El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, ha presentado hoy miércoles, 20 de julio, a los medios de comunicación la Memoria Anual 2015, documento que recoge la actividad de todos los órganos judiciales (colegiados y unipersonales) de la Comunidad, así como los proyectos, iniciativas y soluciones a los problemas que se plantean en el día a día de la administración de la justicia en la región.

En el encuentro mantenido con los periodistas, Vieira ha informado de los datos que pormenorizadamente se recogen en la Memoria 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que revelan que se mantiene, en términos generales, el funcionamiento habitual de los órganos judiciales de la región en los últimos años, caracterizado por la intensa actividad y complejidad propia de unos Juzgados y Tribunales situados en el centro neurálgico de la conflictividad judicial española. Tramitados en Madrid la mayor parte de los asuntos más complejos e importantes de toda España, en todas las jurisdicciones, y afrontándose en esta Comunidad Autónoma una de las más altas tasas de litigiosidad -sólo superada en número de asuntos ingresados por Andalucía-, la tónica general es la normalidad en el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, dentro de una gran presión competencial y un intensísimo trabajo de todos los integrantes de la Administración de Justicia.

Debe resaltarse, sin embargo, el dato de que los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid son los que han reducido en un menor porcentaje el número de los asuntos en trámite: en una evolución positiva generalizada en toda España, donde la pendencia se redujo, de media, en un 5,8% -con Comunidades como la de Aragón, que llegan a un envidiable porcentaje del 14,4%- la Comunidad de Madrid se sitúa en el penúltimo lugar, con una escasa reducción de sólo el 1,3%: el año finalizó con 349.559 asuntos frente a los 354.287 que había a inicio de año.

El número de asuntos ingresados en el año 2015 en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid alcanzó un total de 1.372.977 asuntos, un 1,2% menos que en 2014. Sólo se registró un incremento significativo del 20,9% en el número de ingresos en la jurisdicción civil, mientras que en la penal disminuyó en un 7,1%, en la social en un 6,3% y en la jurisdicción contencioso-administrativa en un 2,4 %.
 

A nivel de Comunidades Autónomas, sólo la de Andalucía, con unos ingresos anuales de 1.799.839 asuntos, supera a la de Madrid.

El número de asuntos registrados por cada 1.000 habitantes en Madrid fue de 202, con un descenso anual del 0,9%, situándose por encima de la media nacional, que fue de 179,7 asuntos, y solo por debajo de Andalucía, donde entraron 209,4 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Lo anterior supone que en la Comunidad de Madrid, por cada magistrado y/o juez, ingresaron 1.865,5 asuntos, con una disminución anual del 4,3 %. La cifra sigue estando por encima de la media nacional de 1.611,8 asuntos ingresados por cada magistrado/juez.
 

ANÁLISIS POR JURISDICCIONES

JURISDICCIÓN SOCIAL

En la jurisdicción social, los indicadores más relevantes son favorables, en lo que indudablemente han contribuido los grandes refuerzos con los que han contado los Juzgados de lo Social: ha disminuido en un 6,3% el número de asuntos ingresados (60.908), se han resuelto más asuntos que los registrados (62.996, un 2,4% más que en 2014), se ha reducido la pendencia de asuntos (ha quedado un 10,5% menos de asuntos en trámite, 41.414) y se ha acortado la duración media de los procesos.

Por Comunidades Autónomas, Madrid ha sido donde más demandas por despidos se presentaron durante el año 2015, ascendiendo a 19.412, con una reducción del 12,7% sobre el año anterior, en el que las demandas por este concepto fueron 22.251. En demandas por despido, a Madrid le sigue Cataluña con 18.688.

También ha sido Madrid la Comunidad donde mayor número de reclamaciones de cantidad se han presentado ante los Juzgados de lo Social, ascendiendo a un total de 23.363, un 1,7% más que en la anualidad anterior. La siguiente Comunidad con mayor número de reclamaciones de cantidad fue la de Andalucía, con 19.132.

En la Sala de lo Social el número de asuntos ingresados fue de 5.827, con una disminución del 1,9 %, mientras que en el de los resueltos alcanzó los 6.215, con una reducción del 6,6 %. La pendencia disminuyó en un 19,2 %, quedando 1.974 asuntos en trámite al acabar la anualidad.

