La Comisión de Seguimiento de la crisis sanitaria COVID-19 del TSXG, presidida por José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidente del Tribunal Superior, ha concretado en la reunión de hoy la fórmula que se pondrá en marcha para que la ciudadanía pueda pedir cita previa para ser atendida en los órganos judiciales de la comunidad, de tal manera que se eviten desplazamientos innecesarios a las sedes. Según lo acordado hoy por los miembros de la Comisión, se creará un grupo de trabajo formado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y el Tribunal Superior para concretar las funciones y necesidades de este nuevo sistema, que se centrará en los servicios con una mayor atención al público, como los registros civiles.

Tal como se recoge en el artículo 23 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, la atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará de forma preferente por vía telefónica o a través del correo electrónico. En caso de que se estime que la presencia en la sede judicial es indispensable, será necesaria la obtención de la cita previa.

La Comisión de Seguimiento también ha acordado hoy insistir en la necesidad de que se alcen los plazos procesales lo antes posible para poder agilizar la actividad judicial y garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una respuesta adecuada de los juzgados y tribunales gallegos. El TSXG estima, en base a las estadísticas de años anteriores, que cada mes de paralización puede suponer entre 12.000 y 15.000 asuntos más de pendencia al mes en los órganos judiciales de la comunidad.

Los miembros de la Comisión han reiterado en la reunión de hoy que solicitan que se reinicien los plazos para poder retomar la tramitación de asuntos y evitar así un perjuicio "que no deja de crecer". También han puesto de manifiesto la necesidad de clarificar las fechas en las que se podrán celebrar juicios y tomar declaraciones en asuntos no esenciales, algo imprescindible para poder programar las agendas de los órganos judiciales y poder comunicar estas fechas a los profesionales (abogados, procuradores y graduados sociales) y a los usuarios/as afectados/as, últimos destinatarios/as del servicio público de la Justicia. Además, entiende la Comisión que no tiene sentido que se aumente el número de funcionarios/as si el trabajo que se puede desarrollar es mínimo.

Por otra parte, tanto los magistrados que forman parte de la Comisión como los representantes de los colegios profesionales han solicitado un refuerzo de la limpieza en los órganos judiciales de la comunidad en los que se prevea una mayor afluencia de profesionales y público. En relación al material de protección, la Comisión ha acordado que, de cara al futuro, será cada órgano judicial quien realice a la Xunta la petición de mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos, para que el Gobierno gallego pueda llevar un control en función de las necesidades de cada uno de ellos.