La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha anulado el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el sector público vasco por “insuficiencia de la memoria económica” tras estimar el recurso interpuesto por Vox contra esa norma. 

El TSJPV acoge una de las alegaciones presentadas por Vox que denunció vicio procedimental en el citado decreto por ausencia o insuficiencia de estudio económico. 

El tribunal concluye, en una sentencia que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que la preceptiva memoria económica que debe acompañar a la norma recurrida “adolece de insuficiencia sustancial, es decir, no cumple con su propia razón de ser, esto es, no cumple con la evaluación y fundamentación objetiva y técnica de las exigencias y repercusiones económico financieras de la regulación proyectada, ni justifica tampoco que la nueva regulación respete las imprescindibles estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

Para llegar a esta conclusión, el TSJPV tiene en cuenta el informe elaborado por la Oficina de Control Económico, “un informe técnico” emitido por un “órgano independiente cuya finalidad es precisamente controlar, desde el enfoque propio de su conocimiento técnico, que en la elaboración de las disposiciones de carácter general se lleven a cabo las justificaciones y se respeten los principios” vinculados con las exigencias y repercusiones económico-financieras de la regulación proyectada, recuerda la Sala. 

El tribunal considera que este informe es “decisivo” y prevalece sobre los restantes que se han emitido en el desarrollo de este decreto, que según precisa “adolecen de una falta de motivación que les priva de credibilidad y es que ratifican, tras una consideración muy breve a los aspectos propios de la memoria económica, la bondad del proyecto pero sin hacer mención alguna, ni crítica (…) al informe de la Oficina de Control Económico, informe que es precisamente el que muestra todos y cada uno de los reparos que presenta la regulación proyectada”. 

“Es un informe amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para un profano”, indica el tribunal que en su resolución recoge una transcripción de una parte del mismo en el que la Oficina de Control Económico advierte de “la ausencia de una efectiva estimación de costes derivados de la implementación de la extensión de los instrumentos de planificación lingüística” y de una “ausencia de ponderación o estimación económica singularizada para el proyecto en el que se analice su evidente impacto económico”. 

El tribunal rechaza por otro lado otros motivos de impugnación presentados por Vox, entre ellos la petición de la nulidad de todo el decreto por vulneración de artículos de la Constitución vinculados con la cooficialidad de las lenguas y el principio de igualdad ante la ley. 

El TSJPV considera que el contenido de ese motivo es “genérico” y “difuso”, ya que se presentan los preceptos constitucionales vulnerados, pero no se especifica qué artículos del decreto los lesionan. 

Antes de resolver sobre este recurso de Vox, el TSJPV elevó una cuestión de inconstitucional al TC respecto del artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público Vasco sobre perfiles lingüísticos al estimar que era necesario el pronunciamiento previo del Constitucional sobre si ese precepto se ajustaba o no a la Carta Magna. 

El TC acordó el pasado 23 de junio inadmitir la citada cuestión de inconstitucionalidad al considerar que el auto de planteamiento elevado no cumplía con el requisito legal que exige al órgano judicial que especifique o justifique en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión.