• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER BORREGO BORREGO
  • Nº Recurso: 1640/2019
  • Fecha: 30/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y desestima el recurso contencioso administrativo, en los términos del fallo en vía casacional. Siguiendo la doctrina establecida por esta Sala, la resolución administrativa que fija el coste económico- financiero del uso del agua tiene carácter normativo y en tal sentido se considera una disposición de carácter general; que dicho coste unitario del agua ha de fijarse en aplicación de los criterios establecidos en el art. 326 bis.1.c) del RDPH; que la revisión de los costes del uso del agua establecido en la correspondiente resolución administrativa vendrá determinada por la norma legal habilitante y en este caso, a falta de otras previsiones específicas ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 326. bis.1.c) del RDPH, que establece la incorporación a los correspondientes planes hidrológicos de demarcación de los análisis y estudios económicos del uso del agua que deben elaborar los organismos de cuenca, lo que permite entender que la revisión de la disposición en cuestión habrá de producirse, al menos, en el mismo plazo de revisión del correspondiente plan hidrológico establecido en el TRLA; y que el importe fijado en la correspondiente disposición resulta de aplicación durante todo el periodo de vigencia de la misma".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4746/2019
  • Fecha: 25/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV, en Pleno, ha declarado que la relación existente entre un repartidor, rider, y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral. El Tribunal rechaza elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por no existir dudas razonables en relación con la aplicación del Derecho de la Unión. En cuanto a la calificación de la relación, tras una profusa e interesante labor argumental, sostiene que no concurren las condiciones exigidas por el art. 11.2 de la LETA para tener la condición de TRADE y si, por el contrario, las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. El Tribunal Supremo sostiene que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. La empresa presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación del servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, estando sujetos a las directrices organizativas fijadas por la empresa. La forma de prestación del servicio, como su precio y forma de pago se establecen por Glovo, que ha establecido instrucciones que le permiten controlar el proceso productivo. El 2º motivo- incongruencia de la sentencia- se desestima por falta de contradicción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 1625/2020
  • Fecha: 21/09/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La sección de admisión considera que el escrito de preparación presentado por el Ayuntamiento de Céndea de Cizur (Navarra) cumple con las exigencias del artículo 89.2 LJCA, habiéndose fundamentado con singular referencia al caso la concurrencia del supuesto del art. 88.2.c) LJCA, dada la evidente vis expansiva y trascendencia general de las cuestiones planteadas, por lo que en consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA en relación con el 90.4, admite el recurso de casación, precisando que la cuestión sobre la que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: Si en su ámbito competencial exclusivo en materia urbanística le es lícito a la Administración Autonómica establecer un sistema de resolución de conflictos y control de legalidad, respecto de actos provenientes de las Entidades Locales, de aplicación preferente al establecido en los arts. 65 y 66 LBRL y, en tal caso, si dicho régimen preferente puede contemplar el ejercicio autonómico y subsidiario de competencias locales en materia de disciplina urbanística respecto de actos que gocen de licencia municipal habilitante, sin haber instado y obtenido previamente la anulación de dicha licencia. Siendo las normas jurídicas objeto de interpretación los arts. 65 y 66 LBRL, 137, 140, 149.1.18, 148.1.3ª CE, 39.1, 47.1 y 106 LPACAP, así como 201 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, vigente art. 204 del Decreto Foral Legislativo 1/2017,de 26 de julio.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA MARIA MOLINA GUTIERREZ
  • Nº Recurso: 184/2020
  • Fecha: 14/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Conflicto colectivo. Se pide la declaracion de que las medidas de reestructuración iniciadas por BRITISH AIRWAYS y en otras empresas del GRUPO IAG tienen la consideración de transnacionales en los términos definidos en el Acuerdo de constitución del COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO y en consecuencia, está obligada a realizar los trámites de información y consulta con el Comité de empresa Europeo conforme con lo establecido en el acuerdo de constitución de este órgano; y se condene a IAG a realizar los trámites de información y consulta al comité de empresa Europeo dando cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de constitución acordado la paralización de las medidas anunciadas por las distintas compañías operadoras y de los procesos de consulta iniciados en Reino Unido; así como se adoptara también medida cautelar consistente en la paralización de las medidas anunciadas por las distintas compañías operadoras y de los procesos de consulta iniciados en Reino Unido hasta que se dictase Sentencia por la Sala. Considera la Sala que hemos de apreciar de oficio nuestra falta de competencia objetiva para conocer de la pretensión y declarar la competencia de los Juzgados de lo Social de Madrid a tal fin, por encontrarse allí el domicilio de la demandante y coincidir tal circunscripción con el ámbito del conflicto propuesto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 5442/2019
  • Fecha: 14/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de casación en el que la cuestión a dilucidar consistía en determinar si entre las funciones a encomendar a la mercantil estatal TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A (TRAGSATEC) cabe atribuir el auxilio material y la asistencia técnica en la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores. La Sala propone como respuesta que, como regla general, la tramitación de los procedimientos sancionadores incoados por las Administraciones Públicas han de ser tramitados por el personal al servicio de tales administraciones sin que sea admisible que, con carácter general, de permanencia y de manera continua, pueda encomendarse funciones de auxilio material o de asistencia técnica a Entidades Públicas Empresariales, sin perjuicio de poder recurrir ocasionalmente y cuando la Administración careciera de los medios para ello, al auxilio de Entidades Públicas Empresariales, como medios propios de la Administración, a prestar dicho auxilio o asistencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 2445/2020
