Resumen: Admisión. Valoración catastral. Aclarar si la doctrina sentada en las SSTS de Sala Tercera, Sección Segunda, de 5 de marzo de 2019 (RRCA 1431/2017 y 4520/2017) y de 30 de enero de 2020 (RCA 3412/2018) es trasladable a supuestos en los que, aun estando los terrenos clasificados catastralmente como urbanos por estar ubicados en ámbito espacial sectorizado con ordenación pormenorizada, no se ha desarrollado su programación urbanística; de modo tal, que pudiera entenderse que los terrenos afectados deber ser clasificados como suelo rústico no urbanizable o rústico a efectos de valoración catastral y de la eventual nulidad de declaraciones giradas en concepto de impuesto de bienes inmuebles. Precedentes relacionados: autos de 16 de octubre de 2020 (RCA 1196/2020) y de 6 de noviembre de 2020 (RRCA 2253/2020 y 3420/2020).
Resumen: Efectos de la declaración de nulidad de una ponencia de valores. Ausencia de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles posteriores.
Resumen: Efectos de la declaración de nulidad de una ponencia de valores. Ausencia de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles posteriores.
Resumen: Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: determinación del valor del terreno en el momento de la transmisión cuando no estaba individualizado el mismo en la escritura correspondiente. Necesidad de fijarlo cuando no son comparables las magnitudes de compra y venta (la adquisición se refería solo al terreno y la transmisión se proyectaba sobre el total del bien inmueble, esto es, suelo más construcción), para determinar si existía o no incremento gravable (y, por tanto, el hecho imponible del impuesto que nos ocupa). El método consistente en la proporción que represente en la fecha de la transmisión el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total del bien inmueble puede ser apto para obtener el valor del terreno cuando no se conozca el valor atribuido al suelo, pero no puede otorgarse a dicho método el carácter de exclusivo o único ni, desde luego, imponerse a cualesquiera otros medios de prueba admitidos en derecho, que podrán ser legítimamente utilizados por el interesado para determinar el valor del suelo y que serán libremente valorados por el órgano judicial conforme a las reglas de la sana crítica.
Resumen: Comparabilidad entre los fondos de pensiones residentes en Canadá, sin establecimiento permanente en España, y los fondos de pensiones residentes en España. El diferente tratamiento tributario de los dividendos percibidos de sociedades residentes en España puede suponer una restricción a la libre circulación de capitales contraria al Derecho de la Unión Europea. Se declara el derecho a la devolución de las retenciones soportadas sobre los dividendos percibidos de entidades residentes en España en el primer trimestre de 2008, al haberse aportado documentación relativa al funcionamiento y estructura de los planes y fondos de pensiones de Canadá y a las normas reguladoras del fondo, cumpliendo así con las exigencias del artículo 14 TRLIRNR, tras la reforma operada por la Ley 2/2010, de 1 de marzo, para permitir la exención de dividendos a entidades residentes en Estados miembros de la UE y, más adelante, del EEE.
Resumen: La Sala mantiene el criterio ya establecido en numerosas sentencias precedentes y considera que en el caso de autos no puede considerarse que la operación de fusión de la que trae causa la minuta originariamente impugnada puede integrarse en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras. La regla de aplicación del arancel registral que se contempla en la disposición adicional segunda de la Ley 8/2012, ni supuso modificación con carácter permanente del arancel registral, ni comportaba especialidad alguna en relación con el ámbito objetivo de la citada Ley, que en todo su contenido -también en esta materia de honorarios registrales- se condiciona a los procesos de integración y reestructuración de entidades financieras, ya delimitadas en el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero. Por lo expuesto, ha de concluirse que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario.
Resumen: Le es posible al contribuyente solicitar una segunda vez -y obtener respuesta de fondo por parte de la Administración, que es obligada-, la rectificación de la autoliquidación formulada y la devolución de ingresos indebidos derivados de tal acto, en tanto no se consume el plazo de prescripción del derecho establecido en el artículo 66.c) de la LGT.
Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmueble (IBI).- Exención prevista para fundaciones en el artículo 15.1 de la Ley 49/2002.- Ejercicio en el que debe apreciarse tal exención: en el de constitución de la fundación o bien en el siguiente, toda vez que a fecha de devengo del IBI no se encontraba aún constituida tal fundación.
Resumen: Interpretación del término "ausencias temporales" del artículo 28.1.1º de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, a los efectos del cómputo de días al año de permanencia en el territorio de una Comunidad Autónoma.
Resumen: a) Determinar, si una determinada Administración (en el caso, la autonómica), puede derivar la responsabilidad subsidiaria cuando la declaración de fallido del deudor principal, ha sido efectuada por otra Administración (en el caso, la estatal). b) En caso de respuesta afirmativa al anterior planteamiento, determinar en qué momento se inicia el plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables subsidiarios, si desde la declaración de fallido del deudor principal (efectuada por una determinada Administración) o desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal (efectuada por una Administración distinta). c) En caso de respuesta afirmativa al primer planteamiento, precisar, en interpretación del artículo 67.2, párrafo tercero, LGT, si el plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables subsidiarios se interrumpe por la emisión de la providencia de apremio notificada al deudor principal con posterioridad a su declaración de fallido.
