La Sala de Gobierno, al hilo de las manifestaciones de la Sra. Gomà, Secretaria de las Relaciones con la Administración de Justicia, además de desmentir enérgicamente que haya recibido ninguna solicitud para que se dirijan instrucciones a los jueces y juezas sobre su actividad, quiere poner de manifiesto las siguientes consideraciones:

Primera.- Resulta difícilmente explicable cómo una responsable del Poder Ejecutivo puede ofrecer a la opinión pública una valoración tan sesgada y tan injusta de la actividad de los jueces y juezas que ejercen su función en Catalunya.

Segunda.- El aparente fundamento estadístico de las valoraciones que realiza la Sra. Gomà sobre la productividad de los tribunales en Catalunya revela un preocupante desconocimiento técnico sobre el alcance y los factores causales de tales datos.

Tercera.- Las afirmaciones y valoraciones de la Sra. Gomà trasladan a la opinión pública catalana una imagen acomodaticia y funcionarial de la actividad judicial que en modo alguno se ajusta a la más evidente realidad.
Cuarta.- La Sra. Gomà, de manera irresponsable, omite que la mayoría de los juzgados y tribunales de Catalunya soportan cargas de trabajo muy por encima de los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Y que desde el año 2009 hasta el año 2015, y vinculado a la grave crisis económica, se ha producido un aumento significativo del número de asuntos entrantes sin que por parte de las Administraciones competentes, entre otras, a la que pertenece la Sra. Gomà, se dotaran de los medios necesarios para mejorar la respuesta del sistema de justicia.

Quinta.- Las valoraciones y afirmaciones de la Sra. Gomà no corresponden con lo que cabría esperar de una de las máximas responsables de la gestión política de las Relaciones con la Administración de Justicia que debería basarse en un principio de leal colaboración y, desde luego, de eficaz desarrollo de políticas públicas que doten a los tribunales de los medios necesarios.

Sexta.- Las manifestaciones de la Sra. Gomà constituyen un ejemplo destacado de falta de respeto y de consideración institucional. Pero no solo eso. Evidencian un profundo desconocimiento de su propio papel y desde luego del cometido constitucional que le corresponde al Poder Judicial en el control y medición de las cargas de trabajo de los juzgados y tribunales y, en su caso, la exigencia de responsabilidades que procedieran por su incumplimiento.

Séptima.- Y a modo de conclusión, estamos convencidos de que pese a disfunciones puntuales, algunas de las cuales traen causa de la ausencia de los medios materiales que debería facilitar el Departament de Justícia, la respuesta del Poder Judicial en Catalunya se ajusta a estándares razonables de eficacia, garantía de derechos y calidad decisional.

Y todo ello gracias, en buena medida, a la especial dedicación de los jueces y juezas y del resto de los profesionales que integran el sistema judicial en Catalunya.