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

La jurisdicción contencioso-administrativa también se ha visto beneficiada con un descenso en el número de asuntos registrados (30.042, un 2,4% menos), aunque menor que en el año precedente. Ha conseguido igualmente resolver más asuntos que los ingresados (37.522 asuntos) y quedaron en trámite 32.206, lo que implica un descenso del 17,7% en la pendencia. Y se ha reducido considerablemente (en un 19,1%) la duración media de los procesos en los juzgados, a lo que ha contribuido el refuerzo con el que han contado. El número de asuntos contenciosos ingresados por cada magistrado fue de 357,6, un 2,4% menos que en 2014.

A nivel de órganos judiciales, los 34 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo han soportado una carga de trabajo de 19.188 nuevos asuntos, con una media de 565 asuntos por Juzgado, superior al módulo de entrada orientativo que el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial propuso para estos órganos en el año 2012, que se movía en una horquilla de 453-543 asuntos por año y Juzgado, pero inferior al módulo de entrada aprobado por el Pleno del CGPJ de 9 de octubre de 2003, que se estableció en 660 asuntos por Juzgado y año.

Por materias, han experimentado bajadas las clases de laboral y seguridad social (-25%), personal y autorizaciones de entrada en domicilio (-10%), extranjería y urbanismo (-8%), así como contratación administrativa (-5%). Registran subidas tributos (+43%), sanciones (+20%) y responsabilidad patrimonial (+4%).

En la Sala de lo Contencioso-Administrativo el número total de asuntos ingresados fue de 10.854. La indicada cifra representa un descenso del 3,3% en relación con el mismo dato correspondiente al año 2014. Ello pone de manifiesto una tendencia a la estabilización en la entrada de asuntos, en comparación con el bajada del 22,62% que se materializó durante el año 2013.

Los asuntos resueltos fueron 12.128, un 16,8% menos que la anualidad anterior, quedando al acabar el año 10.569, con una reducción anual del 10,1%. Esta última cifra adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que a principios del año 2009 eran 40.591 los asuntos que estaban en tramitación.

JURISDICCIÓN CIVIL

La evolución ha sido, sin embargo, claramente desfavorable en la jurisdicción civil. Se ha producido un considerable incremento del número de asuntos registrados (306.874 -52.988 más que el año pasado, un 20,9% de aumento, muy por encima de la media nacional, que ha sido del 7,0 %-. Solo la Comunidad Autónoma de la Rioja, con un incremento del 21,2 supera a la de Madrid), que ha obedecido a la avalancha de demandas del caso Bankia y demás productos bancarios, y es la responsable de que Madrid sea la Comunidad en la que menos ha disminuido el número de asuntos judiciales en trámite.

Aunque se ha aumentado en un porcentaje importante (9,5%) el número de resoluciones dictadas (279.606), el exceso de litigiosidad se ha traducido inevitablemente en un considerable aumento de la pendencia en los juzgados de primera instancia (168.235 asuntos, un aumento del 19,7% sobre el año anterior), lo que lleva a que casi todos los indicadores en esta jurisdicción han variado a peor: se ha resuelto un menor número de asuntos que el de los ingresados y ha aumentado la pendencia. Pero también hay que poner de manifiesto que el esfuerzo y la dedicación en los juzgados y tribunales se ha incrementado, como revela el aumento en un 7,9% del número de sentencias dictadas por cada juez o magistrado, y que a pesar de esas circunstancias desfavorables ha disminuido la duración media de los procesos civiles, tanto en primera como en segunda instancia.

El número de asuntos civiles ingresados por magistrado/juez fue de 918,8, un 18,3% más que la anualidad precedente.

En cuanto a los órganos unipersonales, en los Juzgados de 1ª Instancia ha entrado un 26,8% más de asuntos y lo mismo ha pasado en los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, donde las causas civiles ingresadas suben un 19,9%. Como consecuencia de ello los asuntos en trámite al finalizar el año 2015 eran 89.474 en los Juzgados de 1ª Instancia, un 28,6 % más de los que había al inicio de año, y de 43.142 en los Mixtos, con un incremento del 13,4 %, sobre los 38.058 con que comenzó el año 2015.

