La sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia, en una providencia notificada hoy a las partes, acuerda suspender el señalamiento para la celebración del juicio oral del procedimiento abreviado 81/2019 denominado por los medios de comunicación como caso Novo Carthago.

La resolución explica que “dada cuenta del estado de la huelga de letrados de la administración de justicia” que ha impedido la celebración de las cinco primeras de las veinte sesiones programadas “se acuerda la suspensión de todas ellas”.

La Sala ordena que se comunique esta resolución a los testigos y peritos citados “a fin de evitarles molestias y desplazamientos” y explica que incluso para el caso de que el paro finalizase en breve “ya no sería materialmente posible la celebración del juicio”.

La Audiencia fija un nuevo señalamiento de 20 jornadas que habría de comenzar el 29 de septiembre y finalizar el 11 de noviembre de 2025.

Agendas reforzadas y desdobladas

El retraso en el nuevo señalamiento viene obligado por la sobrecarga en la agenda de señalamientos de las secciones penales de la Audiencia Provincial, que desde 2015 han requerido de importantes refuerzos por parte del Tribunal Superior de Justicia. Así, actualmente las secciones segunda y tercera cuentan con el refuerzo de dos magistradas de adscripción territorial y una tercera en comisión de servicio con relevación de funciones. Es decir, cuenta con el refuerzo de tres magistrados, sobre una planta de 9.

Además, en 2021 la Sala de Gobierno aprobó un nuevo refuerzo con el desdoblamiento de la jurisdicción Penal de la Audiencia Provincial de Murcia, en cuatro secciones funcionales, para permitir duplicar el número de juicios señalados por estos órganos colegiados.

Precisamente la reunión mensual de la Sala de Gobierno celebrada hoy recogía en su orden del día la propuesta de creación de una nueva sección Penal de la Audiencia Provincial de Murcia, con cuatro nuevos magistrados, a la vista de que los sucesivos refuerzos destinados al apoyo de estos órganos y el esfuerzo desplegado por los magistrados y magistradas no permite absorber la carga de trabajo existente. Propuesta que tras su aprobación unánime, será elevada al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia.