La magistrada del juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, en un auto notificado la pasada semana, acuerda la conclusión de las diligencias previas del conocido como caso Cesar o fraude en las obras del AVE. En estas actuaciones se investigaba los contratos de ejecución de determinadas obras de reposición de infraestructuras hidráulicas, canalizaciones, afectadas por la construcción de la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad del Levante.

En ellas se investiga a diversas empresas constructoras integrantes de las cuatro UTE (encargadas de los cuatro tramos de la línea del AVE de Crevillente a Murcia) además de responsables de ADIF. También figuran como investigados, responsables del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri. Y, por último, las diligencias también se dirigen contra el director e interventor de una sucursal bancaria en Santomera. En total, más de 50 investigados.

El procedimiento se inició en 2015, tras una denuncia de la Agencia Tributaria que ponía de manifiesto presuntas irregularidades fiscales, canalizadas a través de un entramado de empresas sin actividad, emisoras de facturas falsas; que habrían permitido, en última instancia un desvío de fondos del presupuesto de ADIF denuncia de la Agencia Tributaria que podría rondar los
9,8 millones de euros.

Posteriores informes, como la auditoría técnica encargada por Adif, cifran la diferencia total entre lo certificado y la valoración, sumando todos los expedientes de gasto judicializados, en 24.964.016,07 euros antes de IVA.

La instructora, practicadas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y el grado de participación de los investigados, ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos investigados fueren constitutivos, según los casos, de delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales o insolvencia punible.

Tras esta resolución, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen 10 días para formular escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o solicitar el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que, excepcionalmente, puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias, concluye la parte dispositiva del auto.

El auto no es firme y contra el cabe recurso de reforma ante el mismo órgano que lo dictó y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.