A nivel de ejecuciones hipotecarias, se ha pasado de las 7.109 que se presentaron en 2014, a las 6.122 que lo hicieron en 2015, con un descenso del 13,9%, situándose Madrid por detrás de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Valencia en este concepto. A nivel provincial solo Barcelona, con 7.534 ejecuciones hipotecarias, supera a Madrid.

Los procedimientos monitorios presentados en 2015 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción ascendieron a 103.277, con un incremento del 6,9% sobre la anualidad anterior, en la que fueron 96.582. A nivel de Comunidades, solo la de Andalucía superó a la de Madrid.

Los lanzamientos practicados en Madrid han sido 7.194, con un descenso del 9,7% respecto a los 7.966 que tuvieron lugar en el año 2015. A nivel provincial solo supera a Madrid Barcelona, con 10.394 lanzamientos durante el año 2015.

El desglose de lanzamientos fue el siguiente:

- 1.736 como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que supone un descenso del 21,5% respecto al año precedente. La Comunidad de Madrid se sitúa en este tipo de lanzamientos por detrás de las de Murcia, con 1.851, Canarias, con 2.159, Cataluña, con 5.337, Valencia, con 5.767 y Andalucía con 5.707.
- 5.278 como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con un descenso del 1,82% sobre el año 2014. Por esta modalidad de lanzamiento solo la Comunidad catalana, con 9.685 lanzamientos, supera a la madrileña.
- 180 por otros conceptos.

Se reducen las cifras de asuntos civiles ingresados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en un 0,1%, así como en los Juzgados de Familia en un 2,5%.

Los Juzgados de lo Mercantil continúan en una situación preocupante, al mantenerse el constante incremento de asuntos ingresados (10.471, un 17,6% más), algo mitigado sobre las cifras del año anterior (20%), que no puede ser asumido a pesar de los importantes refuerzos con los que cuentan. Los asuntos resueltos (7.692) también subieron un 19,6%, no obstante lo cual la pendencia al acabar el año subió un 18,7% (17.436 asuntos frente a los 14.685 con que se inició). Y también en la segunda instancia civil persisten los problemas de saturación y de pendencia en las Secciones especializadas de familia y mercantil.

En resumen, podemos decir que la crisis económica que ha sufrido nuestro país sigue teniendo su reflejo en los Juzgados de lo Mercantil, que se han visto saturados con una excesiva carga de trabajo, sobre todo en lo que afecta a materia concursal con unos procesos de compleja tramitación que se prolongan en el tiempo, a lo que se ha unido la política restrictiva de creación de nuevos Juzgados, que sólo ha podido verse paliada a través de la constitución de refuerzos temporales.

A nivel de concursos, se presentaron 984, lo que supone un descenso del 23,4% respecto al año anterior, siendo la Comunidad de Madrid la segunda por detrás de la Comunidad de Cataluña que ha registrado un mayor número de concursos.

Respecto a los órganos colegiados, las quince Secciones Civiles de la Audiencia Provincial tuvieron una entrada 15.960 asuntos, con un incremento interanual del 8,6%. Al acabar el año quedaron 8.222 asuntos en tramitación, cifra muy cercana a los 8.209 con que se inició. Se resolvieron 16.132 asuntos, un 2,9% menos que en 2014.

La Sección especialista en Mercantil ha sufrido un descenso en la entrada de asuntos del 4,7%, ingresando 788, resolviendo 801 y acabando el año con 948 asuntos en tramitación, con un descenso del 1,4%.

Los ingresos en la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia fueron de 94 asuntos, con una reducción del 14,5%. Se resolvieron 110, finalizando el año con 66 causas pendientes, con una disminución del 18,5%.

JURISDICCIÓN PENAL

Por último, la jurisdicción penal continúa la evolución favorable de los últimos años: ha bajado el número de asuntos registrados en un 7,1% y el de asuntos en trámite en un 16,13%, también se ha reducido el número de las ejecutorias en trámite, se han resuelto más asuntos sobre los ingresados, y ha disminuido la duración media de los procesos, aunque los datos estadísticos de los que disponemos no incluyen, a este respecto, el tiempo empleado en la instrucción de las causas penales: en concreto, se registraron 975.153 asuntos, quedando al acabar el año 107.704.

