Comunicado Sala de Gobierno TSJCat 13 octubre 2015

Autor
Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a la vista de las llamadas a concentrarse ante el Palacio de Justicia, con ocasión de la comparecencia de miembros y exmiembros del Govern de la Generalitat efectúa las siguientes consideraciones:

Las cuestiones que conciernen al funcionamiento del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, revelan siempre un interés general y, en consecuencia, todas las decisiones jurisdiccionales que se adopten están sometidas al control y a la crítica pública.

Ahora bien, lo anterior no debe hacer olvidar su función en la sociedad. Como garante de la Justicia, valor fundacional del Estado Constitucional, su acción necesita de la confianza de la sociedad, fuente, además, de su legitimidad.

La Sala de Gobierno no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a la puerta del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de los Jueces y además pretender influir en su toma de decisiones. Ello supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado Constitucional. 

Debe recordarse que la independencia judicial no es un privilegio de los Jueces, sino una garantía de los ciudadanos. Su cuestionamiento resulta aun más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno.

En este sentido, la Sala quiere recordar el deber de no injerencia que vincula especialmente a aquellos que forman parte de los otros poderes, en los que se organiza nuestro sistema político.

Insistimos. Cuestionar de manera interesada que la actuación de los Tribunales de Justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política. Solo desde el respeto a los valores democráticos se puede garantizar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Y en esa medida reclamamos responsabilidad a aquellos que tienen el deber de garantizar la convivencia en paz y libertad.