El Ministerio de Justicia está inmerso en un proyecto de digitalización en el ámbito de la Administración de Justicia. Y ello en consonancia con el mandato establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que imponía a las Administraciones competentes la obligación de dotar en el plazo de cinco años ”… a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.”, plazo que como es bien sabido, venció el pasado mes de julio.

El proyecto pivota sobre dos líneas estratégicas fundamentales, por un lado la realización de los actos de comunicación y la presentación de escritos de forma electrónica, y ello con el impulso definitivo que ha supuesto la obligatoriedad generalizada (salvo al ciudadano) establecida por la reforma introducida por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y por otro, la digitalización de los procesos internos que se desarrollan ante los Tribunales, y que en definitiva nos conducirán, hacía el tan anhelado Expediente Judicial Electrónico.

Justicia Digital es una solución tecnológica que permite el tratamiento electrónico de la información y que suponen la interconexión de cinco sistemas, en los que queda garantizada la seguridad:

• MINERVA. Sistema de gestión procesal.
• LEXNET. Sistema de comunicaciones electrónicas securizadas en el ámbito de la Administración de Justicia
• PORTAFIRMAS ELECTRONICO. Permite realizar firmas electrónicas tanto en forma contextualizada en el Expediente Judicial Electrónico a través del visor como a través del propio portafirmas.
• VISOR DE EXPEDIENTES. Permite la visión completa e íntegra del expediente judicial electrónico generado en Minerva.
• CARGADOR DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. A través del cargador se remitirán los expedientes administrativos de las distintas administraciones estatales, autonómicas o locales a los órganos judiciales para su integración en Minerva.

El proyecto supondrá la progresiva desaparición del soporte papel. No obstante, para los supuestos previstos en la Ley en que se permita dicho soporte, y por tanto, deba procederse a su digitalización, se ha dotado adecuadamente de escáneres al Tribunal Supremo según los parámetros definidos por las Subdirecciones Generales de Programación de la Modernización y de Nuevas Tecnologías de la Justicia, con la participación del Secretario de Gobierno.

En el Tribunal Supremo se han iniciado los trabajos para implantar Justicia Digital, comenzando por la Sala Cuarta de lo Social. Ello ha conllevado la elaboración de una Guía de Tramitación,  documento que refleja los pasos que debe seguir cada uno de los procedimientos seguidos ante la mencionada Jurisdicción.

Cada implantación de Justicia Digital va acompañada de un exigente plan formativo a fin dotar de los conocimientos necesarios a las personas de la organización judicial en el manejo de las herramientas tecnológicas que permitan la gestión digital de los asuntos en todos los órdenes e instancias judiciales y que se adapta al perfil profesional de cada colectivo implicado.

Asimismo, con la puesta en marcha del plan para la implantación de Justicia Digital se pone a disposición del personal de las sedes judiciales un manual con las diferentes operativas que con la implantación de Justicia Digital varían respecto a la tramitación del procedimiento en formato papel.

El proyecto supondrá la progresiva desaparición del soporte papel. No obstante, para los supuestos previstos en la Ley en que se permita dicho soporte, y por tanto, deba procederse a su digitalización, se ha dotado adecuadamente de escáneres al Tribunal Supremo según los parámetros definidos por las Subdirecciones Generales de Programación de la Modernización y de Nuevas Tecnologías de la Justicia, con la participación del Secretario de Gobierno.