La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy suspender con carácter inmediato la actividad de los jueces de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 5 de Martorell y ha comunicado a la Generalitat de Cataluña que si el próximo 30 de abril no se han solucionado las incidencias que afectan a las sedes de todos los órganos judiciales de esa localidad “se dispondrá la suspensión de la actividad judicial” en este partido como medida de prevención de riesgos en relación con los jueces que sirven en él, “sin perjuicio de las responsabilidades que resulten por el mantenimiento de la situación de riesgo para los trabajadores y el público”.

Los pasados días 16 y 17 de febrero se produjo una filtración de agua en el edificio de viviendas que alberga los  Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 6 de Martorell, que ocupan las plantas inferiores, lo
que provocó la caída de unos falsos techos sobre el mobiliario de los puestos de trabajo de varios funcionarios, provocando la interrupción de la actividad en dichos Juzgados.

La incidencia ha acabado por revelar “un estado de deficiencia grave e intolerable que afecta a los edificios de todos los Juzgados del Partido Judicial”, según concluye la Comisión Permanente de los distintos informes elaborados por los equipos de prevención de riesgos laborales del CGPJ, el Departamento de Justicia de la Generalitat, el jefe de operaciones de la Región de Emergencias Metropolitanas Sur de la Generalitat (Bomberos) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña.

El de esta última “enumera una lista anormalmente larga de múltiples deficiencias que suponen infracciones reiteradas de las exigencias del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, que incluye incumplimientos múltiples y sistemáticos en materia de evacuación de edificios en caso de incendio y de prevención de incendios y mal estado de la instalación eléctrica.

“El estado de los edificios no solo supone un incumplimiento grave y sistemático de prácticamente cualquier exigencia de un centro de trabajo, sino que algunas de las deficiencias e incumplimientos” puede ser evaluado “como un riesgo para la seguridad de las personas en sus aspectos más elementales”, afirma la Comisión Permanente.

La situación es especialmente preocupante en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, cuyo techo ha vuelto a ceder como consecuencia de una filtración, “produciéndose una inundación de agua mezclada con orines”; y en el número 5 –ubicado en otro inmueble-, en el que ya había una estancia apuntalada por su riesgo de debilidad estructural y ahora “se ha apuntalado otra”.

El acuerdo explica que el CGPJ no es la Administración competente para determinar ni establecer las medidas correspondientes de prevención de riesgos de los funcionarios que han de acudir a los Juzgados ni para decidir sobre la apertura o clausura de las instalaciones para permitir o impedir el acceso de público, pero sí “para adoptar las medidas adecuadas para la prevención de riesgos en relación con los jueces, y la medida más elemental que puede adoptarse si en la fecha señalada por la Inspección de Trabajo (30 de abril de 2019) no se han solucionado las incidencias más graves y notables es suspender la actividad judicial y disponer el no acceso de los jueces, únicas personas a las que en este ámbito puede referirse este Consejo, a los Juzgados de Martorell y hasta en tanto no se solucionen las incidencias o se proporcionen unas instalaciones adecuadas”.

La Permanente requiere al Departamento de Justicia de la Generalitat para que le informe a la mayor brevedad sobre las medidas que se adoptarán para solucionar las deficiencias puestas de manifiesto por la Inspección de Trabajo y comunica su acuerdo a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial, a la Fiscalía General del Estado, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al presidente y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al fiscal superior de Cataluña y a la decana de los Juzgados de Martorell.