  • Fecha: 11/09/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. Contratos de suministro en el mercado libre. Posibilidad de introducir pactos que supongan la facturación del término de potencia de forma diferente a la regulada en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre. Determinación de la Administración competente, en su caso, para decidir sobre la validez de tales cláusulas. Precedente: ATS de 3 de julio de 2020 (RCA 340/2020). La cuestión que reviste interés casacional es la siguiente: si en los contratos de suministro concertados en el mercado libre pueden pactarse formas de facturación del término de potencia diferentes de las establecidas en el Real Decreto 1164/2001; y, en su caso, qué administración (autonómica o estatal) es la competente para decidir sobre cuestiones relativas a la validez de este tipo de pactos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 3905/2017
  • Fecha: 09/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si la adquirente de la unidad productiva de una concursada resulta responsable de las obligaciones que la cedente tenía frente a personas despedidas con anterioridad. El recurso de casación unificadora solicita que se declare la inexistencia de sucesión de empresa y la ausencia de responsabilidad respecto de las deudas salariales e indemnizatorias anteriores a la adjudicación de la unidad productiva. La cuestión ha sido afrontada ya por la Sala Cuarta que explica que el art. 44 ET es plenamente aplicable y que la adquirente de la unidad productiva debe hacerse cargo de la responsabilidad derivada del despido respecto a los trabajadores cuyos contratos de trabajo ya se habían extinguido previamente, porque con la adjudicación en realidad se había producido el cambio de titularidad de una entidad económica que mantiene su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, y porque el artículo 44 ET es una norma de carácter imperativo y el apartado 4 del art. 148 LC conduce a la conclusión de que la norma no ha excluido que la adquisición de una unidad productiva en el seno del concurso suponga sucesión de empresa sino, al contrario, de forma indirecta está admitiendo que en dicho supuesto se produce sucesión de empresa, al remitir al artículo 64 LC los supuestos en los que las operaciones previstas en el plan de liquidación implicasen modificaciones sustanciales colectivas, traslados colectivos, suspensiones o extinciones colectivas de contratos.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA
  • Nº Recurso: 9/2020
  • Fecha: 31/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Despido colectivo. los umbrales cuantitativos establecidos en el artículo 51 del ET conforman un elemento indisponible a la hora de determinar la las que deben aplicarse para las tripulación de las extinciones motivadas por causas Económicas, organizativas o productivas, quedando fuera de la competencia y decisión empresarial la selección del procedimiento de tramitación fijada en la norma estatutaria ya sea mediante el artículo 52 del ET o del artículo 51 .En el presente caso, considerando que las causas alegadas traen motivo en la finalización de contratos de servicios diferenciados que se ejecutan desde distintos centros de trabajo, y que la intensidad de la afectación en los distintos centros es claramente desigual, no cabe atender a una mera lógica cronológica sobre la concurrencia simultánea de dos causas productivas, como plantea la empresa, para justificar la selección de un procedimiento unitario por el que encauzar extinciones derivadas de marcos de correspondencia no asimilables.(Tanto en orden a su causa como a su intensidad). La selección empresarial del ámbito incurre en un supuesto de fraude de ley conforme al artículo 6.4 del CC y abuso de derecho
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA MARIA MOLINA GUTIERREZ
  • Nº Recurso: 261/2020
  • Fecha: 30/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Asociación Independiente de Fiscales solicita la adopción de medidas cautelarísimas contra la Fiscalía General del Estado, relativa a los Integrantes de la 58 promoción de fiscales sobre un Acuerdo del fiscal jefe de 17-7- 2020 en el que se recoge que cuando tomen posesión del cargo, como Abogados Fiscales en las fiscalías donde vayan destinados, ostentaran el derecho a disfrutar vacaciones la parte proporcional de 22 días respecto del tiempo que ejerzan el cargo de fiscal durante 2020 desde la fecha de la toma de posesión. Se presentó demanda ante un juzgado de lo social a efectos de que se compute para el devengo de las vacaciones, el tiempo de funcionario en prácticas, Demanda que se haya en trámite sobre la competencia. Se solicita que se adopten medidas cautelares y que se suspenda temporalmente el acuerdo del fiscal jefe de 17-7-2020 determinando que los fiscales de la 58 promoción tienen derecho a disfrutar de los 22 días hábiles de vacaciones ordinarios en el año 2020 .La AN declara la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de las medidas cautelares y pudiendo acudir las partes ante los tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo. El acuerdo del fiscal inspector que se impugna en materia de vacaciones en una resolución adoptada en materia de personal se incardina en la competencia propia de la dirección general para servicio público de justicia cuya competencia es propia de La Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: León
  • Ponente: RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ
  • Nº Recurso: 210/2020
  • Fecha: 29/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos al prestatario y la restitución de las sumas satisfechas por aplicación de dicha cláusula. El tribuna de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida: A) Afirma el tribunal que, aunque el préstamo esté cancelado, es viable y procedente la acción ejercitada para solicitar la nulidad de condiciones generales y la restitución de gastos que de ella se pueda derivar. B) Afirma el tribunal que la cuantía del procedimiento solo puede ser objeto del recurso de apelación cuando sea determinante del proceso a seguir o afecte al recurso de casación: fuera de estos casos no puede ser objeto del recurso. C) Preclusión del plazo para aportar facturas relativas al préstamo hipotecario: el tribunal de apelación rechaza este motivo de impugnación porque la demandada no se limitó a negar los hechos alegados de contrario (presunción de conformidad con ellos) y porque el principio de disponibilidad impone a la prestamista la carga de aportar aquella documentación de la que dispone y pueda fundar la inexistencia de los hechos alegados en la demanda. D) Prescripción (invoca jurisprudencia del TJUE): la nulidad de cláusula abusiva es absoluta y no cabe prescripción (ni en relación con la cláusula ni en relación con los efectos derivados de su anulación).

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.