de inocencia con cita de la jurisprudencia al respecto. Finalmente en relación con el principio in dubio pro reo señala la sentencia que el principio in dubio pro reo sí puede ser invocado para fundamentar la casación, cuando resulte vulnerado su aspecto normativo, es decir, en la medida en la que esté acreditado que el Tribunal ha condenado a pesar de su duda.
Resumen: El TS confirma la sentencia dictada por el TSJ en el procedimiento del Jurado que condena a los recurrentes por tres asesinatos con ensañamiento y tentativa de robo en una joyería. Existe suficiente prueba de cargo basada en la declaración de dos testigos presenciales que ven salir de la joyería a los acusados y los restos biológicos apreciados en las armas. El TS declara la compatibilidad constitucional del recurso de casación frente a sentencias dictadas en apelación por el TSJ. Y se declara la comunicabilidad de los delitos de asesinato al partícipe que no intervino directamente en las muertes sino que acude con este a la joyería, reforzando con su presencia las acciones del otro acusado e impidiendo a las víctimas que salieran del local a pedir auxilio. Se recoge la doctrina jurisprudencial de la Sala sobre la comunicabilidad a los partícipes de los hechos cometidos por otros.
Resumen: Se estima el motivo por inexistencia de prueba de cargo bastante, porque, por un lado, el informe pericial no era suficiente para acreditar la participación en los hechos de la acusada, dándose, además, en la ratificación del denominado informe pericial de inteligencia, una extralimitación, al solicitarse a los peritos un juicio sobre la autoría, pero en particular porque se dio como válido el reconocimiento fotográfico hecho y ratificado en otro procedimiento. El documento que el Tribunal tomó en consideración era el acta de la vista oral del enjuiciamiento del coimputado. La importación de un procedimiento a otro de pruebas personales debe hacerse garantizando el principio de contradicción. Además, la ausencia al acto de la vista oral testigo no era inevitable. No consta que se realizarán las indagaciones suficientes para obtener a su localización y citación.
Resumen: La circunstancia de abuso de superioridad no es una agravante de naturaleza estrictamente objetiva sino mixta. Fácilmente se llega a la conclusión de que cuando la superioridad objetiva es deparada, además de la notoria desproporción física entre agresor y víctima, por el arma que tiene el primero y de la que carece la agredida, debe bastar, a causa de la evidencia que en tal caso tiene la desigualdad, la mera conciencia de la situación y la voluntad de realizar la acción aprovechándola. Lo que quedó fuera del ámbito de la apelación, no puede ser objeto del recurso de casación. Cabe la revisión de los juicios de inferencia que haya alcanzado el Jurado, pero sólo a través del análisis que de esta cuestión haya efectuado y valorado el Tribunal de apelación. La habitualidad no debe interpretarse en un sentido jurídico de multireincidencia en falta de malos tratos -lo que podría constituir un problema de non bis in idem-. Parece más acertado optar por un criterio naturalístico, entendiendo por habitualidad la repetición de actos de idéntico contenido, pero no siendo la pluralidad la que convierte a la falta en delito, sino la relación entre autor y víctima más la frecuencia que ello ocurre, esto es, la permanencia del trato violento, de lo que se deduce la necesidad de considerarlo delito autónomo. Lo básico es el contexto sociológico de desequilibrio en las relaciones: eso es lo que el legislador quiere prevenir; y lo que se sanciona más gravemente en el art. 153.1 CP.
Resumen: La STS, con desestimación del recurso presentado por el penado, recuerda el Acuerdo de Sala de 26/05/2009: "En los procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, la simple alegación de que el acto jurisdiccional limitativo del derecho al secreto de las comunicaciones -en este caso de la inviolabilidad del domicilio-, es nulo, porque no hay constancia legítima de las resoluciones antecedentes, no debe implicar sin más la nulidad. En tales casos, cuando la validez de un medio probatorio dependa de la legitimidad de la obtención de fuentes de prueba en otro procedimiento, si el interesado impugna en la instancia la legitimidad de aquel medio de prueba, la parte que lo propuso deberá justificar de forma contradictoria la legitimidad cuestionada. Pero si conocido el origen de un medio de prueba propuesto en un procedimiento, no se promueve dicho debate, no podrá suscitarse en ulteriores instancias la cuestión de la falta de constancia en ese procedimiento de las circunstancias concurrentes en otro relativas al modo de obtención de las fuentes de aquella prueba". En relación con la obtención de objetos con ADN de los posibles implicados en los hechos, se recuerda también que el Pleno de Sala de 31/01/2006 ya estableció: "La Policía Judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicas abandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial". En ambos casos resulta lícita la prueba aquí obtenida, sin vulneración de derechos.
