Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que desestimó una pretensión de nulidad por error en el consentimiento de un contrato swap, al apreciar que había caducado la acción, fijando como plazo inicial de ese computo el momento en que se empezaron a recibir liquidaciones negativas. La sala reitera su doctrina jurisprudencial, iniciada con la sentencia 89/2018 de 19 de febrero: en los contratos de swaps o "cobertura de hipoteca" no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. En el caso litigioso desde la extinción del contrato hasta la presentación de la demanda, no había transcurrido el plazo de cuatro años. Se asume la instancia y se confirma la sentencia de primera instancia, que estimó la demanda. El incumplimiento del deber información precontractual, con la claridad y precisión necesarias, sobre la naturaleza y riesgos que se asumía con el contrato, en especial la posibilidad de recibir liquidaciones negativas de elevada cuantía y el coste de cancelación anticipada, permite apreciar como concurrente el error sufrido con la calificación jurídica de excusable. El abono de las liquidaciones negativas no comporta un acto de confirmación del contrato.
Resumen: La apreciación de error en el consentimiento -por el desconocimiento de los riesgos que entrañaba el contrato al haberse referenciado la cuenta de crédito a la moneda del yen japonés (su depreciación frente al euro)- que sea sustancial, relevante e inexcusable, vicia la totalidad del contrato, pero no sólo la parte correspondiente a la divisa en que se concertó el préstamo con la subsistencia del resto del contrato. La posibilidad de una nulidad parcial que afectara únicamente a las cláusulas relativas a la opción multidivisa puede darse cuando la acción ejercitada es la de nulidad fundada en el carácter abusivo de las cláusulas relacionadas con la opción multidivisa, pero no en el caso en el que la acción ejercitada es de nulidad por error vicio. En el caso, solicitada en la demanda la nulidad por error vicio de las cláusulas de opción multidivisa y de las cláusulas relacionada con la misma, las sentencias de primera y segunda instancias estimaron la demanda y declararon la nulidad parcial del contrato con la eliminación de las referencias a la denominación en divisa del préstamo, quedando este como un préstamo en euros y amortizado en euros; estimación del recurso de casación y asunción de la instancia con estimación del recurso de apelación y desestimación de la demanda.
Resumen: Recurso de casación admisible: existe interés casacional; no se altera la base fáctica de la sentencia recurrida y los preceptos que se citan son homogéneos y coordinados. Cómputo del plazo de caducidad de la acción de nulidad por error vicio en los contratos de swap: la consumación del contrato tiene lugar con el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. En consecuencia, el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de anulabilidad por error vicio no debe adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento del mismo. Comercialización de productos financieros complejos con clientes no expertos: corresponde a la empresa de servicios de inversión facilitar la información legalmente exigible y no a sus clientes averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión, ni buscar por su cuenta asesoramiento experto, ni formular las correspondientes preguntas. Deber de información y carga de la prueba. Alcance de la obligación de información de la entidad financiera al cliente no experto en contratos anteriores a la incorporación al Derecho español de la normativa MiFID. Doctrina jurisprudencial sobre el incumplimiento de las obligaciones de información y su incidencia en el error vicio.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que desestimó la pretensión de nulidad parcial de un préstamo multidivisa al considerar que el prestatario era conocedor de las características esenciales del préstamo y de los riesgos que asumía. La sala declara que las cláusulas litigiosas superan el control de incorporación, porque los adherentes tuvieron la posibilidad de conocerlas, al estar incluidas en la escritura pública y ser gramaticalmente comprensibles, dada la sencillez de su redacción. No es incompatible ser consumidor e inversor siempre que la inversión no tenga carácter profesional. Pero ello no impide que el perfil inversor del consumidor pueda ser tenido en cuenta a efectos de comprobar si hubo transparencia en la contratación. Está probado que el prestatario conocía los riesgos del préstamo, y con esa base probatoria no es posible afirmar que la cláusula multidivisa no superase el control de transparencia. Solo cuando no se supera el control de transparencia es posible realizar el control de contenido sobre los elementos esenciales del contrato; no cabe un control de abusividad directo. No procede plantear cuestión prejudicial. Tampoco hubo error. Delimitación del control judicial de oficio: no puede llegar hasta el punto de que se ignoren o sobrepasen los límites del objeto del litigio tal como las partes lo hayan definido en sus pretensiones; el juez no está obligado a ampliar el litigio más allá de las pretensiones formuladas