Al descenso en el número de asuntos ingresados ha contribuido la entrada en vigor el 6 de diciembre de 2015 de la nueva redacción dada al art. 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, por la que, salvo determinados supuestos, no se remiten ya a la autoridad judicial los atestados policiales sin autor conocido que daban lugar a aperturas de diligencias
que eran de inmediato archivadas previo visto bueno del Ministerio Fiscal, siendo tras la reforma, la policía judicial la que conservará dichos atestados a disposición de jueces y fiscales.

El número de asuntos penales ingresados por magistrado/juez fue de 2.608,2, un 10,6 % menos que la anualidad precedente.

Todos los órganos unipersonales experimentaron descensos con una reducción que afecta a casi todos sus parámetros: en materia de órdenes de protección en violencia de género, los Juzgados con competencia en esta materia incoaron un total de 5.107 órdenes, de las que 2.253 fueron concedidas y 2.641 denegadas. Al finalizar el año los Juzgados de lo Penal de Madrid tenían en trámite 16.061 asuntos, un 3,8 % menos que al inicio del año.

El incremento en las quince Secciones Penales de la Audiencia Provincial, en las que ingresaron 33.849 asuntos, ha sido de un 1,1%. Tras resolverse 35.041 asuntos, al acabar el año seguían en tramitación 5.655, cifra inferior en un 14,9 % a los 6.649 con que se inició el año. En la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia ingresaron 126 asuntos, finalizando el año con 32, tras resolver un total de 140.

ANÁLISIS GENERAL

La relativa “normalidad” en el funcionamiento de los órganos judiciales -debida, sin duda, al gran esfuerzo desarrollado por los integrantes de la Administración de Justicia- no puede enmascarar los crónicos problemas que venimos arrastrando, que impiden o dificultan el óptimo funcionamiento de los juzgados y tribunales, empañan la imagen de la Justicia e, incluso, encarecen la gestión de su Administración.

Un año más debemos poner de manifiesto en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la delicada situación de las infraestructuras judiciales. Después del enésimo fracaso del proyecto para dotar a Madrid de una

Ciudad de la Justicia que unificara el entorno de todos los órganos judiciales de la capital, puede decirse que la Comunidad de Madrid se halla, en este ámbito, en uno de los últimos lugares, sino el último, de todas las de España.

Es inconcebible que los juzgados y tribunales de la capital estén dispersos entre 21 sedes, que los 20 partidos judiciales de la periferia cuenten en total con 38 sedes, o que muchos de los edificios estén en un estado de mantenimiento deplorable provocando incluso intervenciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y resulta sorprendente que, en esta situación, no se utilice con la mayor urgencia un solar puesto a disposición de la Comunidad Autónoma hace ya muchos años o se diseñen inmediatamente otras soluciones alternativas para dotar de infraestructuras dignas a los órganos judiciales madrileños, y que, además, se apruebe un exiguo presupuesto para mantenimiento y reparaciones en los edificios judiciales que no llega para acometer las actuaciones más imprescindibles.

También tenemos que reiterar la total ausencia de una política de personal que optimice los medios personales disponibles. La falta absoluta de desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma de la oficina judicial prevista desde el año 2003 en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha imposibilitado hasta ahora la aplicación de técnicas de gestión modernas para la gestión conjunta de trámites judiciales y está dificultando la tecnificación de los procedimientos, como ha sucedido recientemente en el despliegue de LexNet.

La dejación en la aplicación de sistemas de reestructuración y organización de personal previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial genera que haya juzgados o tribunales con exceso de personal, al lado de otros con insuficiencia de funcionarios. La falta de cobertura de plazas ha reducido de hecho, fuera de los cauces legales, la plantilla de determinados órganos judiciales, en perjuicio además de los más sobrecargados de trabajo. Y la selección y gestión de los funcionarios interinos ha rebajado el nivel de preparación específico de los que ocupan provisionalmente plazas de funcionarios titulares.

Resulta preocupante, por otro lado, el modo en el que se está llevando a cabo la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia. Los problemas de integración de LexNet con las aplicaciones de la Comunidad de Madrid, las caídas del sistema, la insuficiente distribución de tarjetas criptográficas, las insuficiencias de personal y deficiencias en su formación, las carencias de medios materiales actualizados, y numerosas incidencias técnicas surgidas, entre los hechos más significativos, han evidenciado un notable grado de imprevisión en la puesta en marcha del sistema de presentación y notificación telemática que resulta obligado tras la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Y la entrada en vigor de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 18/2011, de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia -que obliga a dotar, antes del 6 de julio de 2016, a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos- plantea nuevos retos para la configuración y consulta del expediente judicial digital.