Resumen: En el caso concreto se aprecia que los recurrentes no sólo decidieron ejecutar el hecho conjuntamente con los menores (elemento subjetivo de la coautoría), sino que además intervinieron de forma activa en la fase de ejecución del mismo (elemento objetivo). De una parte, apoyando con su presencia la agresión ejecutada por el menor con el bate de béisbol sobre la cabeza de la víctima, de modo que el agresor sabía que contaba con la ayuda y la colaboración relevante de los recurrentes. Y, de otro lado, interviniendo activamente en una segunda fase de la agresión cuando la víctima cayó inconsciente en el suelo debido a la acción del menor, instante en que los acusados, que se mantenían a la expectativa, propinan patadas al sujeto que se hallaba inerte sobre el pavimento. Por consiguiente, la existencia de un plan conjunto previo, su control y supervisión de la acción cuando el menor agredía con el bate a la víctima, y su intervención en la segunda secuencia de los hechos constatan su coautoría. De modo que aunque no propinaran los golpes que, al parecer, conllevaron mayor riesgo para la vida del denunciante, sí han de serles también atribuidos a los procesados, de acuerdo con el principio de imputación recíproca. Los acusados planificaron la acción agresora de una forma que aseguraba su ejecución al eliminar la posible reacción de la víctima, con lo cual se evitaban los posibles riesgos de una reacción en contra de los agresores. Se está ante un supuesto prototípico de alevosía.
Resumen: No constituye tortura el permanecer con las esposas puestas durante la vista oral. Las preguntas a los testigos eran impertinentes y estaban adecuadamente denegadas. No hubo prueba denegada: simplemente se denegó a los testigos declarar en videoconferencia. Las atenuantes invocadas no fueron acreditadas en absoluto. La tramitación de la causa se dilató por su complejidad. Las expresiones que se pretenden predeterminantes son de simple lenguaje coloquial. No procede la prescripción por ser delitos conexos. Los hechos probados describen un delito de detención ilegal. Hay además autoría por la actuación en concierto. Hubo prueba de cargo racionalmente valorada. No hay expresiones en la sentencia que permitan acogerse al principio in dubio pro reo. Las eximentes y atenuantes invocadas carecen de cualquier base fáctica que las apoye. No se intenta acreditar error de hecho sino imponer una valoración nueva y parcial. No constan los datos precisos para la apreciación de la reincidencia. No hubo acusación por quebrantamiento de condena: se vulnera el principio acusatorio. Las lesiones constituyen delito por exigir más de una primera asistencia facultativa. No procede la prescripción por no haber habido paralización. Fue válida la valoración de las declaraciones sumariales por haberse prestado ante letrado defensor y llevarse a la vista oral. Improcedencia de la condena por responsabilidad civil. No hay vinculación efectiva de los beneficiarios respecto del perjudicado.
Resumen: Preceptiva aplicación de la prohición de residir o acudir a la ciudad donde residen los hijos de la víctima. Correcta individualización de la pena impuesta, sin imponer la máxima pena posible pese a la gravedad y execrabilidad de los hechos, para dejar margen a la posible exasperación en casos similares en los que concurra otra agravante. La interposición de al vía del error de hecho no implica una valoración que se reputa por el recurrente errónea sino un vacío esencial o un error evidente deducible del tenor del documento. El delito de malos tratos se define por el verbo "causare" y por la existencia de una lesión, lo que, en principio, excluye la posibilidad de una comisión por omisión. La condena por violencia habitual en el ámbito doméstico no excluye la posibilidad de la condena separada de los actos violentos. Éstos han de ser directametne atribuibles al acusado. De los documentos invocados se puede desprender que la conducta del acusado produjo efectos negativos en la psíque de las víctimas, pero ello, en ausencia de actos lesivos concretos debe quedar consumido en el delito de violencia habitual. La falta de claridad no se identifica con la constancia absoluta de todos los detalles. La insistencia o reiteración en las amenazas no hace nacer tantos delitos como actos intimidantes se ejecutan, sino que se da un único tipo penal. La discusión previa no elimina la alevosía al sacar el arma súbitamente el acusado, sin que la víctima lo esperase.