Resumen: La acción de responsabilidad individual de los administradores sociales supone una especial aplicación de la responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario que cuenta con regulación propia. Es una responsabilidad por ilícito orgánico, cuyos presupuestos son: un comportamiento activo o pasivo de los administradores; que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal; que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal; que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño; que el daño que se infiere sea directo al tercero, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y la relación causal entre la conducta antijurídica y el daño directo ocasionado al tercero. No puede recurrirse indiscriminadamente a esta acción por cualquier incumplimiento contractual de la sociedad, y de ahí la importancia de esos requisitos. En el caso, declarada judicialmente la existencia de un enriquecimiento injusto por un cobro indebido por parte de la sociedad, la negativa reiterada e injustificada a su restitución genera responsabilidad individual del administrador. La pasividad del administrador, al omitir adoptar las medidas necesarias para restituir el cobro de lo indebido por parte de la sociedad, supone un incumplimiento de su obligación de desempeñar su cargo con diligencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. La Sala Tercera ya ha fijado ya doctrina en relación con la cuestión que suscita interés casacional en el presente recurso. En efecto, en reiteradas sentencias de esta Sala se ha conocido de recursos interpuestos por la misma Corporación Municipal de Marbella suscitando idéntica cuestión. Por ello se está a lo ya declarado, entre otras muchas, en la sentencia 1370/2020, de 21 de octubre, dictada en el recurso de casación 6848/2019. Y teniendo en cuenta que, frente a lo que se alega por la parte recurrida, lo que se cuestiona aquí es el criterio mantenido por la Sala de instancia en cuanto a la prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos, como señala el art. 93.1 LJC. En efecto, dicha cuestión, planteada en los mismos términos, ya ha sido examinada por esta Sala en varias sentencias como las de 2 de marzo de 2020 (rec. 2782/2019) y 15 de junio de 2020 (rec. 2968/2019) que recogen el criterio establecido en la sentencia de 20 de enero de 2020, dictada en el recurso 694/2018, a la que se refiere la parte, que constituye jurisprudencia consolidada y que, por lo tanto, ha de mantenerse. En el supuesto de las reclamaciones basadas en el incumplimiento de convenios urbanísticos, el plazo de prescripción de la acción es el establecido con carácter general en el Código Civil para el cumplimiento de las obligaciones.
Resumen: Se desestiman los recursos formulados contra la sentencia que reconoció el derecho de separación por falta de reparto de dividendos tras una junta celebrada el 15/10/2011, sobre el ejercicio 2010, aplicando el art. 348 bis LSC en versión de la Ley 25/2011 (en vigor el 2/10/2011) y entendiendo que el voto en contra de que los beneficios se destinaran a reservas era suficiente para entender cumplidos los requisitos de la norma. Infracción procesal: en la audiencia previa se impugnó el valor probatorio de los documentos discutidos, pero no su autenticidad, y no se recurrió en reposición su admisión, por lo que no se denunció en su momento el supuesto defecto procesal que ahora pretende combatir. El acta notarial sobre el desarrollo de la junta puede completarse con una diligencia posterior y, en todo caso, la decisión sobre lo realmente votado en la junta es jurídica y no fáctica. Casación: la Ley 25/2011 no contenía transitoria sobre el art. 348 bis LSC, por lo que es correcta la aplicación de la DT 1ª-CC (se rigen por la legislación nueva los derechos reconocidos por primera vez en ella). Pese a la literalidad de la norma, no se trata tanto de que vote a favor de que se distribuyan los dividendos (posibilidad que puede que no contemple como tal el orden del día), como de que vote en contra de que el resultado se aplique a otros fines diferentes. En el caso, hubo una declaración de voluntad expresa de los socios de que el resultado se aplicara a la distribución de dividendos.
Resumen: Resolución de contrato para la construcción y explotación de un área de servicio por la declaración de concurso del contratista. Apertura de la fase de liquidación. En caso de concurrencia de esta causa de resolución con el incumplimiento culpable del contratista cabe apreciar que procede resolver por esta segunda causa.
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo inserta en préstamo hipotecario. El Juzgado Mercantil declaró la nulidad de la cláusula suelo impugnada por los demandantes. La demandada recurrió la sentencia y solicitó la desestimación de la demanda. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación exclusivamente en el extremo relativo a la condena en costas de primera instancia, al apreciar serias dudas de derecho. Recurre en casación la parte demandante y la sala estima parcialmente el recurso. La sala reitera su doctrina según la cual, en los litigios sobre cláusulas abusivas, el consumidor, pese a vencer en el litigio, tuviera que pagar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación, no se restablecería la situación que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva y, por tanto, el consumidor no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos; así, se produciría un efecto disuasorio inverso, pues no se disuadiría a los bancos de incluir las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino que se disuadiría a los consumidores de promover litigios por cantidades moderadas y, por tanto, se vulneraría el principio de efectividad del Derecho de la UE. Respecto de las costas de apelación y casación, al no regir en su imposición el principio del vencimiento, procede aplicar la regla general del art. 398 LEC, que no admite excepciones. Se estima en parte la casación.
Resumen: Resolución de contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje. La relevancia de las fianzas incautadas a efectos del cálculo de la "responsabilidad patrimonial de la Administración" ha de valorarse en la fase de liquidación de la concesión. Pérdida de objeto de este recurso contencioso-administrativo en lo atinente a la incautación de la fianza de construcción.
