La Cumbre Judicial Iberoamericana ha impulsado la creación y el mantenimiento de una Red Iberoamericana de Integridad Judicial a partir de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y con el fin de potenciar la independencia económica de los jueces y de cumplir el mandato del artículo 11.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003.

El artículo 11.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción dispone: «Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial».

Esta Convención entró en vigor de forma general el 14 de diciembre de 2005. En este momento están vinculados por este tratado internacional 17 de los 23 países de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial cumple, en buena medida, el mandato de la Convención contra la corrupción en tanto que es instrumento para promocionar la adopción de códigos de conducta en los 23 países iberoamericanos y promueve su interpretación y aplicación.

En febrero de 2020 la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial organizó en el marco del High-Level Meeting of the Global Judicial Integrity Network, celebrado en Doha, una sesión sobre la relación entre las medidas disciplinarias y la ética judicial con la participación de varios miembros de la CIEJ y donde se alcanzaron estas conclusiones.