El Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido el escenario de la solemne ceremonia de apertura del Año Judicial 2018-19 en la comunidad de Madrid, a la que han asistido vocales del Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Público, representantes de los colegios profesionales y las más destacadas autoridades de la región, encabezadas por el presidente Ángel Garrido, además de la presidenta de la Asamblea de Madrid y el delegado del Gobierno.

Ante un auditorio abarrotado de público, el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira Morante, en el que ha sido su último discurso como máxima autoridad judicial de la región antes de su marcha a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras casi diez años en la presidencia, ha desgranado lo que a su juicio son los principales problemas que enfrenta la administración de justicia en la comunidad madrileña y las soluciones que deberían abordarse.

Entre los primeros, Viera Morante ha destacado la sensación de fatiga generalizada en el sistema, que requiere la superación de alguno de los esquemas tradicionales que imposibilitan su evolución hacia métodos más ágiles y eficaces. Y ha hablado también de la necesidad de aprovechar la potencialidad del gran número de órganos judiciales madrileños en todas las jurisdicciones para lograr una especialización que mejoraría la calidad de la respuesta judicial y, al mismo tiempo, reduciría el esfuerzo de los jueces, magistrados y todos los funcionarios, ejemplo de lo cual es el juzgado 101 bis, especializado en demandas abusivas; la superación del modelo decimonónico de las secciones de Audiencias Provinciales integradas por tribunales aislados, “donde se debe perseguir la unificación de criterios y la obtención de resoluciones totalmente homogéneas, para lo que es preciso cambiar el papel que desempeñan los presidentes de Sección, a los que debe encomendarse como tarea esencial la detección, con la mayor anticipación, de los criterios discrepantes con otros tribunales para provocar reuniones unificadoras entre magistrados”.

En esta pretensión de especialización de órganos judiciales, el presidente ha puesto la atención también en los juzgados de Tutelas e Incapacidades, órganos cuya importancia va a incrementarse debido al envejecimiento de la población y que deberían “estar dotados de un especial auxilio de equipos de auditoría para el control judicial de la administración de patrimonios, en algunos casos de importante cuantía y por ello en riesgo de malversación en perjuicio del discapacitado”. “Quizá sería el momento – ha señalado-, de plantear la creación de una especialización de ámbito provincial que permitiera la centralización de sistemas de control patrimonial”.

Además de la sempiterna reclamación de mejora de la Oficina Judicial, Vieira Morante también ha reclamado que los letrados de la Administración de Justicia dependan orgánicamente del CGPJ para paliar, aunque sea sólo en parte, la triple dependencia administrativa que sufre la Justicia –magistrados y jueces, del CGPJ; letrados de la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia, y resto de funcionarios, de la Comunidad Autónoma- uno de los factores que más ralentizan y complican el funcionamiento de esta administración.

El presidente también ha tenido un emocionado recuerdo para el drama de la violencia contra la mujer, “uno de los que más nos acongoja –ha dicho-y nos hace cuestionar la eficacia real de la Administración de Justicia. A pesar de la especialización creciente de los juzgados y tribunales en esta materia y de la atención legislativa y pública constante hacia este ámbito, nos vemos sorprendidos en los últimos días con sucesos brutales, incluso con muertes despiadadas de menores, que demuestran la insuficiencia de las medidas adoptadas para hacer frente a esta lacra social en el que la mujer es el principal objeto de ataque”.

“ Cuando comprobamos que la intervención de una autoridad judicial no ha servido para alertar del peligro en el que se hallaban algunas mujeres, debemos profundizar en el esfuerzo y explorar nuevas medidas que contribuyan a reducir este fenómeno alarmante”, ha recalcado el presidente del TSJ de Madrid.

Y por último, ha sostenido una encendida defensa de la Constitución y sus valores mientras asistimos a un “maquillaje consciente de principios, tergiversándolos para justificar el desprecio a la legalidad”. “La llamada “posverdad”- ha señalado para finalizar-, se ha trasladado al mundo jurídico, donde algunos tratan de imponer planteamientos jurídicos tramposos bajo la apariencia de construcciones doctrinales novedosas”. Ante este panorama, “la firmeza de la Justicia, la confianza en la actuación de los tribunales, la actuación decidida de todos en la aplicación estricta de la ley se erige en el único remedio”, ha dicho.