El juez imputa a 55 integrantes y colaboradores de los Ángeles del Infierno por pertenencia a organización criminal

La prostitución era una de las principales vías de la banda motera para financiarse

Autor
Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha concluido la investigación contra los integrantes de los Ángeles del Infierno y sus colaboradores, y dirige la acusación contra 55 imputados, a los que atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión, prostitución coactiva, trata de personas, estafa, detención ilegal o blanqueo de capitales, entre otros. 

En el auto por el que transforma las diligencias en procedimiento abreviado -el equivalente al procesamiento en el sumario-, el juez da 15 días a la Fiscalía para que formule escrito de acusación o pida el sobreseimiento de la causa, en la que hay cursadas comisiones rogatorias y órdenes europeas de detención contra siete imputados, entre ellos destacados dirigentes  de la organización criminal. 

La resolución, de 95 páginas, recoge los orígenes y el desarrollo de la organización Hells Angels Motors Club (HAMC) que, según informes de Europol, “se sitúa entre las principales bandas moteras  -fuera de la ley- que operan en el continente”. Fruto de la expansión a nivel europeo de esta organización la investigación del Juzgado Central de Instrucción 6 permitió descubrir la implantación de uno de estos grupos (llamados “chapters”) en la isla de Mallorca, en una primera fase desde 2009 hasta que se disolvió en 2011 y conformada principalmente por miembros de la banda llegados de Turquía, y en una segunda, desde finales de 2012 hasta que fue desarticulada en 2013, y que operaba principalmente con miembros llegados de Alemania. 

A la cabeza de la organización en la isla balear se encontraba Frank Hannebuth, actualmente en prisión, hasta entonces líder del grupo en Hannover y considerado como uno de los principales líderes de los Hells Angels en Europa. Éste contaba con la ayuda de los hermanos, Khalil Yousafi, también preso por esta causa, y Abdelghani Youssafi, quienes le ayudaron a desembarcar en Mallorca, así como de otro grupo de adláteres.    

Una de las principales actividades delictivas y fuente de financiación de la trama era la prostitución. Los miembros de la banda traían a España a chicas con la apariencia de turistas y la obligaban a ejercer de forma coactiva. 

Los Ángeles del Infierno y sus colaboradores buscaron todo tipo de actividades que pudieran ofrecerles un beneficio económico. De ahí que participaran en operaciones de blanqueo de capitales, de extorsión o estafas mediante la creación de empresas con apariencia legal con las que obtener créditos ICO. También se concertaron con un grupo organizado de individuos que se dedicaban a la introducción de cocaína en Mallorca mediante la utilización de mujeres de origen sudamericano que utilizaban a modo de “correo”.  

Según el juez, la organización contaba con una elaborada gestión, con un reparto de tareas y múltiples colaboradores, entre los que se encontraban, un miembro de la Policía Local de Palma, un agente de la Policía Nacional y un Guardia Civil, a los que también encausa. 

El magistrado considera que la investigación ha permitido demostrar una “concertación delictiva entre los diferentes miembros de la organización criminal en la preparación y ejecución de los delitos a los que, con permanencia temporal y cierto reparto de papeles, se dedican”. 

El juez concluye que los imputados, por su permanencia temporal terminan conociendo la actividades delictivas desarrolladas por la organización y aun así “la aceptan y acaban adaptándose a su plan”, facilitándoles, a cambio de dinero, la infraestructura necesaria en la isla de Mallorca para desplazarse desde otras partes de Europa, asentarse y blanquear sus ilícitas ganancias en España. Añade que la red de colaboradores les ayudaba a “hacer rentable y exitoso delinquir”. 

Una vez practicadas todas las diligencias, el juez finaliza la investigación y dirige la acusación basándose en las declaraciones prestadas por imputados, denunciantes y testigos, en los informes periciales y policiales, algunos de fuerzas de seguridad extranjeras, así como de la prueba documental aportada, entre la que se encuentra la obtenida de las comisiones rogatorias. 

Además, Velasco pregunta a la Fiscalía sobre la procedencia de acordar la busca y captura e ingreso en prisión de once de los imputados que no han sido localizados. Las conductas descritas en el auto son constitutivas, de forma indiciaria, de delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión, coacciones, amenazas, blanqueo de capitales, prostitución coactiva, trata de personas, estafa, detención ilegal, encubrimiento, tenencia ilícita de armas, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, delito contra la salud pública o simulación de delito.