La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a seis años de cárcel al abogado F.P. M. B. por un delito de estafa a extranjeros no residentes legalmente en España, de los que obtenía diferentes cantidades de dinero a cambio de la promesa de conseguirles permisos de residencia y trabajo, que no podía cumplir.

Para llevar a cabo su plan, el condenado creó una serie de empresas “ad hoc”, de las que era administrador único, sin actividad económica alguna ni trabajadores reales, ya que sólo servían para dar una apariencia de veracidad a la actuación ilícita. Simultáneamente, y para hacer creer que su bufete tenía una actividad de la que en realidad carecía, contrataba como becarios a jóvenes letrados recién salidos de la facultad, a los que despedía al poco tiempo. Atraídos por la localización de las oficinas -estaban situadas en la Plaza de las Cortes-, y por la atención de los jóvenes abogados, los extranjeros no residentes legalmente en España entregaban al condenado el dinero que les solicitaba para la tramitación de sus permisos de residencia.

Como las solicitudes de los permisos de residencia se apoyaban en ofertas de trabajo inexistentes y eran denegadas sistemáticamente, los afectados se quejaban y protestaban de forma airada, produciéndose escenas dramáticas –y así queda recogido en la sentencia-, con gritos, llantos e incluso en una ocasión con la amenaza de una mujer de arrojarse por la ventana desde la octava planta del edificio donde se hallaban las oficinas ante la desesperada situación que atravesaba.

Lejos de dar marcha atrás, Francisco de Paula les presentaba una nueva oferta de trabajo en una empresa distinta, también creada “ad hoc” con el mismo propósito, a cambio del pago de nuevas cantidades de dinero. En ocasiones las solicitudes ni se presentaban, haciendo creer a los clientes que estaban pendientes de resolución. Durante los años 2002 y 2003 el condenado presentó unas 110 solicitudes de permiso y trabajo por cuenta ajena, de las que sólo se concedieron trece. Entre los años 2004 y 2006 presentó otras 407, de las que sólo se concedieron cuatro, y en el año 2007, seis más. La actividad cesó tras la denuncia de una de las abogadas del despacho, convencida de que lo que ocurría no era limpio.

Pese a las múltiples pericias llevadas a cabo, no ha sido posible determinar con absoluta precisión la identidad y cantidades exactas abonadas por todos y cada uno de los perjudicados, si bien ha quedado acreditado que el beneficio ilícito obtenido superaría los cien mil euros.

En la sentencia, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid consideran “especialmente reprochable la actuación del condenado, ya que para obtener su lucro personal no dudó en montar durante años una trama criminal en la que se ha aprovechado de numerosos extranjeros con escasa formación y en utilizar a jóvenes abogados, hasta 150, lógicamente ilusionados con su primer trabajo, a los que no sólo les ocultó la realidad de la actividad para la que se les contrató, sino que los iba despidiendo uno tras otro sin a veces pagarles lo que acordaron cobrar”.

“A tal grado llegaba el dolor que causaba el acusado –dice la sentencia-, que fue precisamente una de las becarias la que denunció los hechos tras comprobar las numerosas quejas e incluso lloros que llegó a presenciar de los pobres extranjeros, víctimas engañadas y desplumadas de sus escasos haberes, cantidades de dinero que para ellos eran vitales y para el acusado no eran más que nuevos ingresos que hacía suyos, sin el menor escrúpulo”.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación, del que conocerá la Sala Segunda del Tribunal Supremo.