Este panorama que ahora en síntesis se presenta, requiere la puesta en marcha de medidas eficaces para lograr una Administración de Justicia en Madrid eficaz, ágil, accesible, bien valorada por los ciudadanos y sostenible.

La solución al problema de las deficientes infraestructuras judiciales es urgente. Bien sea retomando el último proyecto de la Ciudad de la Justicia, bien agrupando los órganos judiciales por jurisdicciones, bien aplicando otras opciones para la adecuada ubicación de los órganos judiciales, deben iniciarse con la mayor urgencia las medidas adecuadas para que en esta legislatura se solucione definitivamente este problema o, al menos, se sienten unas bases firmes para la ubicación de los órganos judiciales, garantizando en todo caso unas instalaciones dignas y representativas.

La implantación de la oficina judicial, en aquellos aspectos compatibles con las características, complejidad y número de los órganos judiciales madrileños, no sólo mejorará el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, sino que abaratará costes al aprovechar de una forma racional los recursos.

Es también imprescindible la puesta en marcha de una política de personal que no sólo cubra las plazas vacantes, sino que reorganice y adecúe las necesidades de personal en función de la carga real de trabajo de cada órgano judicial, establezca criterios y sistemas de selección los funcionarios interinos que asegure su aptitud para el desempeño de funciones en cada orden jurisdiccional, y permita en definitiva optimizar la utilización de los medios personales puestos a disposición de la Administración de Justicia.

En el área tecnológica, ha de completarse el despliegue de IusMadrid, superar las dificultades técnicas para la presentación y notificación telemáticas a través de LexNet, y lograr un acceso al expediente judicial digital cómodo, intuitivo, bien organizado y fácil, tanto a los operadores jurídicos como a los letrados de la administración de justicia, jueces y magistrados encargados de dictar las resoluciones correspondientes, a quienes se les deberá facilitar los medios tecnológicos más avanzados y una amplia formación en el uso de las nuevas tecnologías.

Y, junto a estas medidas, deben aprovecharse las potencialidades derivadas del gran número de órganos judiciales en la Comunidad de Madrid. Resulta ya ineludible la creación de nuevos órganos judiciales, y entre ellos la Sección de apelación penal de la Sala Civil y Penal del TSJ. Pero también debe aprovecharse el incremento de juzgados para avanzar en una organización judicial más especializada y eficaz.

Como se ha informado recientemente por la Sala de Gobierno de este TSJ, el número de juzgados en cada orden jurisdiccional permitiría, singularmente en esta Comunidad Autónoma dotada de buenas vías de comunicación y de medios de transporte, comarcalizar los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, o establecer juzgados especializados con competencia en toda la provincia (Juzgados de lo Penal de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de Familia, Juzgados de Incapacidades y Tutelas, Juzgados Hipotecarios, Juzgados de Concursos de Personas Físicas, etc.). De ese modo lograríamos ponernos a la vanguardia en calidad y en eficacia de la Administración de Justicia, lo que merecen los ciudadanos de Madrid.

NECESIDAD DE NUEVOS ÓRGANOS Y PLAZAS JUDICIALES

Las necesidades de planta y creación de órganos judiciales para el año 2016, que se remitieron en su día al Consejo General del Poder Judicial, son las siguientes: dieciocho juzgados de Primera Instancia e Instrucción; veintisiete juzgados de Primera Instancia, quince de ellos en Madrid capital; tres juzgados de Instrucción; catorce juzgados de lo Penal, ocho de ellos en la capital; tres juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer; veintidós juzgados de lo Social, veinte de ellos en el partido judicial de Madrid y, por último, cinco juzgados de lo Mercantil, todos ellos en la capital de España. En cuanto a la creación de nuevas plazas de magistrados, sería necesaria la creación de cuatro plazas en la Sala Civil y Penal del TSJ, otras cuatro plazas en la Sala de lo Social, también del TSJ, y trece plazas en las salas de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid y quince plazas en las de lo Penal de la AP.